Embajadores de Canadá, Francia, Colombia y Australia envían carta al Congreso por suspensión de cobro de peajes

Los jefes de la misiones diplomáticas de Canadá, Francia, Australia y Colombia remitieron una carta al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, en la que llaman la atención sobre el “grave impacto que supone la Ley 31018″, la cual suspende el pago de los peaje en la red vial nacional, departamental y local concesionada, durante el estado de emergencia por el COVID-19, norma que fuera publicada por insistencia por el Parlamento.

MIRA:Ministro de Justicia: “Siete mil internos pueden favorecerse” con decretos sobre penales

La carta suscrita por los embajadores Ralph Jansen (Canadá), Antoine Grassin (Francia), María Claudia Mosquera (Colombia) y Diana Nelson (Australia), reconoce la voluntad del Congreso de tomar medidas que busquen proteger a la ciudadanía ante la propagación del coronavirus, pero considera urgente que dicho poder del Estado se pronuncie sobre ciertos aspectos de la mencionada norma.

En la misiva, en la que se precisa que las inversiones de las concesionarias se originan en los países mencionados, se dice que como la norma señala que la suspensión de los peajes se mantendrá mientras dure el estado de emergencia nacional, y siendo esta duración incierta, "el impacto financiero en las concesiones viales afectadas es incalculable”.

Los embajadores, manifiestan en la carta que si bien la citada ley dice que la suspensión de los peajes no causará ni generará derecho compensatorio, lo cierto es que “esto ocasionará no solamente que los concesionarios afectados puedan verse en la eventual necesidad de declararse en quiebra, sino que, además, por falta de liquidez, se verán imposibilitados de brindar servicios esenciales como la operación y mantenimiento de las vías, y brindar servicios de auxilio vial al no contar con los recursos para ello. Todo esto en directo perjuicio a miles de trabajadores directos e indirectos y a la población usuaria de las vías”.

Además, los diplomáticos recuerdan que el Perú ha logrado generar y mantener la confianza de los inversionistas privados nacionales y extranjeros a lo largo de las últimas décadas no solamente por su disciplina fiscal y monetaria, sino también debido a su respeto irrestricto de las instituciones democráticas, en las que se enmarcan el respeto a los tratados internacionales y a los contratos suscritos por el Estado peruano.

MIRA: Coronavirus: primer condenado por caso “Los Cuellos Blancos” pide ser excarcelado

Los jefes de las misiones diplomáticas resaltan la enorme importancia de mantener la seguridad jurídica para las inversiones de manera que el Perú pueda continuar atrayendo capitales internacionales para el beneficio de su infraestructura y desarrollo.

Ante ello, agregan que "debemos expresar nuestra profunda preocupación ante medidas como las previstas en la Ley N° 31018, que vulneran seriamente la estabilidad y seguridad jurídica y contractual. También, comprometen peligrosamente las inversiones privadas tan importantes y necesarias en un contexto como el actual en el que el Perú requiere enfrentar decididamente los impactos económicos de la pandemia del COVID-19”.

Finalmente, los embajadores manifiestan en la carta dirigida al titular del Congreso que, al margen de una eventual decisión que vaya a tomar el Tribunal Constitucional sobre la referida ley, confían en que el Parlamento "queda abierto a nuestras posiciones. "Los jefes de las misiones diplomáticas que suscriben nos encontramos dispuestos a exponer más en detalle estas posiciones, según lo estime usted conveniente”, concluyen.

La decisión del Congreso

El dispositivo fue aprobado el pasado 3 de abril y remitido tres días después a Palacio de Gobierno. El mandatario observó la autógrafa el 29 de abril, último día de plazo que tenía para pronunciarse acerca del documento, advirtiendo las consecuencias que podría acarrear al Estado los posibles arbitrajes.

Sin embargo, el 7 de mayo el pleno del Congreso aprobó por insistencia la norma. Dos días después se publicó la ley, con las rúbricas de Manuel Merino de Lama y el primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez, en el boletín del diario oficial El Peruano.

El Ejecutivo ha anunciado que iniciará una demanda de inconstitucionalidad contra la mencionada norma.

TE PUEDE INTERESAR:

• Pier Figari: Poder Judicial analizará este lunes apelación a ampliación de prisión preventiva
• Congreso: Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene más de 100 casos pendientes
• Alberto Fujimori: ¿por qué el PJ rechazó nuevo recurso para sacarlo de Barbadillo?

VIDEO RECOMENDADO