Presidente de la SNI, Felipe James: “Los resultados en seguridad no acompañan y eso nos preocupa mucho”

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, consideró que “es prematuro” que desde el gobierno de Dina Boluarte digan que se ha “recuperado” la tranquilidad social en el Perú, cuando en la realidad existe un desborde de la criminalidad organizada. Agregó que el Reinfo “es una puerta abierta a la minería ilegal”.

— ¿Cuál es la evaluación que realiza la SNI sobre el manejo del gobierno de Dina Boluarte respecto a la inseguridad ciudadana?

El lunes pasado tuvimos la visita del ministro del Interior a la Sociedad Nacional de Industrias, una reunión con todo mi comité ejecutivo. Él vino a exponer todo lo que se ha realizado [en el 2024] y en los primeros días de este año. Se han realizado acciones tratado de parar esta ola delincuencial. Sin embargo, también vemos que los resultados en seguridad no acompañan y eso nos preocupa mucho.

Luego de escuchar al ministro hemos hecho varias sugerencias para mejorar la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Creemos que falta mucho por hacer todavía y no es solo un tema del Ministerio del Interior y la Policía, es un tema más integral que tiene que involucrar a otras instituciones del Estado, como el Ministerio Público y el Congreso. Este último debe dar leyes necesarias. Y también se debe acompañar eso con un cierre de brecha de infraestructura y equipamiento a la Policía.

— Tras conocer el punto de vista del Ministerio del Interior y también la realidad, ¿el gobierno tiene nota aprobatoria en lo referente a la seguridad?

Es obvio que en cualquier encuesta que sale el principal problema que tiene el país es la inseguridad. Entonces, eso hace ver que todavía no se están logrando los resultados. Falta mucho por hacer y se pueden hacer muchas cosas más. Y también somos conscientes que este problema no solo es del país, sino a nivel continental. Hay que dotar a la Policía de patrulleros, de armamento, que tengan la tecnología.

— ¿Cuáles son los tres ejes de las propuestas que la SNI ha dado?

A ver, en el tema de cerrar la brecha, lo primero que planteamos es realizar obras por impuestos para que la empresa privada pueda participar. Faltan construir cárceles, la empresa privada puede intervenir ahí muy fácil si es que se logra hacer un esquema de obras por impuesto para que la empresa aporte el capital y las cárceles, que nos faltan, se construyan rápidamente. Por otro lado, el Congreso de una vez por todas tiene que implementar la ley de terrorismo urbano, porque el sicariato, la extorsión, las bandas organizadas entrarían a esta denominación. ¿Qué significa esto? Que todas las personas involucradas en estos hechos serían procesadas por juzgados especiales.

También se deben implementar más módulos de flagrancia, que son importantes para que se pueda capturar y rápidamente juzgar a los delincuentes. Otro tema es que vemos que en el Perú hay mucha gente joven que ni trabaja ni estudia, son los llamados “ninis”. ¿Por qué? Porque la economía peruana no está creciendo al ritmo que debería crecer para generar puestos de trabajo. Entonces, estos jóvenes pueden ser captados por el narcotráfico, la minería ilegal, y las bandas organizadas. ¿Qué se debe hacer? Hemos planteado un servicio militar para los “ninis”, donde les enseñen carreras técnicas y puedan salir adelante.

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— Los gremios empresariales se han reunido, en diferentes oportunidades, con autoridades del gobierno y han entregado propuestas en seguridad. ¿Siente que están siendo escuchados?

Mire, usted tiene razón, nos hemos reunido varias, hemos sugerido algunas cosas, nos han hecho caso en algunas y en otras, no. Todas las sugerencias que hemos hecho sobre obras por impuestos y de implementación de tecnología a la labor de la Policía, tengo entendido que lo están implementando. Ahora los resultados habrá que esperar cuándo se van a ver. Hasta ahora no se están viendo los resultados.

— Entre el 1 y 27 de enero de este año, se han registrado 151 homicidios y en Trujillo, el crimen organizado dinamitó la sede del Ministerio Público. ¿Quién, a su juicio, debe asumir la responsabilidad política por esta grave situación?

Eso está muy relacionado con la minería ilegal, sobre todo en Trujillo, creemos que hay diversos territorios que deben ser declarados en emergencia, Trujillo, es una de ellas. Obviamente, acá la responsabilidad política es del Ministerio del Interior. Pero esto es un trabajo integral, de varias instituciones, no solo de una. Nosotros creemos que Trujillo es un caso muy especial y se nos está saliendo de las manos y debe ser declarado en emergencia.

