Dina Boluarte seguirá siendo investigada por el Caso ‘Cofre’: PJ rechaza recurso de la presidenta

El Poder Judicial (PJ) rechazó el pedido de la presidenta Dina Boluarte, para dar por concluida la etapa de investigación preliminar que se le sigue por el presunto encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón, con la ayuda del denominado “Cofre”.

A través de una resolución a la que accedió El Comercio, el juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, desestimó el recurso de “control de plazo” que interpuso la defensa legal de la mandataria, buscando concluir las pesquisas sin prestar declaración.

El plazo de la investigación preliminar todavía tiene vigencia hasta el 23 de mayo del 2025, según lo señalado por el magistrado en el documento judicial. Por lo que, con ello, la jefa de Estado deberá rendir su versión de los hechos ante la Fiscalía de la Nación.

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Boluarte Zegarra es investigada como presunta autora del delito contra la administración de justicia – en la modalidad de encubrimiento personal, en su condición de presidenta de la República.

Según la hipótesis del Ministerio Público, la mandataria habría usado el vehículo oficial conocido como “El Cofre” para contribuir a que Cerrón Rojas -quien lleva prófugo desde octubre del 2023- pueda eludir el operativo que realizó la Policía Nacional para su captura en enero del 2024, en una playa de Asia.

La Fiscalía de la Nación citó a Boluarte Zegarra en dos oportunidades. La primera vez, fue convocada para el 15 de enero, pero no acudió; y luego, el 29 de enero, concurrió pero se negó a declarar.

En ese momento, su abogado Juan Carlos Portugal aseguró que su patrocinada se acogió a su derecho de guardar silencio, debido a que en ambas oportunidades había sido citada fuera del plazo de la investigación, por lo que no daría su versión hasta que no se resuelta el recurso que habían presentado.

Durante la audiencia de control de plazo, como se recuerda, Juan Carlos Portugal -defensa de Dina Boluarte- señaló ante el juzgado que el plazo de la investigación había vencido el 23 de diciembre del 2024.

Esto, teniendo en cuenta que el 29 de setiembre del 2024 se estableció que el plazo para las pesquisas preliminares era de 90 días. Por ello, el 24 de diciembre solicitó a la Fiscalía de la Nación que concluya la investigación. No obstante, aseguró, fue notificado de la ampliación de la misma hasta por ocho meses, al haberse declarado “compleja”.

Portugal sostuvo que la ampliación se habría realizado fuera del período de la investigación y que la notificación le fue entregada seis días después del vencimiento de plazo.

La fiscalía, a través del fiscal adjunto supremo Marcial Paucar, señaló que el plazo de la investigación aún tenía vigencia al momento de la decisión de ampliar la misma y su respectiva notificación, ya que en el ínterin se presentaron días no laborables.

Por ello, indicó, la disposición mediante la cual se declaró “complejo” el caso se emitió el 20 de diciembre del 2024, pero la notificación se realizó el 26 de diciembre del 2024 a todas las partes implicadas.

Agregó que la defensa de la mandataria no cuestionó haber declarado complejo el caso, que permitirá realizar diversas diligencias aún pendientes como pericias y obtener información indispensable del pedido del levantamiento del secreto de las Comunicaciones que aún está pendiente.

El juez supremo Juan Carlos Checkley analizó los argumentos de las partes, y recordó que la Corte Suprema ya estableció que lo central, en cuanto a ampliaciones o prórrogas de plazo, es que se produzca antes que venza el tiempo inicialmente fijado.

En el presente caso, argumentó el magistrado, tal como obra en la carpeta fiscal y así lo han señaló en audiencia las partes, la disposición que declara “compleja” la investigación y amplía la misma, fue emitida el 20 de diciembre del 2024.

Además, remarcó que la defensa de Boluarte Zegarra no ha cuestionado la decisión de declarar la complejidad del caso; sino que se le notificara con una demora de seis días.

Esto último, señaló Checkley, incidiría más en un aspecto disciplinario en la fiscalía; “más no afecta la validez de la decisión de complejidad del caso (que no fue cuestionada por la defensa) y en consecuencia el mayor plazo determinado”.

Por ello, explicó que la etapa de la investigación preliminar, aún concluirá en mayo del 2025.

En consecuencia, declaró “infundada” la solicitud de control de plazo presentada por Boluarte Zegarra, a través de su defensa legal, en la investigación que se le sigue por el presunto delito de encubrimiento personal.

