El Ministerio Público presentó acusación formal contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por el presunto delito de colusión en el Caso IIRSA Norte.
La fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, del equipo especial Lava Jato, solicitó ocho años y medio de prisión para Kuczynski y para el coacusado José Ortiz.
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La acusación incluye a otros imputados como Sergio Bravo y Alberto Pasco-Font, para quienes la fiscalía solicitó nueve años de prisión.
El requerimiento acusatorio detalla que Kuczynski habría aprovechado su condición de ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Directivo de ProInversión, entre el 2004 y el 2005, para llevar a cabo reuniones con Jorge Barata, con el objetivo de favorecer los intereses de la constructora Odebrecht, que luego se integraría como la Concesionaria IIRSA Norte S.A.
Dicho favorecimiento se materializó supuestamente mediante la adjudicación de la buena pro y el contrato de concesión, en desmedro de los intereses del Estado peruano.
Los hechos específicos imputados datan del 30 de junio del 2005, cuando el exmandatario participó directamente en una sesión del Consejo Directivo de ProInversión, que ratificó el contrato de concesión suscrito con la empresa brasileña.
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Recientemente, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó un recurso legal presentado por la defensa del expresidente, con el que buscaba declarar prescrito el delito de colusión en este caso.
La resolución del máximo tribunal concluyó que los plazos de prescripción aún no se han cumplido y ratificó la continuidad del proceso penal en su contra.
El abogado Julio Midolo sostuvo que no existe ninguna prueba directa que demuestre en qué habría consistido el supuesto acto de concertación entre PPK y Odebrecht.
“De manera global, lo único que se ha conocido en todos estos años de investigaciones —no solo en este caso, sino también en otros como el de la IIRSA Sur— es una declaración del señor Jorge Barata que establece un supuesto acuerdo con el expresidente Alejandro Toledo, pero en ningún extremo menciona a mi cliente Pedro Pablo Kuczynski ni a ningún otro miembro del Consejo Directivo de ProInversión. En ese sentido, nosotros consideramos, con cargo a revisar exactamente qué es lo que dice el requerimiento acusatorio, que esto es una acusación claramente débil”, dijo en diálogo con El Comercio.
Según Midolo, la acusación del Equipo Especial del Caso Lava Jato “es una respuesta” al anuncio del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, sobre la desactivación de los equipos especiales.
“Considero que esto responde a un acto de figuración por parte del equipo especial, que quiere demostrar ante la opinión pública que está trabajando y presentando una serie de acusaciones para tener una forma de presionar, de decir que sí estarían realizando un trabajo adecuado, y con esto tratar de frenar el anuncio que ha hecho el fiscal de la Nación interino”, aseveró.
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