— El dinamitazo ha sido cuando Trujillo estaba en estado de emergencia...

Sí, está bien, pero declarar estado de emergencia también significa que las Fuerzas Armadas tomen el control de Trujillo. Para nosotros, esa es la idea.

— ¿El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha cumplido su ciclo? ¿Debe dar un paso al costado?

No voy a referirme a eso, porque no me corresponde. Lo que yo creo es que hay muchas cosas por hacer, falta tomar decisiones, pero también un trabajo integral. Es necesario que el sector privado intervenga en esto, el sector privado ha pedido ser incluido en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana desde hace mucho tiempo, y no se está haciendo, a pesar de que tenemos mucho que aportar. ¿Cambiar al ministro es la solución? No estoy seguro. Por ahí no va el tema.

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— ¿Se le ha acabado el crédito a Santiváñez?

Como te dije, no me voy a pronunciar al respecto.

— A pesar del desborde de la criminalidad, la presidenta Dina Boluarte ha felicitado el trabajo que realiza Santiváñez. Lo ha calificado de “excelente ministro” y ha referido que gracias a él prácticamente se ha desarticulado al Tren de Aragua en el Perú. ¿Usted comparte esta postura?

Este es un problema que viene desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, hay más de 300 bandas organizadas en el Perú. También tenemos bandas que tienen varias generaciones y que el número de policías actuales es igual al que había hace 20 años. El problema es más serio. Declararme a favor o en contra del ministro, la verdad que no me parece que sea el tema principal acá. Lo principal es solucionar este problema [de inseguridad]. Hay que convocar a las personas más representativas en el tema y buscar una solución integral. La inseguridad está creciendo, cada día se vuelve peor y puede ser incontrolable. Esto pasa por juntar al Ministerio del Interior, al Ministerio Público, al Congreso y a la empresa privada y dar un norte claro sobre hacia dónde queremos ir.

— En Davos, la presidenta Boluarte refirió que el Perú ha recuperado su tranquilidad social, cuando los crímenes y las extorsiones han aumentado considerablemente. ¿Cómo interpreta sus palabras?

No las comparto, el Perú todavía está pasando por una efervescencia social que tiene varios componentes, entre ellos la delincuencia y la política también está movida. Si bien es verdad que el problema que hubo a comienzos de este gobierno con las movilizaciones sociales ha pasado, todavía es un poco prematuro decir que hemos recuperado toda la tranquilidad social.

— El Ejecutivo casi no ha observado las leyes del Congreso, pero sí lo hizo con la autógrafa que buscaba restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia. ¿El gobierno y el Parlamento están jugando a favor del crimen organizado?

Lo que nosotros vemos acá en la Sociedad Nacional de Industrias es que todas estas idas y vueltas entre el Congreso y el Ejecutivo con respecto a este proyecto de ley crea desconcierto. De alguna forma se tiene que convocar a las personas más representativas y capaces en el tema de tal forma de configurar una ley que nos permita estar seguros de que se va a llegar a los objetivos deseados. Hasta ahora tanto el Congreso como el Ejecutivo no satisfacen totalmente las necesidades de la población en cuenta a todo lo que significa la detención de personas y la lucha contra la criminalidad.

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— El “gota a gota” y las casas de empeño generan S/8.000 millones en dinero mal habido, según advirtió la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. ¿Qué medidas se pueden adoptar para contrarrestar esto?

Es importante implementar la ley de terrorismo urbano, esta norma va a permitir que todo lo que significa sicariato, extorsión y organización criminal puedan ser juzgados por tribunales especiales y que los integrantes de estas bandas sean detenidos en cárceles especiales. Es un poco, salvando las distancias, lo que ha hecho el presidente Trump en Estados Unidos al declarar terroristas a todos los cárteles, a todas las bandas organizadas como el Tren de Aragua, entre otras. Esto también se ha hecho en El Salvador [con Bukele].

Tenemos que darle la legislación necesaria a la Policía para que una vez que capturen a esta gente no lo suelten, como es lo que está pasando últimamente. Por otro lado, hay que dotar de más elementos y de tecnología a la Policía para que pueda identificar claramente a los cabecillas de las bandas. Aquí está faltando inteligencia, y me refiero al servicio de inteligencia.

