Carlos Anderson presenta proyecto para “prevenir la desinformación electoral” y sancionar “deepfake”

El congresista Carlos Anderson presentó un proyecto de ley para “prevenir la desinformación electoral a través de la inteligencia artificial” y sancionar los responsables de publicar “deepfakes”.

En la exposición de motivos del proyecto 13975/2025, se precisa, que con la propuesta, “el JNE o el JEE tendrán la facultad explícita de solicitar la eliminación inmediata del contenido engañoso y la aplicación de una multa a los responsables, asegurando que los medios de comunicación y plataformas digitales cumplan con su rol en la prevención de la desinformación electoral”.

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Con ese objetivo, se modifica el artículo 192 de la Ley Orgánica de Elecciones.

“Noventa días previos de las elecciones presidenciales, regionales o municipales, se prohíbe la creación y distribución de material engañoso de audio, imagen o video que manipule o altere la apariencia física o la voz de los candidatos políticos, a través de tecnologías de inteligencia artificial, simulando autenticidad y buscando influir en el electorado”, indica el propuesta de Anderson.

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Dispone que el candidato cuya voz o imagen aparece en cualquier tipo de material audiovisual distribuidos en violación de estas disposiciones puede presentar las acciones legales respectivas para impedir dicha acción ante el Jurado Nacional de Elecciones o al Jurado Electoral Especial.

Señala que el JNE o el JEE solicitará la eliminación inmediata del contenido desinformativo a los medios de comunicación o plataformas digitales donde se haya distribuido el material engañoso; y se aplicará una multa de 20 Unidades de Referencia Procesal a los responsables.

“Actualmente, el ordenamiento jurídico no contempla disposiciones expresas sobre el uso de deepfakes en campañas políticas, lo que genera un vacío legal que permite la desinformación sin consecuencias directas”, advierte en la exposición de motivos.

Sostiene que los cambios propuestos permitirán “armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales en materia de protección de la integridad electoral frente a las nuevas tecnologías, así como fortalecer la seguridad jurídica al brindar mecanismos de defensa a los candidatos afectados y establecer responsabilidades claras para las plataformas digitales y medios de comunicación, consolidando un marco legal que garantiza elecciones más justas y transparentes”.

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