IPYS: "Proyecto de Velásquez va contra libertad de expresión"

El asesor legal del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Roberto Pereira, manifestó que el proyecto de ley presentado por el legislador Javier Velásquez Quesquén que plantea sancionar con cárcel la difusión de audios y conversaciones grabadas sin consentimiento, es un "serio riesgo" para la libertad de expresión.

El constitucionalista agregó que de aprobarse la norma, no se podrían haber conocido casos de corrupción como los ‘petroaudios’, las negociaciones del ex ministro aprista Aurelio Pastor con la ex alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, para favorecerla en un caso ante el Jurado Nacional de Elecciones; y las conversaciones del investigado por narcotráfico Gerald Oropeza.

Asimismo, el asesor legal del IPYS refirió que los periodistas que han hecho públicos esos hechos serían sometidos a un proceso penal que podría llevarlos a la cárcel, si la norma estuviera vigente.

El proyecto de ley del congresista aprista Javier Velásquez Quesquén propone sancionar hasta con seis años de cárcel a quienes difundan audios o conversaciones sin autorización de su interlocutor, salvo resolución judicial.

Roberto Pereira argumentó que no es realista pensar que uno de los interlocutores de las conversaciones autorizará la difusión del mismo cuando se revela aspectos que los comprometen, como plantea el proyecto, y tampoco es viable pedir una autorización judicial para su difusión por el tiempo que demora este tipo de procedimientos.

En otro momento, recordó que el Tribunal Constitucional ya estableció que no se puede sancionar a los medios de comunicación por la difusión de contenidos cuando está de por medio la relevancia pública.

"Esta decisión de los periodistas está sujeto a control posterior, porque si alguien considera que afecta su honor puede ir al Poder Judicial. Este proyecto podría generar un serio riesgo a la libertad de expresión", aseveró.

Además, el representante del IPYS sostuvo que señalar en el proyecto de ley que se pueden revelar audios de relevancia pública no es una garantía porque hasta ahora, por ejemplo, en el Caso ‘petroaudios’ se sigue discutiendo si su contenido tiene relevancia pública o no.

"El concepto de relevancia pública es un fundamental, el TC ya lo ha señalado y la Corte Interamericana ha dicho en un caso de Brasil que si se filtran comunicaciones, el medio que lo difunde no incurre en ninguna acción porque está en el ámbito de la libertad de expresión", dijo.

POLÍTICOS PROTEGEN SUS INTERESES
Por otro lado, el asesor del IPYS afirmó que los políticos plantean este tipo de iniciativas que anteriormente fueron archivadas, porque la difusión de audios cuestiona la actividad política y buscan restringir esa posibilidad.

"Además, desde el punto de vista práctico son de eficacia dudosa porque ahora se puede colgar el contenido de esos audios en la red. No impedirá que las acciones en las cuales han participado o la forma cómo se conducen  se revele", finalizó.

(Fuente: Andina)

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