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Doe Run: entre la legalidad y el nombre propio [INFORME]

Especialistas opinan que proyecto de ley del Ejecutivo que permitiría ampliación del plazo de liquidación es constitucional

Doe Run: entre la legalidad y el nombre propio [INFORME]

Doe Run: entre la legalidad y el nombre propio [INFORME]

Si bien diversos congresistas lo han catalogado de “tener nombre propio” y de ser inconstitucional, el proyecto de ley que amplía el plazo para la liquidación en marcha de empresas –y que puede favorecer a Doe Run– no vulneraría la Carta Magna.

Así lo afirmaron a este Diario abogados constitucionalistas consultados por este tema.

Para el abogado y ex presidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma, el proyecto de ley ha sido elaborado de tal manera que el alcance de la norma tiene “un carácter general”, por lo que no podría decirse que tiene “nombre propio”.

“Lo que manda en el derecho para analizar la constitucionalidad de una norma es la exposición de motivos. Si la redacción es de manera general, entonces es constitucional”, afirma.

El letrado Samuel Abad, por su parte, también opina que el proyecto no tiene vicios de inconstitucionalidad debido a que está dirigido a todas las empresas que se encuentren en una liquidación en marcha.

“Es fácil decir que es una norma con nombre propio por el contexto político en que se dicta. Pero para que una norma tenga nombre propio la ley debe estar individualizada y eso no se demuestra en la redacción del proyecto. Esto a pesar de que el primer supuesto en el cual encaje la norma sea el de Doe Run”, precisa.

—¿Qué dice el proyecto?—
La iniciativa pretende modificar un artículo de la Ley General del Sistema Concursal para ampliar de dos a cuatro años el plazo para la liquidación en marcha de las empresas sometidas a un procedimiento de liquidación y disolución ante el Indecopi. Precisamente, el supuesto de hecho en el que se encuentra Doe Run.

Una empresa que se liquide “en marcha” puede seguir operando. Por tanto, se estima que sus activos podrán venderse en bloque y a un mayor valor al que se obtendría si se enajenaran por separado. Asimismo, la continuidad de las operaciones permite mantener a los trabajadores en sus puestos.

El gobierno de Ollanta Humala ya había ampliado este plazo de uno a dos años en el 2015 gracias a una delegación de facultades. En ese entonces, sin embargo, también se modificaron otros artículos de la ley concursal.

La exposición de motivos de la propuesta legislativa señala que la experiencia ha demostrado que para las liquidaciones complejas, “establecer plazos cortos para decidir el destino de la empresa no es lo más adecuado”. Además, sostiene que la situación se agrava cuando existe “una desaceleración de la economía global que puede dificultar identificar compradores”.

–El motivo–
Según el Ejecutivo, la razón por la cual este proyecto fue el primero en ser enviado por el Gobierno al Parlamento es simple: si es que no se aprueba la ampliación antes del 27 de agosto, 1.600 trabajadores que laboran en el complejo metalúrgico de La Oroya operado por la empresa Doe Run perderán su empleo.

El legislador Víctor Andrés García Belaunde ha sido uno de los críticos de esta iniciativa. Ha señalado que la norma “tiene nombre y apellido propio: Doe Run” y que el Gobierno debería preocuparse de otros temas.

Desde la bancada fujimorista también han llegado cuestionamientos. El parlamentario Rolando Reátegui ha señalado que “no se pueden hacer leyes para empresas en particular”. En ese sentido, el apoyo de la bancada de Fuerza Popular a esta medida es aún incierto.

Si bien el Gobierno ha sustentado su propuesta en la necesidad de proteger a los trabajadores de Doe Run, el proyecto de ley no hace alusión directa a esa empresa ni al complejo metalúrgico de La Oroya.

Gonzalo Tamayo, ministro de Energía y Minas, ha declarado hace unos días que le parece injusto decir que es una norma con nombre propio: “Es una norma de carácter general a la que las empresas pueden acogerse”.

El constitucionalista  Enrique Bernales, quien también cree que el proyecto es constitucional, agrega que existen antecedentes en los que incluso se ha legislado correctamente para casos particulares por una finalidad pública. “Una cosa es una ley que surge por una presión indebida y otra por intereses objetivos del país y por acuerdos de las principales fuerzas políticas”, manifiesta.

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