Terminal Bahía Miraflores: el impacto del muelle para cruceros en la Costa Verde y las voces que lo cuestionan
El expresidente Martín Vizcarra enfrenta una nueva denuncia constitucional en su contra, presentada el martes 22 por el Ministerio Público, en medio de cuestionamientos judiciales y reveses políticos por decisiones que adoptó cuando estuvo en el poder.
Esta vez, la fiscalía le atribuye el presunto delito de colusión por supuestamente concertar la compra de 1.4 millones de pruebas rápidas para la detección del Covid-19 a favor de dos empresas privadas en marzo de 2020.
La denuncia también comprende a los exministros María Antonieta Alva (Economía y Finanzas) y Víctor Zamora (Salud), por su presunta participación en los hechos durante la emergencia sanitaria en Perú por la pandemia del coronavirus. A ellos también se les imputa el presunto delito de colusión.
Compra bajo sospecha
El caso se remonta al 18 de marzo de 2020. Ese día, durante una sesión del Consejo de Ministros, se autorizó al organismo público Perú Compras a adquirir de manera directa pruebas para el diagnóstico del Covid-19. Horas más tarde, en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se realizó una reunión con altos funcionarios y representantes de empresas privadas proveedoras de dispositivos médicos, quienes ofrecieron suministrar pruebas rápidas.
Las indagaciones del Ministerio Público apuntan a que esas reuniones y decisiones habrían estado previamente concertadas para beneficiar a las empresas NIPRO Medical Corporation y Multimedical Supplies S.A.C., ganadoras de la buena pro.
En su exposición de motivos, la Fiscalía sostiene que existió una “concertación previa” que se concretó con la emisión del Decreto de Urgencia N.º 028-2020, firmado por Vizcarra, Alva y la entonces ministra de Salud, María Elizabeth Hinostroza.
Aunque Hinostroza fue inicialmente incluida en la indagación fiscal, la Fiscalía decidió no continuar el proceso contra ella por considerar que no existen méritos suficientes para formular una denuncia constitucional en su contra.
Momentos claves
El 19 de marzo de 2020, un día después de la mencionada reunión en el MEF, el gobierno de Vizcarra emitió un decreto de urgencia que autorizó a Perú Compras a adquirir pruebas para el diagnóstico de Covid-19 sin precisar el tipo de prueba a utilizar. Sin embargo, según la investigación fiscal, el Instituto Nacional de Salud (INS) no había emitido un requerimiento formal antes de la publicación de esa norma, lo que demostraría que la decisión de adquirir pruebas rápidas habría sido tomada de antemano.
Según la fiscalía, el INS presentó su requerimiento recién el 20 de marzo de 2020; es decir, al día siguiente de la aprobación del decreto.
Vizcarra anunció en conferencia de prensa la adquisición de pruebas rápidas incluso antes de que dicho requerimiento se formalizara. Para la Fiscalía, este hecho resulta indicativo de una planificación previa que comprometería penalmente a los investigados.
En la reunión del 18 de marzo realizada en el MEF participaron funcionarios del gobierno y representantes de las empresas proveedoras. Según declaraciones recogidas por la Fiscalía, NIPRO y Multimedical manifestaron su disposición de entregar 700,000 pruebas rápidas cada una, exactamente la cantidad adjudicada semanas más tarde.
Además, las resoluciones que permitieron a ambas empresas operar en el país como proveedoras de dispositivos médicos fueron emitidas por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) entre el 17 y 18 de marzo, un día antes de la aprobación del decreto. Esto, según el Ministerio Público, evidencia una coordinación previa para allanar el camino a una contratación direccionada.
El contrato final fue suscrito el 5 de mayo de 2020, en el marco de la Compra Directa N.º 001-2020 de Perú Compras. Las entregas se realizaron en dos partes, ambas en mayo, con destino al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES).
La Fiscalía ha recogido testimonios de funcionarios públicos, documentación de la DIGEMID, resoluciones administrativas y contratos firmados entre el Estado y las empresas proveedoras. La investigación partió de una denuncia formulada por la exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero.
La denuncia representa un nuevo remezón para Vizcarra, quien fue vacado por el Congreso en noviembre de 2020 tras revelaciones de presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua. Desde entonces, ha enfrentado varias investigaciones fiscales, incluyendo su vacunación irregular contra el Covid-19 y presuntos cobros de sobornos.
Incluso, este 29 de abril continuará el juicio oral en su contra por presuntos sobornos que habría recibido de empresas constructoras durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, en relación con los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Por este caso, el Ministerio Público ha solicitado una pena de 15 años de prisión. El proceso judicial se inició en octubre de 2024.
Investigación reabierta
El caso fue inicialmente archivado el 31 de mayo de 2024, luego de que la Fiscalía determinara que no existían fundamentos suficientes para presentar una denuncia constitucional. Sin embargo, tras una solicitud de reexamen planteada por la Procuraduría General del Estado, se dispuso reabrir la investigación, incorporando nuevas diligencias propuestas por dicha entidad.
La Procuraduría destacó el último martes que los hechos denunciados no solo habrían generado un perjuicio económico al Estado, sino que también comprometieron gravemente la capacidad para responder de manera efectiva a la crisis sanitaria generada por la pandemia.
Niega actos ilícitos
El abogado y exministro Alejandro Salas, vocero de Vizcarra, aseguró que este “descarta” haberse coludido con empresas privadas.
“Inclusive la OMS [Organización Mundial de la Salud] recomendó comprar [pruebas rápidas] a los países que podían, con las previsiones del caso y los riesgos que esto tenía. No estaba prohibido. [...] Lo que se compró fue lo que había en el mercado”, dijo en diálogo con El Comercio.
En opinión de Salas, “la denuncia es absolutamente sorpresiva, en la medida que el caso ya fue investigado y había sido archivado en su momento”.
El vocero del expresidente señaló que este tipo de denuncias contra Vizcarra son “absolutamente apetecibles para el Congreso”.
“Podría tratarse de una manera del Ministerio Público de congraciarse con el Congreso. Sin embargo, lo que corresponde es asumir el tema y salir al frente”, dijo.
