Evo Morales no se presenta a citación fiscal: ¿Cuál es la situación de la investigación en su contra?

Las injerencias en nuestro país del expresidente de Bolivia Evo Morales no han cesado pese a la investigación fiscal que se sigue en su contra por un presunto atentado contra la seguridad nacional del Perú debido a las violentas protestas que se registraron hasta fines de marzo de este año.

Recientemente, Morales Ayma escribió a través de su red social de Twittter que no se presentaría ante la justicia peruana hasta que esta sea liberada de “la opresión externa” y acusó a la gestión de la presidenta Dina Boluarte de no ejercer “un gobierno democrático legal, legítimo y respetuoso de la vida”.

El pasado mes de enero, cuando las protestas en Puno llegaron a su punto más álgido dejando cerca de una veintena de personas fallecidas, Morales se pronunciaba por sus redes sociales acusando al Estado Peruano de realizar persecuciones y ‘terruqueo’.

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Solo dos meses antes el expresidente boliviano había estado en Puno tratando de afianzar a la Runasur cuyo objetivo es la “liberación” del continente con un enfoque separatista, tal como informó El Comercio en ese entonces.

Debido a ello, no solo el Congreso de la República lo declaró como “persona no grata”; también la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú del Ministerio del Interior (Migraciones) prohibió su ingreso a nuestro país y el Ministerio Público abrió una investigación en su contra.

Desde enero, que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno abrió las pesquisas en contra de Morales Ayma, el líder de Perú Libre Vladimir Cerrón y otros, el expresidente boliviano no ha dado muestras de colaborar con las investigaciones.

Ambos son investigados por el presunto delito contra la seguridad nacional y traición a la patria, en la modalidad de atentado contra la soberanía nacional, previsto y penado en el artículo 325 del Código Penal en agravio del Estado Peruano.

Medios bolivianos, incluso, publicaron titulares con las afirmaciones de Morales, quien asegura que se trata de un persecución judicial en su contra para “estigmatizarlo políticamente”. Similar discurso es el que promueve desde el penal de Barbadillo (Ate), el expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva por el golpe de Estado de diciembre del 2022 y por presuntos actos de corrupción en su gestión; y a quien el expresidente boliviano defiende.

“Las citaciones y amenazas de extradición promovidas por la derecha peruana y boliviana son parte de la persecución para que no denunciemos la masacre de nuestros hermanos indígenas de Perú. Nos preocuparía que un gobierno ilegítimo que causó tantas muertes hable bien de nosotros.”

Evo Morales, expresidente de Bolivia.

Lo cierto es que, hasta el momento, Morales no se ha presentado a rendir su declaración ante las autoridades fiscales de Puno, que no han pedido su declaración presencial como asegura en sus tuits; sino a través del sistema virtual.

Ampliación de la investigación

Es precisamente por la falta de colaboración de parte de los requeridos y la tramitación de solicitud de documentos, que la fiscalía ha tenido que ampliar el plazo de la investigación de dos meses, por otros 60 días adicionales según la disposición fiscal a la que accedió este Diario.

“En el presente caso se ha aperturado investigación preliminar a nivel del despacho fiscal, habiéndose fijado en ella la realización de una serie de diligencias cuya realización son de vital importancia para el desarrollo de la investigación, siendo necesario recabar la declaración de los testigos, así como la recepción de documentos, pruebas de descargo, etc., a efecto de tener conocimiento sobre la conducta del presunto responsable de los hechos objeto de investigación”, señala el fiscal Efraín Mellea Claros en el sustento de su ampliación de investigación.

Las investigaciones señalan que Morales y sus coinvestigados habrían realizado pronunciamientos en sus redes sociales contrarios al modelo de gobierno unitario, democrático y contra los principios constitucionales de soberanía nacional e integridad del territorio peruano.

“Que se han realizado diversos actos públicos, pronunciamiento en universidades locales, asamblea populares y por la red social Twitter, arengando a las masas a llevar adelante la separación de sus zonas y departamentos, entre ellos Puno, Arequipa, Madre de Dios, Apurímac, Ayacucho, Moquegua y Tacna , con la finalidad de formar una nueva República, tal como se puede constatar en las capturas de pantalla de mensajes publicados en la red social Twitter, en donde se visualiza los mensajes separatistas, arengas y acuerdos adoptados con tal fin”.

Así, el exgobernador regional de Puno, Germán Alejo Apaza, habría desarrollando acciones con el propósito de unir la región de Puno al Runasur, organización creada por Evo Morales Ayma, para beneficiar los intereses geopolíticos de Bolivia en la región.

Por ello, señala la tesis fiscal, el exgobernador puneño con el líder boliviano y otros, tuvieron múltiples encuentros políticos y actividades proselitistas, siendo la última de ellas en noviembre del 2022, cuando Evo Morales acompañado de Alejo Apaza concurrieron a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, donde condecoraron al exmandatario boliviano y donde el exgobernador puneño promocionó el plan para anexar la región de Puno a Runasur.

Germán Alejo Apaza, investigado por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones, había sido citado inicialmente ante el despacho fiscal para el 6 de febrero del 2023; sin embargo no concurrió.

La nueva fecha para que declare fue fijada para el pasado 13 de abril, de manera presencial, en el despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, pero tampoco se presentó.

Mientras que el expresidente boliviano había sido citado para que declare de manera virtual el 7 de marzo del 2023. La nueva fecha programada para tomar su declaración a través del Aplicativo Google Meet es el próximo 10 de mayo a las 10:00 de la mañana.

No acudió a declaración

ACTUALIZACIÓN: Fuentes indicaron que Evo Morales no se presentó a la citación fiscal del 10 de mayo para responder de manera virtual. Esto fue confirmado por su abogado Raúl Noblecilla. El abogado dijo que estaban evaluando su estrategia y que no se había presentado. Tampoco pidió reprogramación.

