Unidad de Investigación
La primera dama Lilia Paredes Navarro enfrentará una investigación preliminar por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negativa a colaborar con la administración de justicia. El Cuarto Despacho de la Quinta Fiscalía Penal de Lima Centro dispuso que la pesquisa se desarrollará por un plazo de 60 días.
Esta decisión se da luego de que la esposa del presidente Pedro Castillo se negara a declarar ante la fiscal de lavado de activos Luz Taquire el pasado 13 de mayo.
Paredes Navarro fue citada para brindar su testimonio en condición de testigo, como parte de las diligencias fiscales con el fin de corroborar las declaraciones de la colaboradora eficaz Karelim López, quien denunció la existencia de una presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
MIRA: Audios refuerzan declaración de López y complicarían situación de Pedro Castillo
Durante aquella diligencia, la primera dama asistió junto a su abogado José Díaz Campos, quien precisó que su defendida se abstendría de responder las preguntas de la fiscal Taquire.
Ante la postura de Paredes, la magistrada a cargo de la sesión remarcó que las interrogantes por plantear no solo estarían vinculadas a sus familiares, sino también a otros aspectos y personas con las que no tiene necesariamente parentesco.
“Ante esta negativa, se dejó indicado que se evaluará su conducta procesal en su oportunidad”, informó la fiscal Taquire, según consta en la disposición de la fiscalía, a la que tuvo acceso El Comercio.
A pesar de las referidas precisiones, la defensa legal de la primera dama insistió en que “se abstenía de declarar en su totalidad”.
Tras ese episodio, la fiscal de lavado de activos remitió constancia de lo sucedido mediante un informe entregado a la Quinta Fiscalía Penal de Lima Centro, instancia que finalmente ha resuelto que se inicie la investigación preliminar contra la esposa del jefe del Estado.
En la disposición fiscal también se consigna que el plazo de la investigación en etapa inicial no podría superar los 120 días. De momento, para este caso se han establecido 60 días.
El delito por el cual la primera dama será investigada es negativa a colaborar con la administración de justicia. De acuerdo con el artículo 371 del Código Procesal Penal, esto sucede cuando “el testigo, perito, traductor o intérprete que, siendo legalmente requerido, se abstiene de comparecer o prestar la declaración, informe o servicio respectivo”.
Si bien la primera dama y el presidente Pedro Castillo están involucrados en el caso del presunto plagio de su tesis elaborada para obtener el grado de magíster por la Universidad César Vallejo (UCV), no tienen condición de investigados en ningún proceso. Ambos son testigos en el caso que la fiscal de lavado de activos Luz Taquire tiene a su cargo.
MIRA: Pedro Castillo: La historia de la proveedora del MTC que se reúne con el presidente
—Implicancias—
El abogado penalista Carlos Caro señaló que la defensa legal de Lilia Paredes ha utilizado un argumento errado para que su defendida se abstenga de declarar ante la fiscalía.
“Su abogado alega que ella tenía derecho a guardar silencio, cosa que es un error porque ella es una testigo, no es investigada. Entonces, ahí tenemos un argumento constitucional al que van a recurrir y, desde mi punto de vista, no es tan sólido. [...] No le alcanza ninguna excusa porque no es imputada”, señaló el experto.
Del mismo modo, Caro remarcó que, en este momento, el presidente Castillo tampoco tiene condición de investigado. Por lo tanto, de acuerdo con su punto de vista, el acogerse al silencio es un argumento débil.
Carlos Caro explicó que otro elemento que podría ser utilizado por la primera dama es una eventual investigación por parte de la Fiscalía de la Nación contra el jefe del Estado.
“Podría decir: ‘Yo sabía que a mi esposo lo podrían imputar y, por lo tanto, yo no quería declarar’. Entonces, si el presidente pasara a la condición de investigado, eso podría contar como un argumento de la señora Lilia Paredes para tratar de justificar su negativa a declarar”, especificó.
Pese a esto, el abogado penalista opinó que la primera dama ha incurrido en delito de negativa a colaborar con la administración de justicia.
“Para mí, el delito está formalmente consumado. Es un delito muy formal, no es un delito que exija más condiciones: una testigo que se niega a declarar, esa es la imputación”, dijo a El Comercio. Caro añadió que la pena por este delito es de hasta dos años de prisión.
Finalmente, el penalista estimó que la estrategia legal de la primera dama de no ofrecer su testimonio ante las autoridades respondería al temor de equivocarse, caer en contradicciones o cometer algún error en sus declaraciones, lo cual podría demostrar que”algo tiene que ocultar”.