José Miguel Castro, Andrea Vidal, Nilo Burga y otros más: testigos o piezas claves que perdieron la vida en extrañas circunstancias

A lo largo de los últimos años, el país se ha visto sacudido por la muerte de testigos o piezas clave involucradas en expedientes judiciales o tramas políticos. La reciente muerte del exgerente municipal José Miguel Castro, testigo elemental en el caso seguido en contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, vuelve a estremecer de la ciudadanía. Las circunstancias entorno a su fallecimiento aún no son esclarecidas. Y, aunque este caso ha tenido gran repercusión, no es el único.

Castro se desempeñó como gerente general de la Municipalidad de Lima en la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014). Por aquellos años, gozó de la confianza de la autoridad edil, convirtiéndose en su mano derecha. Villarán, por su parte, lo defendía a pesar de los cuestionamientos que surgían en aquella época y lo mantuvo siempre cerca.

“La náusea que me produce quienes quieren manchar la honra de personas honestas como José Miguel Castro”, escribió en 2014 en Twitter (ahora X) la entonces alcaldesa de Lima, tras denunciarse manejos irregulares en la Caja Metropolitana, cuando Castro la presidió.

Precisamente, antes de llegar a ser nombrado gerente general en enero del 2012, Castro ya se desempeñaba como presidente del directorio de la Caja Metropolitana de Lima y también como gerente corporativo de Finanzas de la comuna. Su designación, a inicios de ese año, se dio cuando el proceso revocatorio contra Susana Villarán empezaba a cobrar fuerza; y se mantuvo hasta que la gestión concluyó.

Pero el Caso Lava Jato fue un punto de quiebre en este lazo. Tanto Villarán de la Puente como Castro Gutiérrez fueron investigados, a nivel fiscal, por las entregas de dinero para las campañas por el No y para la reelección. En abril del 2018, el Ministerio Público y agentes de la policía allanaron las viviendas de ambos a propósito de este caso. “No encontrarán nada”, respondió Villarán, asegurando que su gestión fue transparente.

Pero en abril del 2019, el propio Jorge Barata, exhombre fuerte de Odebrecht en el Perú, confirmó ante fiscales peruanos, en Brasil, que se brindó US$3 millones para la campaña contra el proceso de revocación. Y que fue la misma Villarán la que —vía telefónica— le agradeció. De ese monto, US$1 millón fue entregado, de acuerdo con el exdirectivo, directamente al entonces gerente municipal de Lima: José Miguel Castro. En mayo de ese año, se dictó prisión preventiva para ‘Budián’, como se le sindicó en la planilla de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, una medida que luego sería variada por arresto domiciliario.

Por estos hechos, Villarán fue acusada ante el Poder Judicial en 2022 de encabezar una presunta organización criminal al interior de la comuna edil. El juicio por este caso —donde la fiscalía requiere 29 años de prisión contra la exalcaldesa— iniciaba el 23 de setiembre próximo. José Miguel Castro también figuraba en la larga lista de acusados (más de veinte), pero en su caso venía colaborando con la justicia. Se había sometido a la figura de colaboración eficaz (delator).

Tras las indagaciones fiscales, en la acusación formulada se precisó que la presunta red criminal recibió más de US$10 millones de aportes ilícitos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, a fin de que Villarán pueda continuar al mano del municipio limeño. Ello, a cambio de beneficiarlos con obras municipales.

Así las cosas, el testimonio en persona de José Miguel Castro en el próximo juicio era clave para esclarecer todos los hechos. Pero fue hallado sin vida en su domicilio de Miraflores, el último domingo 29 de junio, con un corte en el cuello de aproximadamente 14 centímetros, según el parte policial. La fiscalía penal ya investiga su muerte, aún sin esclarecerse.

“El señor se había sometido a un proceso especial de colaborador eficaz (...) Esperábamos su valioso aporte que podría haber brindado en el juzgamiento que se va a iniciar este 23 de septiembre en contra de la exalcaldesa Susana Villarán y otros acusados. También era uno de los acusados, pero se estaba sometiendo a la acción de la justicia y estábamos con la expectativa de que pudiera brindar el testimonio de los hechos que sucedieron”, dijo el fiscal José Domingo Pérez.

Tal como desarrolló este Diario, si bien el proceso de colaboración eficaz de Castro no tuvo una sentencia de homologación, el exgerente municipal confirmó los aportes a favor de Villarán en calidad de investigado. Tras su muerte, la fiscalía pedirá incorporar esas declaraciones en el juicio que está por iniciar.

El cruce entre las avenidas San Eugenio y Santa Catalina, en La Victoria, fue escenario de un violento suceso la noche del 10 de diciembre del 2024. Los cuarenta impactos de bala que recibió un taxi, así como los múltiples casquillos que yacían en el piso evidenciaban la brutalidad del ataque. El conductor del vehículo murió de manera inmediata, mientras que la pasajera que viajaba en la unidad fue trasladada al Hospital Dos de Mayo, falleciendo días después.

Este macabro hecho pasó de rápidamente de las páginas policiales a las páginas de política de los diarios. Un informe del programa “Beto a Saber” denunció una presunta red de prostitución al interior del Congreso, evidenciando que una extrabajadora de este poder del Estado habría sido, en realidad, el objetivo del atentado, mas no el conductor. Se trataba de Andrea Vidal Gómez.