“En consecuencia, debe declararse infundado el recurso; y estando a lo expuesto, la investigación preliminar vencería el 23 de mayo del 2025.”

Juan Carlos Checkley, juez de investigación preparatoria

El juez supremo Juan Carlos Checkley, en un segundo pronunciamiento, también rechazó el pedido que realizó la defensa de Dina Boluart para que se disponga el interrogatorio de peritos contables -uno del Ministerio Público y otro de parte- que elaboraron el informe pericial contable financiero N° 12-2024 sobre sus cuentas bancarias. Esto en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.

No obstante, sí declaró fundado el otro extremo de su pedido para que sean interrogados dos testigos técnicos de la Contraloría General del Estado, quienes elaboraron el Informe de Fiscalización específica N° 017-2024-CG/FIS-FEDJ sobre el patrimonio de la presidenta.

De esta manera, según una resolución judicial obtenida por El Comercio, el juez Checkley Soria declaró “fundado en parte” la solicitud de pronunciamiento judicial requerido por Juan Carlos Portugal, abogado de la mandataria.

Según el argumento judicial, los analistas de la Contraloría pertenecen a una entidad independiente a la Fiscalía, por lo que correspondía que expliquen su informe de “Fiscalización específica de declaraciones juradas presentadas por Dina Ercilia Boluarte Zegarra y remitidas a la Contraloría, período de febrero 2022 a febrero 2024″.

Sin embargo, en el caso del peritaje contable, indicó que al haber sido elaborado por un experto de la fiscalía y otro de parte, constituiría material probatorio que debía ser explicado y debatido en un posible juicio oral, por lo que la etapa de investigación no era para su interrogatorio.

Como se recuerda, el caso se encontraba expedido para el pronunciamiento de la Fiscalía de la Nación, respecto de si planteaba o no una denuncia Constitucional en contra de la mandataria por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Para la fiscalía, el plazo de las pesquisas ya había vencido, por lo que no era posible realizar las diligencias solicitadas por la defensa de Boluarte. Por su parte, el abogado de la mandataria señaló que era necesaria la explicación de los que realizaron los informes, puesto que ello iba a ser analizado en el fuero político de presentarse una denuncia constitucional.

El Comercio se comunicó con Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, quien cuestionó la decisión que adoptó el juez supremo Juan Carlos Checkley en el Caso “El Cofre”, al señalar que el magistrado “nos ha oído, pero no nos ha escuchado”.

Explicó que en su recurso de “control de plazo” expresaron tres agravios, pero el magistrado solo dio respuesta a uno. Por lo tanto, consideró que ello es una motivación “incongruente por omisión”, razón por la que acudirán ante la instancia superior en apelación, ya que considera que su solicitud no ha sido resuelta por el juez de primera instancia.

Al ser consultado si, como indicó, resuelto el recurso, la presidenta accedería a declarar ante la Fiscalía de la Nación, señaló que dicho aspecto lo analizaría con Boluarte. No obstante, reiteró que debido a que el juez Checkley no ha dado respuesta a su pedido de “control de plazo” aún tienen la vía de la apelación.

“La decisión que tome respecto a la declaración o no de la presidenta la adoptaré directamente con ella, ante todo; después lo sabrán los medios de comunicación. En segundo lugar, es una decisión inconclusa, aún no resuelta de manera firme. Existe el derecho de acceso a un recurso a través de la apelación, existe el derecho a una instancia plural como consecuencia ante la Sala de Apelaciones. Nosotros vamos a impugnar esa decisión porque consideramos que el juez no ha respondido dos de los tres agravios que hemos planteado.”

Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte

Respecto a la resolución judicial que declaró fundado en parte su pedido, en el marco de la investigación seguida por presunto enriquecimiento ilícito, rescató que el juez Checkley haya optado por “cautelar el derecho a la igualdad de armas y derecho de defensa”.

Remarcó que, al tratarse de una investigación por presunto enriquecimiento patrimonial, la prueba radica no solo en una pericia contable; sino también en un informe de Contraloría que -según señaló- ha concluido la ausencia de un desbalance patrimonial.

Por ello, consideró, era necesario que se permita que la defensa interrogue a los técnicos que elaboraron dicho informe.

En esa línea, comentó Portugal, están a la espera de que el Ministerio Púbico programe la fecha para que puedan proceder con dicho interrogatorio.