Imputaciones de represión y presunta corrupción: las dos caras de las nuevas denuncias contra Dina Boluarte

Las denuncias se presentan en un momento clave: el Tribunal Constitucional se encuentra evaluando una demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo contra la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, relacionada con las investigaciones abiertas contra la presidenta.

Ambas denuncias serán evaluadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Este grupo es presidido por la congresista María Acuña, cuyo partido, Alianza para el Progreso, brinda soporte político a la mandataria.

En abril pasado, la subcomisión archivó una denuncia contra Boluarte por el Caso Rolex. En esta, la fiscalía imputó a la presidenta el presunto delito de cohecho pasivo impropio por recibir relojes Rolex y joyas del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, supuestamente a cambio de entregar mayor presupuesto a su región.

Hasta la fecha, la Fiscalía de la Nación ha presentado, en total, cinco denuncias constitucionales contra la jefa del Estado.

Por lesiones graves

Ya suman tres denuncias presentadas por la fiscalía contra Boluarte por las víctimas de la represión policial ocurrida durante las protestas de diciembre de 2022, enero y febrero de 2023.

La nueva denuncia hace referencia a 75 víctimas del “uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública” por parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas en Lima, Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno. Según la fiscalía, estos hechos fueron “de pleno conocimiento” de la mandataria.

La primera denuncia por esos hechos fue presentada en noviembre de 2023, durante la gestión de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En ese momento, se le imputaron los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves en perjuicio de cinco víctimas.

Sin embargo, esa denuncia fue archivada por la subcomisión, que alegó un presunto “sesgo” de Benavides, al haber impulsado el caso después de que se ejecutara en su contra la Operación Valkiria V.

La segunda denuncia se presentó en julio de 2024, bajo la gestión del fiscal interino Juan Carlos Villena. En ese caso, la acusación incluyó los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves. La Fiscalía detalló entonces que 41 personas fallecieron por impactos de proyectiles de armas de fuego y tres por golpes con objetos contundentes. Además, se registraron 78 heridos por armas de fuego, 27 por golpes, seis por bombas lacrimógenas y cinco por otros objetos.

Cómo se desencadenaron los hechos

Las protestas antigubernamentales que sacudieron al país entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 se dieron luego del golpe de Estado que propinó Pedro Castillo. Tras su detención y destitución, la presidencia de la República la asumió Boluarte por sucesión constitucional.

Por esos hechos hubo descontento ciudadano a nivel nacional, con manifestantes que exigían la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y un adelanto de elecciones generales. Las movilizaciones se extendieron rápidamente y derivaron en enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Como consecuencia, decenas de ciudadanos resultaron heridos o perdieron la vida. La Fiscalía de la Nación ha determinado que eso ocurrió por el uso desproporcionado de la fuerza.

Por los mismos hechos, la fiscalía denunció constitucionalmente a Pedro Angulo, Alberto Otárola (ex jefes de Gabinete Ministerial), César Cervantes, Jorge Chávez Cresta, Víctor Rojas y Vicente Romero (ex ministros de Estado).

De acuerdo con la Fiscalía de la Nación, ellos “tenían pleno conocimiento” de los hechos, pero “habrían omitido voluntariamente su deber de actuar en salvaguarda de los derechos humanos”.

Para la fiscalía, Boluarte y sus ministros debieron diseñar protocolos de actuación específicos para las fuerzas del orden que actúan en situaciones de protesta social y manifestaciones públicas. No obstante, faltaron a su “deber garantista” y “omitieron observar instrumentos internacionales”.

Dentro de los elementos de convicción que sustentan la denuncia constitucional se encuentran declaraciones de las víctimas, testimonios de sus familiares y ciudadanos que las corroboran. Además, testimonios de policías que otorgan contexto a los hechos, pronunciamientos médicos legales e informes médicos que acreditan las lesiones sufridas por las víctimas, documentos oficiales sobre los planes de operaciones policiales y militares y la asignación y utilización de armamento letal y no letal por parte de policías y militares.

Cuestiona al Ministerio Público

El abogado Joseph Campos, defensor legal de la presidenta, criticó la labor de la Fiscalía de la Nación. “Es la tercera denuncia constitucional presentada por diversos fiscales de la Nación, pero con el temperamento de un Ministerio Público que no entiende cómo se investiga un presidente de la República. Es más, la regla histórica ha sido que no se investiga al presidente”, dijo en diálogo con El Comercio.

Campos señaló que las protestas fueron “movilizaciones violentas políticas, con objetivos políticos que no se alcanzan de la manera como se pretendió aquella vez”.

Para el abogado, la fiscalía “hace que una investigación materialmente sea un proceso”.

“Esto dura casi 30 meses, si consideramos que la investigación comenzó en enero del 2023. Eso no es lo que quiere la Constitución. Esa forma de investigar lo único que provoca es detrimento del capital político que todo presidente tiene y que se va desvaneciendo con el tiempo, como es natural”, aseveró.

En opinión de Campos, la primera denuncia fue “una revancha” de Patricia Benavides, al considerar que el Ejecutivo estuvo detrás de la operación Valkiria V.

Ahora, con la tercera denuncia, “la lectura que nosotros tenemos es que se trata de presionar al Tribunal Constitucional, ampliando y generando una sensación cuantitativa de denuncias”. Esto porque el TC se encuentra evaluando la demanda competencial presentada por el Ejecutivo.

“El argumento para denunciar esta última vez es infame. Establece que se definió y se usó medios que eventualmente no tenían que haberse usado. ¿Cuáles? Las armas. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen el uso legal de las armas. No puedes enviar a los miembros de seguridad al martirio, [las armas] tienen que ser utilizadas de acuerdo a la situación que enfrentan [...]”, dijo.

Para Campos, la investigación contra la presidenta “es inconstitucional” y el TC debe “corregir” la interpretación que realiza la Fiscalía de la Nación del artículo 117 de la Constitución.

Este Diario buscó los comentarios del vocero del Ministerio Público, Víctor Cuba, pero hasta la publicación de este informe no respondió a nuestros reiterados intentos de comunicación.

Presunta colusión

La segunda denuncia constitucional señala que Boluarte se habría aprovechado de su cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social para concertar con Víctor Hugo Torres Merino, amigo de infancia de su hermano Nicanor Boluarte, para que sea contratado como proveedor de Qali Warma (hoy llamado Wasi Mikuna) y del Programa Nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social.

La fiscalía le atribuye el presunto delito de colusión agravada. Boluarte fue ministra desde julio de 2021 hasta noviembre de 2022, durante el mandato de Pedro Castillo.

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