"En Perú, en noviembre de 2020, la Defensoría del Pueblo afirmó que la policía intentó reprimir manifestaciones pacíficas en defensa de la democracia como producto del rechazo a la asunción como presidente de Manuel Merino, mediante el uso de la fuerza de manera ilegal, excesiva y arbitraria. Esto dejó más de 100 personas heridas y 2 personas muertas. Además, un gran número de personas fueron detenidas arbitrariamente y otras se encontraron desaparecidas por un tiempo prolongado", se indica en el informe de IDEA Internacional. (Foto: EFE)
"En Perú, en noviembre de 2020, la Defensoría del Pueblo afirmó que la policía intentó reprimir manifestaciones pacíficas en defensa de la democracia como producto del rechazo a la asunción como presidente de Manuel Merino, mediante el uso de la fuerza de manera ilegal, excesiva y arbitraria. Esto dejó más de 100 personas heridas y 2 personas muertas. Además, un gran número de personas fueron detenidas arbitrariamente y otras se encontraron desaparecidas por un tiempo prolongado", se indica en el informe de IDEA Internacional. (Foto: EFE)
Alexander Villarroel Zurita

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La pandemia del nuevo coronavirus () tan solo terminó de poner en jaque a los sistemas democráticos de Latinoamérica y el Caribe, que ya arrastraban cada uno, a su ritmo, sus propios problemas estructurales: la corrupción, la inseguridad, la violencia, la desigualdad y la crisis económica, entre otros. Ahora enfrentan una encrucijada difícil.

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“La pandemia ha puesto una fuerte presión sobre las democracias en un momento en el que la satisfacción de la gente frente a la democracia ya venía en declive. Llega en un momento no de auge, sino de depresión de la democracia. Y entonces el COVID-19 le añade presión y dificulta el reto que tienen por delante los países”, reflexiona , jefe en Perú del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (), en comunicación con El Comercio.

La organización ha publicado el “”, un análisis sobre el impacto de la pandemia sobre la democracia a lo largo de la región y con el que pone sobre la mesa algunos puntos clave al cumplirse 10 meses desde la aparición del SARS-Cov-2 en esta parte del planeta.

Aquí podrán revisar el estudio completo realizado por IDEA:

“En muchos países se ha acentuado tendencias autoritarias de desequilibrio entre poderes, se han recortado libertades más allá de lo necesario. Si bien es cierto la gran mayoría ha optado por ‘estados de excepción’ para poder controlar la emergencia sanitaria, y eran razonables, en muchos estos poderes excepcionales han llevado a situaciones de abuso”, remarca Medina.

El informe reporta que en todos los países de la región —salvo tres: Cuba, Nicaragua y Trinidad y Tobago— se llegó a declarar un estado de emergencia para contener el COVID-19, convirtiéndola en la región a nivel global “con mayor proporción de países que han utilizado este tipo de instrumento legal”.

Y todos lo extendieron “al menos una vez”, se agrega, poniendo la duración promedio en 212 días, “muy por encima del promedio mundial de 154 días”.

Ahora bien, el informe apunta también que el 65% de los países de América Latina y el Caribe implementaron medidas para hacer frente a la pandemia “que podrían considerarse preocupantes para la democracia y los derechos humanos”.

No es sorprendente que los regímenes no democráticos de la región (Cuba, Nicaragua y Venezuela) presenten un número de medidas preocupantes para la democracia y los derechos humanos con el fin de combatir la pandemia de la COVID-19 tres veces mayor que las democracias. Sin embargo, para finales de octubre del 2020, más de la mitad de las democracias de la región (12 de 19) también había implementado medidas que presentaban aspectos preocupantes”, se advierte en el documento.

Medina subraya que “sería lo normal” que muchas de estas medidas implementadas vayan desapareciendo progresivamente conforme el nuevo coronavirus pierda fuerza en los territorios. Pero acota que en contextos autoritarios o semi autoritarios muchas de ellas se podrían quedar y aprovechar por parte de estos regímenes.

“Hay un aprovechamiento de las circunstancias para ganar poder frente a otras entidades del Estado como los parlamentos, por ejemplo. O para aprovechar la emergencia y actuar más libremente. Y eso también en muchos lugares ha dado pie a casos de corrupción, porque se han relajado los controles. […] Denuncias de corrupción hay en muchísimos países”, sostiene Medina.

La organización identifica en su informe una serie de “desafíos a la democracia” respecto a gobierno representativo, derechos fundamentales, control del gobierno, administración imparcial y participación.

Se hace hincapié, por ejemplo, en que la pandemia alteró el panorama electoral de la región, con casi de la mitad de los comicios aplazados. Ciertamente, un tema elemental para mantener el Estado de derecho. En un inicio, se precisa, se habían programado 25 procesos electorales para el 2020, de los cuales 12 se desarrollaron “según lo planeado”. Otros, en cambio, fueron postergados y finalmente ya se realizaron, mientras que otro grupo está aún pendiente de realizarse.

En el tema de derechos fundamentales, se hace mención al uso excesivo de la fuerza policial, tanto para hacer cumplir con las medidas impuestas a raíz del COVID-19 (como el confinamiento), pero también la violencia contra manifestantes.

En este apartado se mencionan, por ejemplo, las protestas que desencadenó la vacancia de Martín Vizcarra en Perú y la asunción al poder de Manuel Merino de Lama a mediados de noviembre pasado, que dejó finalmente dos jóvenes muertos: Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Por otra parte, también se hace referencia a las restricciones y ataques a la libertad de expresión respecto a informaciones relacionadas al manejo de la pandemia, hechos denunciados en Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y México.

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