
La Libertad y Tumbes son los únicos gobiernos regionales que Alianza para el Progreso (APP) ganó en las elecciones subnacionales del 2022. Mientras que César Acuña Peralta, líder y fundador de APP, tiene a su cargo la gestión de La Libertad, Segismundo Cruces Ordinola, afiliado al partido desde el 2021, está al mando de la otra región norteña.
En el caso de Cruces, la relación entre el Gobierno Regional (GORE) de Tumbes y su partido no se limita a él. Desde que se inició su gestión, en enero del 2023, por lo menos 115 afiliados de APP fueron contratados en la sede central de la entidad, como El Comercio identificó tras analizar cientos de órdenes de servicio y el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Las contrataciones de esos militantes del partido de Acuña suman casi S/5 millones en total.
De ellos, 40 seguían trabajando en diciembre del 2024, fecha hasta la cual se analizó la información incluida en este informe.

La variedad de los puestos es amplia: desde ingenieros, abogados y auxiliares administrativos hasta choferes, encuestadores, auxiliares de campo y personal de seguridad. Si bien el perfil de los contratados es distinto, varios no contaban con experiencia en entidades del Estado antes de su vinculación con el GORE. Otros no tienen estudios superiores, según la revisión realizada por este Diario.
En total, al menos 32 personas iniciaron su carrera en el sector público en la gestión de Cruces, a quien la fiscalía ha investigado por hechos ocurridos en su región.

Contratados
Una de las personas que obtuvieron las más de 1.400 órdenes emitidas por el Gobierno Regional de Tumbes es Evelin Nataly López Vinces: fue contratada en 23 ocasiones desde marzo del 2023 hasta diciembre del 2024. Antes nunca había trabajado en el sector público. Sin embargo, sí buscó un cargo de elección popular: en los comicios regionales y municipales del 2022 postuló a regidora distrital de San Juan de la Virgen, en la provincia de Tumbes, por APP, partido al que se afilió en setiembre del 2021.

Aunque la mayoría de sus órdenes registradas se orienta a tareas administrativas, en julio del 2023 también fue requerida para la compra de bienes de ayuda humanitaria. En total, López ha recibido S/49.080 del Gobierno Regional de Tumbes.
López indicó a El Comercio que llegó al GORE por “recomendación y experiencia”, aunque reconoció que antes no había trabajado en el sector público, sino de manera particular “en tiendas, como promotora y con niños”.
Otro caso es el de Norvil Neira Peña, quien comenzó su carrera en el sector público en la gestión de Cruces. Actualmente, ocupa un alto cargo de confianza: director ejecutivo de Circulación Terrestre, parte de la Dirección de Transportes del Gobierno Regional de Tumbes. Neira recién egresó en el 2021 de la carrera de Administración y se licenció en octubre del 2022, según la Sunedu.

Solo cuatro meses después de obtener su título, consiguió su primera orden en la sede central del GORE de Tumbes. Empezó como asistente administrativo y también fue requerido para servicios de orientación a usuarios y digitalización hasta mayo del 2024. En junio, pasó a la Dirección de Transportes como “responsable de la dirección ejecutiva de Telecomunicaciones”, donde estuvo hasta diciembre.
Neira pertenece a Alianza para el Progreso desde el 2018.

El funcionario evitó responder sobre el tema cuando El Comercio se comunicó con él. Dijo que la información sobre sus contrataciones se la pidamos a la entidad. “No te puedo responder ni atender a través de este medio, solicítalo por Transparencia [...]. Yo no te puedo dar la información en este momento, no estoy obligado”, aseveró.
Hay dos hermanos que también militan en APP y lograron órdenes de servicio en la gestión de Cruces: José Elías y Juan Lauriano Armanza Palacios. Ambos no figuran con estudios superiores en la Sunedu ni tenían experiencia previa en el sector público. José Armanza firmó un total de 17 contratos entre julio del 2023 y octubre del 2024, por un monto acumulado de S/43.166. Juan Armanza registra 20 órdenes de servicio desde marzo del 2023 hasta noviembre del 2024, por un total de S/45.794.

En diálogo con El Comercio, José Armanza dijo que no podía informar sobre cómo llegó al GORE. Solo confirmó que trabaja como “tercero”. Hasta el cierre de esta edición, no logramos comunicarnos con Juan Armanza.

