La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) respaldó el pedido de su expresidente Ricardo Briceño para que el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, retire su acusación en su contra por el Caso Cócteles por “falta de sustento”.
A través de un pronunciamiento, recordó que Briceño solicitó al Poder Judicial brindar su declaración “de manera voluntaria y pública” con la finalidad de aportar con el esclarecimiento de los hechos de este caso, que se inició en el 2018.
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“El señor Briceño siempre actuó en estricto cumplimiento del marco legal y de nuestro estatuto, alineado con los principios de defender la economía social de mercado y promover la importancia para el país de la empresa privada para el desarrollo nacional”, subrayó.
“A lo largo de estos 6 años, mientras que la Fiscalía no ha podido demostrar ningún indicio o prueba que respalde las acusaciones de lavado de activos o fraude, el señor Briceño ha presentado evidencia sólida para que se le excluya del proceso al ser inocente”, añadió.
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En ese sentido, la Confiep insistió en que la “Campaña de Promoción de la Inversión Privada 2″ fue “totalmente lícita” y el íntegro de los aportes y donaciones fueron bancarizados, registrados en libros contables, utilizados para los fines estatutarios y aprobados por sus diversas instancias de gobierno.
Reiteró que Ricardo Briceño nunca tuvo acceso a los fondos de dicha campaña, “no la diseñó ni gestionó”, y consideró “lamentable” que deba esperar todos los años que dure el proceso para que el Poder Judicial declare su inocencia.
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“Por lo anterior, considerando el plazo transcurrido hasta ahora sin que la Fiscalía pueda probar la tesis esbozada, desde la Confiep respaldamos el pedido del señor Briceño de que el fiscal José Domingo Pérez retire su acusación por falta de sustento, recordando que el Ministerio Público no solo es titular de la acción penal, sino, por sobre todo, defensor de la legalidad y los derechos fundamentales”, sentenció.
Como se recuerda, a Ricardo Briceño se le imputa haber recolectado más de US$ 2 millones para un aporte a la campaña de Keiko Fujimori en las elecciones generales del 2011.
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El empresario es uno de los acusados en el juicio por el Caso Cocteles, proceso que tiene como principal procesada a la excandidata presidencial de Fuerza Popular.
