JNJ: ¿A quiénes citará el Congreso en la investigación contra la Junta Nacional de Justicia?

El plan de trabajo se admitió con 16 votos a favor, uno en contra y cuatro en abstención, a pesar de que durante el debate se cuestionó que no consignara las fechas para las diligencias ni precisara en qué condición serán citados los involucrados.

La presidenta de la comisión, la legisladora Janet Rivas, de Perú Libre, planteó que el documento se apruebe “con cargo a redacción” para subsanar sus deficiencias, tal como finalmente ocurrió.

Durante la sesión, la congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, cuestionó que el plan no especifique cuál es la supuesta falta grave que se le atribuye a los integrantes de la JNJ.

Luego, Gladys Echaíz, de Renovación Popular, advirtió que el documento no precisa si los citados irán en calidad de testigos, investigados, agraviados u alguna otra. Por ello, votó “a favor, [pero] con reserva”.

De acuerdo con el documento, los primeros en ser citados por la Comisión de Justicia serán la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) y los siete integrantes de dicha institución: Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.

Chirinos, de Avanza País, fue quien propuso al pleno del Congreso que se investigue a los integrantes de la JNJ por pronunciarse, en mayo pasado, contra el juicio político y antejuicio al que fue sometida la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, así como por una presunta intromisión de tres de ellos ante la Corte Suprema de Justicia para que se manifieste contra la inhabilitación de Ávalos.

Chirinos busca la destitución de los siete, a quienes acusa de utilizar a la JNJ como una herramienta política.

El plan de trabajo también considera invitar al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, quien supuestamente recibió presiones de integrantes de la JNJ para que se pronuncie a favor de Ávalos.

Por el mismo motivo se citará a los jueces supremos César San Martín, Janet Tello y Elvia Barrios.

Además, se convocará a Zoraida Ávalos, al periodista Gustavo Gorriti, quien es mencionado en la moción de Chirinos; y a especialistas en derecho constitucional.

La legisladora Susel Paredes, de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, pidió que también se llame a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La titular del Ministerio Público sería consultada por la supuesta filtración de un proceso disciplinario en su contra a cargo de la JNJ.

Sobre la investigación del Congreso contra los siete integrantes de la JNJ, Benavides dijo el martes pasado desde Satipo, Junín: “Soy respetuosa del estado de derecho. [...] Reitero que no me involucren en las decisiones parlamentarias. Como fiscal de la Nación represento al Ministerio Público exigiendo el respeto de nuestra autonomía y respetando a otros poderes del Estado”.

El pleno del Congreso otorgó 14 días a la Comisión de Justicia para que prepare un informe sobre el caso, pero esta podría solicitar una ampliación.

La presidenta de la comisión dijo que se trata de un tiempo muy corto y es posible que sesionen hasta tres veces por semana. No obstante, coincidió con otros miembros del grupo de trabajo en que posiblemente se pida más tiempo para presentar las conclusiones de la investigación.

“Podemos garantizar que el trabajo que realizaremos tiene que ser objetivo y transparente”, añadió.

Las legisladoras Patricia Juárez, de Fuerza Popular, y María del Carmen Alva, no agrupada, también se refirieron a la posibilidad de pedir una ampliación del plazo.

Mira aquí toda la sesión y cómo fue la votación y los argumentos:

Por otro lado, la cancillería informó el martes pasado que convocó al coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, Igor Garafulic, para transmitirle la extrañeza del gobierno por el pronunciamiento de su institución sobre la decisión del Congreso de investigar a la JNJ.

El pasado 7 de septiembre, el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú manifestó su preocupación por la resolución del Parlamento. Añadió, mediante un comunicado, que la JNJ tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país.

La decisión de la cancillería se conoció un día después de que la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento acordó exhortar al gobierno a retirar a Garafulic de inmediato.

El presidente de esa comisión, el legislador Alejandro Aguinaga, de la bancada de Fuerza Popular, consideró que el funcionario de las Naciones Unidas debe irse del país y ser declarado persona non grata.

El embajador en retiro Carlos Pareja consideró que “es correcta lo actuado por la cancillería, pues corresponde que el gobierno exprese su malestar por las expresiones públicas del representante de las Naciones Unidas”.

No obstante, el analista en asuntos internacionales Francisco Belaunde señaló que la determinación de la cancillería “no tiene mucho sentido”.

“Llamarlo por una preocupación respecto del Estado de Derecho me parece que no tiene mucho sentido, menos aún si el propio alto comisionado para los Derechos Humanos [Volker Türk] también ha expresado su preocupación. ¿Le estamos diciendo a Naciones Unidas que no se preocupe por la situación del Estado de Derecho en el Perú?”, dijo en diálogo con El Comercio.

El lunes pasado, Volker Türk se refirió al Parlamento peruano ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH). “Le pido al Congreso que se ajuste a los principios de las Naciones Unidas sobre independencia de la Judicatura y respeto al equilibrio de poderes”, dijo durante su discurso de inauguración de la 54º sesión del CDH.

Para Belaunde, la decisión de la cancillería “tiene que ver con la presión del Congreso de la República”.

“Es una respuesta al Congreso, que incluso quería ir más lejos. De alguna manera, es una solución a medio camino”, añadió.