— El Congreso aprobó una nueva ampliación del Reinfo en noviembre último. ¿Es viable el plazo de seis meses que han dado? ¿Qué medidas debe tomar el Ejecutivo para evitar una nueva prórroga?

El Reinfo debe terminar, no podemos continuar con el Reinfo. Se ha dado un plazo de seis meses, estos se cumplen en mayo o en junio. Estamos a tiempo para presentar de una vez por todas una ley que reemplace al Reinfo. El Reinfo ha sido mal utilizado y es una puerta abierta a la minería ilegal. Es hora de terminar con ese sistema.

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— En la CADE, usted refirió que en 277 distritos del Perú no existe un solo trabajador formal de la empresa privada registrado. ¿Qué propone la SNI para reducir la informalidad en el país?

El tema de la informalidad es bien complejo y tiene varios aspectos, pero lo principal acá es que hay tres niveles de informalidad: tributario, laboral y el que tiene que ver con permisos y licencias, que hace que cada vez le sea más difícil a las empresas formalizarse, sobre todo las MYPES. Todo eso está relacionado con el crecimiento de la economía. Necesitamos una simplificación en varios aspectos: en trámites, licencias y permisos, es una maraña de trámites que hace difícil ser formal a los pequeños y micro empresarios. También hay que hacer más asequible, barato, ser formal, en el tema tributario hay cuatro regímenes, debe resumirse en uno solo para de alguna forma simplificar la forma de hacerse formal. Y, de otro lado, el tema más complejo es el laboral. La legislación laboral en el Perú es demasiado rígida para contratar y despedir personas. Yo sé que es un tema un poco complicado de discutir, pero es hora de hacerlo.

— Usted también ha planteado que se cierren las fronteras, porque el Perú no puede “seguir manteniendo” la inmigración venezolana. ¿Ha llegado a hablar de este tema con el gobierno?

No lo hemos conversado, vamos a tener una reunión la próxima semana, donde vamos a tocar el tema. Nadie quiere prohibir el libre tránsito de personas entre los países fronterizos, pero lamentablemente en este caso ya tenemos más de 2 millones de venezolanos en el Perú. A nuestros hermanos venezolanos yo les digo con mucha pena “discúlpenme, discúlpennos, pero creo que ya es el momento de frenar esto”. El Perú no da para más. Hasta nuevo aviso, la frontera debe cerrarse para venezolanos y se debe expulsar a todos aquellos que delincan. No podemos seguir permitiendo que sigan entrando y entrando sin ningún control, cuando en el Perú ni siquiera podemos producir los puestos de trabajo para todos los jóvenes peruanos que entran a la masa laboral. Hay personas muy capaces y buenas de Venezuela, pero también ha entrado mucho delincuente, es momento de frenar eso.

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— En los últimos años, el Congreso debilitó la ley de crimen organizado, la colaboración eficaz, recortó los plazos de prescripción y ha eliminado la detención preliminar. ¿Cuál es su balance sobre el Parlamento?

En el Congreso hay muy buenos congresistas, pero también hay muchos que no son buenos y que representan muchos intereses. Obviamente, hasta la minería ilegal también está representada en el Congreso y todo eso se ve cuando se van a aprobando leyes. Todos estos grupos de poder influyen para sacar leyes que los favorezcan. Lamentablemente, el Congreso ha vulnerado toda la lucha contra la criminalidad. El Congreso, no quiero hablar en términos generales, es una representación de lo que sucede en el país. Todas las economías ilegales también están representantes dentro del Congreso y presionan para que saquen leyes que los benefician a ellos.

— ¿Cómo califica al gobierno de Dina Boluarte?

El gobierno de la señora Boluarte nace luego del golpe de Estado del señor Castillo. Castillo era un gobernante de izquierda, prácticamente comunista. Cuando entró Boluarte todo el mundo pensó que, al ser la vicepresidenta de Castillo, iba a mantener esa tendencia de izquierda comunista, pero eso cambió. No sé en qué momento cambió ni cómo, pero la realidad es que la señora se ha diferenciado de Castillo en su tendencia ideológica. Eso, para nosotros, significó un alivio. Y, por lo tanto, el país podía seguir por la senda marcada por una economía abierta al mundo, una economía exportadora. [...] Esperamos que este gobierno llegue a su final, al 2026 y que el pueblo pueda elegir un nuevo gobierno.