Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, aseguró que las medidas planteadas por su partido político son “urgentes y realistas” al buscar que militares asuman labores de seguridad en zonas declaradas en estado de emergencia, la administración temporal de los penales en el país y denunciar al Pacto de San José de Costa Rica.
“Desde Fuerza Popular proponemos algunas medidas urgentes y realistas para derrotar a la criminalidad. Solo con estrategia, inteligencia y mano dura podremos recuperar la paz en nuestro país”, señaló este jueves.
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El partido Fuerza Popular planteó que las Fuerzas Armadas asuman la administración “temporal y exclusiva” de los penales en el Perú y se hagan cargo de la seguridad ciudadana en los distritos y provincias declarados en emergencia.
A través de un comunicado, exigió al Gobierno tomar acciones concretas e inmediatas respecto a la ola de inseguridad ciudadana que atraviesa el país.
Indican que la administración de los penales por las Fuerzas Armadas deberá extenderse por un mínimo de 120 días, debido a que un alto porcentaje de los crímenes se planifican desde las cárceles.
Asimismo, señaló que en los próximos 120 días el Gobierno debe presentar una propuesta consensuada de reforma del sistema de administración de justicia para evitar que “malos elementos” dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público sigan “perjudicando la correcta administración de justicia” en el Perú y terminen liberando a criminales.
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Del mismo modo, planteó ejecutar un programa de capacitación dirigido a las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo de la seguridad ciudadana en los distritos y provincias que sean declarados en emergencia.
De igual manera, refirió que la responsabilidad legal de policías y militares, en el ejercicio de sus funciones, sea resuelta en el fuero militar y policial.
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Fuerza Popular también propuso declarar en estado de emergencia el sistema penitenciario nacional y autorizar la construcción inmediata de más cárceles en todo el país.
Finalmente, dicho partido planteó denunciar parcialmente el Pacto de San José de Costa Rica en lo que se refiere a beneficios legales en favor de terroristas y criminales peligrosos.
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También enfatizó que el Congreso deberá precisar los alcances de la Ley 32108, ley de crimen organizado, sobre allanamientos judiciales y organizaciones criminales.
