¿Cuántos procesos disciplinarios y otros casos están pendientes en la Junta Nacional de Justicia?

Según información obtenida desde la JNJ, dichos procesos disciplinarios que venían siguiendo su trámite regular han tenido que paralizarse por el momento debido a que el pleno de la JNJ no está completo ante la salida de dos de sus integrantes: Tello y Vásquez.

Si bien existe el quórum con cinco de los siete integrantes de la JNJ, según su Ley Orgánica, en los procedimientos disciplinarios se requiere además que un miembro instructor elabore el informe y lo eleve al pleno. En dicho caso, el delegado no vota, por ello se requiere contar con un mínimo de seis para decidir sobre procesos disciplinarios.

MIRA: Audios y videos filtrados: Más de 10 casos que remecieron a altas autoridades en Perú

Además, los casos que tenían a cargo Inés Tello de Ñecco y Aldo Vásquez Ríos deberán ser reasignados a los otros integrantes de la JNJ y éstos, a su vez, deberán volver a revisar los expedientes para luego proseguir con las siguientes etapas.

Del total de los procesos disciplinarios, diez son contra jueces y fiscales supremos y 36 procedimientos en reconsideración.

Uno de los casos en manos de la JNJ es precisamente el que se sigue contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, cuyo proceso disciplinario inmediato inició el 27 de noviembre del 2023, y estaba previsto que culmine a fines del mes de agosto del 2024.

La decisión se tomó debido a los graves señalamientos que realizó su exasesor Jaime Villanueva, al comprometerla con presuntos actos irregulares y encabezar una presunta organización criminal.

Sin embargo, en este proceso disciplinario a Benavides Vargas se le aplicó la medida cautelar de suspensión en sus funciones como fiscal suprema titular por espacio de seis meses, y por ende el cese en el cargo de Fiscal de la Nación.

Dicha medida se tomó el 6 de diciembre de 2023, que vencerá el próximo 6 de junio. Sin embargo, la defensa de la suspendida fiscal suprema interpuso un recurso de reconsideración que fue analizado en una audiencia el 11 de enero del 2024 y hasta el momento no ha podido ser resuelto.

Su defensa, el abogado Jorge del Castillo, ha planteado que se realice una nueva audiencia pública y que uno de los nuevos integrantes que ingrese a la JNJ sea el ponente de la reconsideración de su suspensión.

No es el único proceso disciplinario en su contra, también está comprendida en un segundo caso vinculado a la remoción de fiscales de diferentes instancias, incluida la exfiscal suprema adjunta Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana Enma Benavides, por presuntamente otorgarle libertad a narcotraficantes.

Dentro de sus actuaciones funcionales también se le cuestiona haber removido a integrantes del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto quienes habían reportado presuntos registros de comunicaciones de su hermana y ella misma, con integrantes de dicha red criminal.

Según la data de la JNJ, además, en la actualidad hay 58 investigaciones preliminares (55 en trámite y 3 reconsideraciones) pendientes de ser resueltas. La salida de Tello y Vásquez también afecta el avance de los casos.

En este rubro se encuentran las investigaciones abiertas contra el fiscal supremo titular Pablo Sánchez Velarde, así como contra el suspendido coordinador del Equipo Especial Lava Jato Rafael Vela y el fiscal integrante de dicho grupo, José Domingo Pérez; esto debido a las declaraciones que realizó Jaime Villanueva.

Actualmente, también se encuentran en trámite por resolverse 677 denuncias ciudadanas que se interponen ante la JNJ y 43 en reconsideración.

Se debe tener en consideración que a la fecha la JNJ tiene un total de 26 magistrados condenados de manera firme por haber cometido delito doloso, cuya destitución quedaría paralizada.

La JNJ también ya había programado para el próximo 3 de mayo las entrevistas personales para el proceso de ratificación de Piero Corvetto Salinas como jefe de la Onpe (Oficina Nacional de Procesos Electorales) y Carmen Velarde Koechlin como titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La ratificación de ambos funcionarios requerirá el voto de, por lo menos, cinco integrantes del Pleno de la JNJ.

Junto a ello, la JNJ tiene pendiente seguir procesando la ratificación, evaluación y nombramiento de jueces y fiscales para el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Actualmente, se encuentran convocados 81 jueces del Poder Judicial (entre ellos 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia) y 219 fiscales del Ministerio Público en el Procedimiento de Evaluación y Ratificación de la Convocatoria N° 001-2023-RATIFICACIÓN/JNJ, cuya cuarta etapa (entrevista personal) está programada para realizarse entre el 8 de mayo al 11 de junio del 2024. En total, se nombrarían 139 nuevos jueces y fiscales titulares.

A ello, se tiene previsto que este año sean convocados 200 jueces y fiscales que deben ser evaluados para su ratificación.

Por ahora, la conformación de la JNJ ha quedado con cinco integrantes: Antonio de la Haza, María Zavala, Imelda Tumialán, Marco Tulio Falconí, y Guillermo Thornberry.

Esto, luego que el último lunes, el Congreso rechazara los pedidos de reconsideración para votar una vez más los pedidos de inhabilitación contra De la Haza y Tumialán.

Lo que corresponde ahora, según indicaron desde la JNJ, es que se declare la vacancia en el cargo de los abogados Vásquez Ríos y Tello de Ñecco, para proceder a convocar a los integrantes suplentes en el orden de méritos; esto es Abraham Siles, Mónica Rosell y Jaime de la Puente.

Mientras que, desde la Comisión Especial señalaron que, una vez que la JNJ tenga la confirmación de quiénes ingresarían deberán oficiar para que se lleve a cabo la respectiva juramentación.

De esta manera, la JNJ volvería a contar con sus siete integrantes -ya que necesitan seis para poder decidir y votar en los procesos disciplinarios- que deberán ejercer funciones hasta enero del 2024.

En declaraciones a IDL Radio, la abogada Inés Tello indicó que se retirará de la JNJ, pero continuará insistiendo en que el Congreso le de una respuesta oficial ante el cuestionamiento hacia su votación; y seguirá con su reclamo en contra de la decisión legislativa.

“No soy una persona que cree situaciones difíciles. Yo voy a esperar la respuesta (del Congreso). Voy a retirarme y esperar mi respuesta, y obviamente seguir mi reclamo, si no soy atendida, porque yo no voy a permitir este atropello, de ninguna manera”, dijo.

Recordó que ya había acudido ante el comisionado de Naciones Unidas al considerar que estaba siendo objeto de discriminación y que continuará con dicho proceso. Sin embargo, aseguró que en sede nacional no solo accionará en la vía constitucional; sino también en la vía penal.

“Porque aquí hay situaciones que deben esclarecerse. No es correcto que se avalen o se tomen decisiones con interpretaciones que no son las que se ajustan a la Constitución. Yo voy a usar todas las vías”, anunció.

Por su parte, su abogado Omar Cairo aseguró que lo que hagan la JNJ y los accesitarios será determinante; sin embargo, agregó, ello no elimina la posibilidad de utilizar mecanismos jurisdiccionales nacionales e internacionales.