La respuesta del gobernador
Consultado sobre las contrataciones de militantes de APP en el GORE de Tumbes, Cruces afirmó que no tenía conocimiento sobre ninguna orden de servicio. “No tengo ninguna persona de ese tipo”, dijo sobre los 115 afiliados.
Al comentarle sobre los casos que se mencionan en este informe, reconoció a Norvil Neira, de la Dirección Ejecutiva de Circulación Terrestre. “Cuando empezó [fue contratado como proveedor de servicios], pero ahora es una persona de confianza que está mereciendo un cargo más [...], está muy bien ahí”, respondió. Luego dijo: “¿Por una persona se va a caer todo un gobierno regional?”.
Respecto a los hermanos Armanza Palacios, el gobernador señaló que “debe haber hermanos, primos, pero eso no significa que no puedan postular o no puedan trabajar, porque son órdenes de servicio”.
Cruces nos solicitó la lista de las 115 personas. El Comercio se la entregó; sin embargo, luego no contestó las llamadas ni mensajes que le enviamos.
En la entrevista inicial que este Diario le hizo al gobernador, aseveró que no revisa las órdenes de servicio que se emiten desde el GORE. “No superviso porque no hay un momento en que yo lo tenga que hacer. Esas órdenes de servicio, cada jefe de cada área las pide y dicen que se postule [...]. Esas cosas las ve el comité, que pertenece a la administración. Ese comité utiliza esos contratos para, obviamente, dar a trabajar”, afirmó.
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Según las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el presupuesto inicial asignado al Gobierno Regional (GORE) de Tumbes para la contratación de servicios aumentó exponencialmente en el 2023 y el 2024; es decir, en los dos primeros dos años de Segismundo Cruces en el cargo.
En el primer año de su gestión, la asignación inicial de recursos para este rubro en todo el pliego del GORE pasó de aproximadamente S/69 millones a cerca de S/132 millones, lo que representó un aumento de más de S/62 millones. Solo en la sede central se incrementó en casi S/40 millones.
Durante ese año, se contrató a la mayor cantidad de afiliados de Alianza para el Progreso a través de 717 órdenes de servicio que suman S/2′191.875 en total.
En el 2024, el presupuesto de todo el pliego aumentó en más de S/26 millones. El de la sede central del GORE creció en casi S/13 millones. En ese segundo año de gestión, se emitieron 724 órdenes de servicio por S/2′670.503.
Entre el 2023 y el 2024, el presupuesto para contratar servicios creció en S/88 millones. Consultado por los aumentos, Cruces negó que se haya dado de esa manera. “Me parece algo absurdo. El presupuesto que me asignan es [de] S/100 millones nada más”.
“Las órdenes de servicio más o menos se magnifican, calculo yo, más o menos en el gasto que tenga cada oficina y esas órdenes de servicio no pueden superar el monto de inversión pública”, acotó.
Entre el 2019 y el 2024, el gasto en planilla de los gobiernos regionales aumentó en 59,9%, según un informe del Consejo Privado de Competitividad y El Comercio publicado a fines de enero.
¿Investigación fiscal?
Para el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, la respuesta de la autoridad de Tumbes evidencia una “negligencia de funciones”.
“El gobernador regional sí tiene el deber de vigilar la integridad del presupuesto que la nación le encarga a él”, manifestó.
Según explicó, el Ministerio Público debe investigar el caso porque podría configurar el delito de peculado doloso por la “apropiación o utilización indebida de caudales o efectos públicos para fines particulares”.
“Encuentro también una conducta que riñe con los principios de un Estado de derecho y un régimen democrático, y sería un caso, no solo de corrupción pública, sino de corrupción política por los actores. Esto nos lleva en última instancia a un enfoque criminológico”, acotó.



Consejo regional
El consejero regional de Tumbes Diego Alemán Ramírez adelantó que el caso será expuesto en la próxima sesión del consejo regional, órgano fiscalizador del departamento. “Voy a informar sobre este tema para que se tomen las acciones correspondientes y, de ser necesario, invitar al gobernador regional para que informe sobre la situación”.
Según conoció este Diario, en el Consejo Regional de Tumbes se han presentado varias denuncias contra Cruces por hechos ocurridos en su gestión. Estas denuncias ya se enviaron al Ministerio Público.