La semana pasada, Noblecilla había señalado a El Comercio que si bien ya se les notificó de la fecha de declaración no podía confirmar si declararía ante la autoridad fiscal.

“Hay una nueva fecha para la toma de la declaración para el 10 de mayo, fecha para la cual, la estrategia legal no ha decidido si participará o no. Nos fundamentamos en que estamos en una investigación preliminar, investigación de la que estamos siendo respetuosos, pero de ninguna manera vamos a convalidar un absurdo”.

Raúl Noblecilla, abogado de Evo Morales.

En esa línea, calificó la investigación de “absurda” y “abusiva” pues consideró que esta intenta “crear una ficción” fuera de la realidad, por lo que sería prestarse “al juego”.

“Nosotros vamos a seguir siendo respetuosos dentro de los márgenes de legalidad, verdad y de transparencia que esta investigación podría merecer por parte de la defensa. Pero nuestra posición no solo es de inocencia; sino de que no se nos mete en un sin sentido de esta político de ‘lawfare’ que se está usando este gobierno, del sistema judicial y de la fiscalía”, señaló.

De otro lado, el exgobernador de Puno, Germán Alejo Apaza, dijo a este Diario que hasta la fecha no ha sido notificado formalmente con la investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno por lo que no se ha apersonado ni tampoco acudió a las citaciones.

“No he sido notificado formalmente solo conozco la denuncia vía los medios de comunicación, no ha llegado ninguna notificación a mi domicilio sobe el caso que me relaciona al señor Evo Morales y a Vladimir Cerrón”, anotó.

Asimismo, señaló que la denuncia presentada en su contra por el congresista Montoya es “una persecución política” pues está interpretando de manera “intencionada” los hechos que han ocurrido en Puno, y “quieren hacer ver que las reuniones que sostuvimos fueron para atentar contra la Seguridad Nacional, lo cual es absolutamente falso”.

Alejo Apaza señaló que lo que buscan las denuncias es “callar las voces de los pueblos, las voces de los dirigentes”.

“En las reuniones que sostuvimos con el señor Evo Morales en ningún momento he hablado sobre temas territoriales; sino que he señalado que los pueblos quechuas, aymaras y urus tiene la aspiración de integrarse a la Runasur. La Runasur no es un estado, sino una organización que integra a los pueblos originarios y tenemos derecho de poder integrarnos a nivel internacional”, se excusó.

El expresidente regional de Puno, señaló que por las protestas de Puno también tiene una segunda investigación por atentado a la integridad nacional y crimen organizado que fue interpuesta por el congresista Juan Burgos Oliveros (Avanza País) del que sí fue notificado y donde ha declarado el pasado 23 de abril.

“Sobre este caso tengo dos denuncias, una del congresista Montoya. Tengo otra denuncia que ha formulado el congresista Juan Bartolomé Burgos y él me imputa delitos de atentado a la integridad nacional y crimen organizado. Y por ejemplo, en la denuncia del señor Burgos me ha llegado la notificación y el 23 de abril que era la citación, yo asistí y declaré. En el caso de la denuncia del señor Montoya no me ha llegado ninguna citación, desconozco formalmente, esperaré a que llegue una notificación formal de parte del Ministerio Público para asistir.”

Germán Alejo, exgobernador de Puno.

Caso Cerrón derivado a Lima

Sobre el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien también era investigado junto a Evo Morales, por el presunto delito de Seguridad Nacional y Traición a la Patria, en la modalidad de atentado contra la Soberanía Nacional, prevista y penado en el artículo 325 del Código Penal en agravio del Estado Peruano, la fiscalía dispuso desacumular dicho extremo de la carpeta fiscal que se sigue en Puno y que el caso sea derivado a las fiscalías penales de Lima.

Para adoptar esta decisión, el fiscal Mellea Claros explicó que en su disposición de enero del 2023, cuando abrió investigación señaló en la denuncia presentada por el congresista Jorge Montoya (renovación Popular) contra Vladimir Cerrón, se identificó que desde su cuenta de propiedad en Twitter (@VLADMIR_CERRON) propaló una publicación indicando: “Nos federalizamos en Asamblea Constituyente o se abre el camino de la Secesión en el país”.

Dicha afirmación, citó el fiscal, sería una clara y evidente acción “destinada a impulsar y orientar en sus seguidores una línea ideológica separatista destinada a seccionar el territorio nacional”. Dicha situación, agregó, transgrede la libertad de expresión y pone en grave peligro la integridad nacional.

La fiscalía, citando la denuncia, indicó que si bien, Cerrón trató de de deslindar del delito de atentar contra la integridad nacional en otro tuit, sus comentarios previos tenían presunto carácter delictivo sobre una rebelión en las provincias del sur de nuestro país.

Por ello, el fiscal Mellea Claros señaló que de la consulta que realizó en el Reniec, el domicilio de Cerrón Rojas se consignó en Huancayo, Región Junín. Adicionalmente, el investigado se apersonó a su despacho señalando que su domicilio se encontraba en la Urbanización Santa Beatriz, en Lima.

Por tanto, concluyó, “las publicaciones por intermedio de su página de Twitter @VLADMIR_CERRON, tampoco evidencian que se habría realizado en la ciudad de Puno”, lo que hace inferir que dichas publicaciones se han realizado desde su domicilio actual ubicado en la localidad de Lima.

Por tanto, correspondía desacumular y derivar los actuados seguidos contra dicha persona, a un fiscal del distrito provincial de Lima.

Este Diario se comunicó con la defensa legal de Cerrón Rojas, el abogado José Yunco Agapito, quien indicó que haría las consultas respectivas al Estudio de Abogados para determinar si darían su versión. Hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.