Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Irma Castillo Terrones, hermana del golpista Pedro Castillo, interpuso un recurso de “agravio constitucional” con la finalidad de llevar su demanda de hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC) buscando la libertad del exmandatario.
El pedido fue presentado el 26 de diciembre del 2023 ante la Tercera Sala Constitucional de Lima, luego de que esta notificó su decisión de ratificar la validez de las resoluciones del Congreso, que declaró la vacancia del expresidentes; y del Poder Judicial, que ordenó la prisión preventiva del mismo al estar siendo procesado por el presunto delito de rebelión.
Ahora, vía el recurso de agravio constitucional, y luego de haberse rechazado su hábeas corpus, la hermana de Castillo Terrones busca un pronunciamiento en última instancia constitucional.
MIRA: Nuevo revés para Patricia Benavides: PJ rechaza otro recurso y advierte duplicidad de demandas
Sala confirmó validez de vacancia y prisión preventiva
En la resolución judicial, que no se había conocido hasta ahora, el tribunal superior confirmó la resolución que en agosto del 2023 había declarado “improcedente” la demanda de hábeas corpus a favor de Castillo Terrones.
Entre sus peticiones, la hermana del exjefe de Estado solicitó la nulidad de la resolución del Congreso N°-001-2022-2023-CR, emitida tras haberse aprobado la “Declaración de vacancia presidencial”, por supuestamente no haber seguido el procedimiento establecido en el art. 89-A y C, del Reglamento del Congreso da la República.
Al respecto, la sala advirtió que la recurrente pretendía que a través del proceso constitucional de hábeas corpus se realice “el control de un procedimiento parlamentario que responde al ejercicio de la competencia funcional del Congreso de la República” relacionado a la vacancia presidencial, el antejuicio político y demás actuaciones.
Dichos procesos, acotó, se encuentran sujetos a procedimientos específicos regulados por el Reglamento del Congreso de la República y la Constitución Política del Estado , y exceden el ámbito de protección de un hábeas corpus que tutela derechos fundamentales de distinta naturaleza.
Además, señaló el tribunal, tampoco se advierte que mediante dichas decisiones parlamentarias se haya ordenado la privación de la libertad del beneficiario.
La hermana de Castillo Terrones también solicitaba la nulidad de la resolución judicial que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva de fecha 15 de diciembre del 2022.
Además, pedía que se disponga la inmediata puesta en libertad del vacado exmandatario, quien actualmente se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el penal de Barbadillo (Ate); y que afronte su proceso en libertad, con la medida de comparecencia con restricciones. Además, que se disponga su restitución del cargo de presidente de la República.
Sobre este extremo, la sala constitucional precisó que en el proceso penal que se le sigue al ciudadano Castillo Terrones, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria explicó de manera razonada y coherente, el cumplimiento de los presupuestos que determinaron la prisión preventiva dictada.
La sala superior también se refirió al recurso de apelación a la prisión preventiva bajo una alegada falta de motivación en la resolución; precisando que esto ya fue desestimado por una sala suprema que declaró infundada dicha apelación.
Con base en lo antes expuesto, concluyeron que correspondía desestimar los cuestionamientos, puesto que ya existe un pronunciamiento sobre la validez de la prisión preventiva en contra del beneficiario Castillo Terrones. En ese sentido, dicha sala superior no podría declarar la nulidad de las resoluciones.
“Esta Sala Superior considera que no podría emitir un pronunciamiento sobre dejar sin efecto el requerimiento de prisión preventiva, en razón que ya fue materia de discusión por el Tribunal Supremo.”
Sala Superior Constitucional
En conclusión, se indicó, no se evidenció la vulneración en las resoluciones judiciales cuestionadas que afecten el derecho a la libertad individual, que es el derecho fundamental de toda persona.
“Por las razones antes expuestas, la Tercera Sala Constitucional de Lima resuelve: Confirmar la sentencia contenida en la resolución seis del 21 de agosto del 2023, que declaró improcedente la demanda; en los seguidos por Irma Castillo Terrones contra el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República sobre hábeas corpus”, indicaron.
Sus casos ante el TC
No es la primera vez que Pedro Castillo recurre al TC. Directamente o a través de terceros, ha recurrido al Tribunal Constitucional hasta en 23 oportunidades desde que fue implicado en presuntos actos de corrupción. Del total de casos a la fecha, 5 ya fueron resueltos y 18 se mantienen pendientes de resolver.
Las demandas apuntan a cuestionar su vacancia, su proceso por presunta rebelión; así como su inclusión en los procesos judiciales por presunta organización criminal sin presuntamente respetar la Constitución respecto a su inmunidad presidencial.
El vacado exmandatario viene siendo procesado por presuntamente encabezar una organización criminal orientada a la comisión de actos de corrupción durante su gestión en diferentes estamentos del Estado.
Además, es procesado por el presunto delito de rebelión al haber encabezado un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022.
En un mensaje a la nación, Castillo Terrones quebró el orden constitucional disolviendo el Congreso de la República, y reorganizando los órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional.
Meses antes de ser electo presidente, en junio del 2021, había anunciado que desactivaría el TC.
“El Congreso hoy aprueba normas por lo que dice la calle, pero este Gobierno va al Tribunal Constitucional y este falla en contra del pueblo. Vamos a desactivar en el acto el TC y el tribunal siguiente tiene que ser elegido por mandato popular, así como todos los jueces y fiscales”, dijo entonces.
Actualmente, cumple 36 meses de prisión preventiva por el primer caso de presunta corrupción y crimen organizado; y otros 18 meses, por el Golpe de Estado.