El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dijo que es responsabilidad del Congreso el modificar o derogar la ley que restringe la figura de crimen organizado, a pesar que el Ejecutivo no la observó y permitió que el Parlamento la promulgue de forma directa en agosto.
“Ya no está en manos del Poder Ejecutivo. El Congreso, yo he escuchado al propio presidente del Congreso haciendo reflexiones muy serias sobre esto e invocando a los 13 grupos parlamentarios que reflexionen sobre la necesidad de derogar esta norma”, dijo en RPP al explicar la posición del Gobierno.
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“Confío que este llamado de la presidencia del Congreso va a calar en las bancadas y van a poder dialogar sobre el tema y, eventualmente, evaluar y aprobar la derogatoria de esta norma o, por lo menos, modificarla profundamente a efectos que no genere el malestar que ahora está generando”, agregó.
Cabe recordar que el Ejecutivo no observó la norma luego que el pleno del Congreso aprobara la ley Nº 32108, referida a la figura de organización criminal, lo que permitió que el Poder Legislativo la promulgue directamente en el boletín de normas legales de El Peruano en agosto.
Entre los cambios que implementó esta norma, se encuentra la exclusión de ciertos delitos de penas menores para que puedan ser considerados bajo la figura de crimen organizado, además de establecer restricciones en los allanamientos para que estos necesariamente se realicen con la presencia de los abogados de los investigados.
Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, anunció el 1 de octubre que la Junta de Portavoces rechazó evaluar proyectos para derogar la ley sobre crimen organizado directamente en el pleno, por lo que el tema estará a nivel de comisiones.
“Se ha exhortado a través de la Junta de Portavoces que lo dictaminen en el más breve plazo posible para que podamos verlo antes de fines del mes de octubre”, dijo ante la prensa.
Ley para que la policía investigue
Gustavo Adrianzén defendió la promulgación de la ley que le otorga facultades de investigación a la Policía Nacional, asegurando que esto no afecta la labor del Ministerio Público porque, realmente y desde antes, los agentes de la policía son los que efectivamente hacen las investigaciones por encargo de los fiscales.
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“Yo no veo que haya merma alguna. Cuando se trata de lucha contra el crimen organizado, la criminalidad urbana, etc., creo que todos debemos sumar y las investigaciones -yo además de ser abogado soy abogado litigante- quienes realizan las investigaciones son la policía, solo que la fiscalía dice ‘hágalo usted’ y cuando termina va donde la fiscalía que lleva adelante la audiencia sobre la base de lo investigado por la policía. La fiscalía no tiene capacidad investigadora porque no tienen recursos, porque tiene poco personal, un etecé de razones. Quin investigaba antes de la promulgación de esta ley era la policía por encargo del Ministerio Público”, manifestó el primer ministro.
Adrianzén reiteró que no hay una contradicción en la nueva ley promulgada, a pesar que ha sido cuestionada por ser inconstitucional al retirarle facultades que la Constitución le otorga al Ministerio Público.
En esa línea, recordó que cualquier persona que lo considere puede llevar adelante una acción de inconstitucionalidad.
“Creo yo que los resultados van a salir al canto. Veremos cuánto más se aceleran los casos de investigación”, concluyó Adrianzén.
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