La Mesa de Trabajo del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio del Poder Judicial advirtió que la aprobación del Congreso de la República de un proyecto que modifica la Ley de Extinción de Dominio originaría que más de 5 mil casos en trámite tendrían que archivarse.
A través de un comunicado, expresó su “profunda preocupación” por las consecuencias que esta reforma podría generar en la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, la corrupción y el lavado de activos.
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“La aprobación de este proyecto pone en riesgo un aproximado de más de cinco mil casos en trámite que tendrían que ser archivados, con la consecuente devolución de los bienes ilícitos que solo cuenten con medida de incautación ordenada en un proceso de extinción de dominio”, señaló.
Dijo que si bien reconoce el derecho del Congreso a legislar, la decisión se ha tomado “de espaldas a la Nación” en un momento “especialmente crítico” en el que la ciudadanía exige con urgencia seguridad y que el Estado actúe con firmeza y coherencia frente a la criminalidad, corrupción y lavado de activos.
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Manifestó que el proyecto aprobado no comprende los delitos de sicariato, robo agravado, lavado de activos, corrupción, entre otros graves delitos que no requieren una sentencia condenatoria penal firme para el inicio de las acciones por extinción, limitando en estos casos que el Estado persiga los bienes generados por estas actividades ilícitas.
“Esta reforma, lejos de fortalecer el marco legal contra el crimen, debilita una herramienta jurídica esencial contra la ley de Extinción de Dominio, la cual ha demostrado ser eficaz para recuperar bienes ilícitos y privar a organizaciones delictivas de los recursos que alimentan sus estructuras criminales, la cual, si bien puede ser perfeccionada, los cambios a introducir debieron realizarse luego de un debate plural y democrático, convocando a los expertos, sectores involucrados del Sistema de Justicia y de la sociedad civil”, subrayó.
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También mencionó que la Convención de Mérida contra la Corrupción, y las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), insta y obliga al Perú a incorporar la figura de la extinción de dominio con autonomía de proceso penal, sin que se requiera una sentencia condenatoria penal firme.
Indicó que en la Cumbre de las Américas se acordó proclamar el “Compromiso de Lima”, que exige a los países una mayor cooperación jurídica e institucional para combatir la corrupción, aprobándose el Plan Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo y el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021, lo que conllevó a fortalecer el mecanismo de recuperación de activos.
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“Si bien respetamos las decisiones adoptadas por el Poder Legislativo, lamentamos profundamente que esta medida pueda afectar la capacidad del Estado para enfrentar de manera efectiva a aquellos que se benefician del delito”, acotó.
“Reconocemos que toda ley puede ser perfeccionada con el tiempo; sin embargo, consideramos que dicho proceso debe realizarse por las razones correctas. Desde el Subsistema, estamos plenamente dispuestos a colaborar en la búsqueda y materialización de las mejoras necesarias de la Ley”, sentenció.
El documento está firmado por Manuel Luján Túpez, coordinador nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio; Mirko Cano Gamero, coordinador nacional de las fiscalías especializadas en extinción de dominio; y Liliana Meza Quito, presidenta de la Mesa de Trabajo del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio.
El Congreso aprobó el último jueves en segunda votación el dictamen que modifica el régimen de extinción de dominio, herramienta clave para el decomiso de bienes vinculados a delitos como corrupción, narcotráfico y lavado de activos. La propuesta recibió 42 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones.
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La norma, contenida en el Proyecto de Ley 3577/2022-CR, introduce cambios en artículos del Decreto Legislativo 1373, incluyendo modificaciones al título preliminar y la incorporación de un nuevo artículo, el 40-A.
El dictamen había sido aprobado en primera votación en diciembre del 2024 y fue impulsado inicialmente por Fuerza Popular. Propone que la confiscación de bienes de origen ilícito solo se lleve a cabo una vez que exista una sentencia judicial firme y definitiva.
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“No se necesita la emisión de una sentencia firme y consentida o de un laudo, si están referidas a las siguientes actividades ilícitas penales: tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal, estafa y delitos informáticos contra el patrimonio”, dice el documento.