Vidal había trabajado hasta setiembre como asesora en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, cuyo jefe era Jorge Torres Saravia, un personaje ligado a Alianza para el Progreso (APP) y quien, según el programa periodístico, habría liderado la presunta red.

El programa también reveló que, en 2020, una mujer lo había denunciado por violación sexual. También se conoció que ‘Coqui’, como se conocía a Saravia, organizaba fiestas en las que participaban altos funcionarios del Parlamento y trabajadores de su despacho.

Tras destaparse el escándalo, se abrieron investigaciones en las fiscalías especializadas en delitos de Trata de Personas y de corrupción, así como a nivel de la Fiscalía de la Nación.

Y se puso bajo la lupa las contrataciones efectuadas en la oficina que dirigía Torres Saravia, quien fue destituido. Un informe de Canal N relevó que cuando asumió el cargo, solo se tenía cuatro trabajadores (una mujer); pero poco más de un año después la cifra se incrementó a 12 (siete eran mujeres).

Torres negó las acusaciones que pesan en su contra. En el Congreso, se intentó – a través de una publicación en la cuenta oficial de X (antes Twitter)- minimizar los hechos indicando que Vidal “ha sido una víctima más del sicariato” y que “los criminales tenían como objetivo al conductor del taxi”, pese a que las investigaciones fiscales aún continúan.

En este poder del Estado, la Comisión de Fiscalización elaboró un informe, en donde se señala que “no se ha evidenciado la existencia” de dicha red, pero sí “un festín de contrataciones y permisos irregulares de personal, en especial femenino, lo cual podría haberse materializado dentro de un contexto sensual y sexista”.

El congresista Burgos, presidente del grupo de trabajo, negó estar retractándose de sus afirmaciones (anteriormente, había dejado entrever que se había intercambiado favores sexuales a cambio de votos en el Parlamento), pero agregó que “ha habido una conducta obstruccionista” en la indagación que se efectuó.

“No me estoy retractando de lo que dije, porque ha habido una conducta obstruccionista dentro de esta gestión”, aseveró. También dijo que al no haberse otorgado facultades de comisión investigadora “no pudimos ahondar más”.

En una de las recomendaciones del informe, se pide a la fiscalía que investigue las contrataciones efectuadas en el Congreso desde el 2021, “a fin de determinar si hubo actos reprochables pasibles de punilidad”.

Nilo Burga fue el presidente de Frigoinca, la empresa implicada en la presunta red de corrupción que se habría tejido con funcionarios del desaparecido programa Qali Warma, encargado de brindar el servicio alimentario a escolares de colegios públicos al interior del país. El caso fue destapado por el dominical “Punto Final” en octubre del año pasado, y causó todo un revuelo tanto al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) como al propio gobierno. Se removió funcionarios, se cambió de nombre el programa, hasta que finalmente fue extinguido.

En un inicio, en este caso se reveló una serie de conversaciones y pagos a favor de funcionarios públicos; sin embargo, el escándalo recién empezaba. A través de otros reportajes periodísticos, se puso en evidencia cómo se alteraban los productos para reducir costos y generar más ganancias, incluso llegando a comercializarse y distribuirse carne de caballo, en lugar de res.

“La carne supuestamente era de res, pero no era de res. La carne era carne de caballo” [¿Lo que venía era carne de caballo?] “Sí, mezclado. Como le comento, en algunos lotes era puro caballo, algunos lotes era puro res y algunos lotes eran cabeceados”, reveló Noemí Alvarado, una extrabajadora de la empresa, al dominical “Cuarto Poder” en noviembre. A las pesquisas periodísticas, se sumaron las indagaciones fiscales.

El 17 de diciembre pasado, el Ministerio Público allanó 17 inmuebles por este caso, en Lima y Huaura. En las indagaciones fiscales, Burga era señalado como el líder de una organización criminal que operaba a través de sobornos desde aproximadamente el 2020. Se ofrecía pagos mensuales y bonos anuales a funcionarios, con montos de hasta S/5 mil para asegurar contratos con el Estado.

La fiscalía le atribuía a Burga, entre otros, el haber coordinado “la forma de producción de los productos cárnicos para abaratar los costos, utilizándose aditivos como: soya, gelatina, ácido cítrico, carne de caballo, piltrafa, que son los desechos de la res”. También “recortes de pechuga, que se llama solomío, y hacía pasar pollo por pavo (...) y mandaba a fabricar algunos lotes de pura carne de caballo, otros lotes cabeceados (combinados) y otros de pura res”.

Y el caso incluso empezó a salpicar al exdirector ejecutivo del programa Qali Warma y actual vocero presidencial, Fredy Hinojosa. En ese entonces, incluso se había requerido su detención preliminar, pero solo se autorizó los allanamientos.

Pocos días después, Burga, pieza clave en la trama, fue hallado muerto. El miércoles 25 de diciembre, su cadáver fue encontrado sin vida en la habitación 301 del hotel “Luz y Luna” en el distrito de Magdalena del Mar. En un inicio, se planteó la hipótesis de un suicidio, pues se encontró en el lugar una carta; sin embargo, evidencias forenses empezaron a apuntar a un posible homicidio. El caso aún no se termina de esclarecer.

El abogado de Michael Burga, hijo del empresario y quien actualmente se encuentra detenido, confirmó que se tienen dudas en torno a las circunstancias en las que falleció. “Él [Michael] descarta que se haya tratado de un suicidio (...) cree que hay algo que se tiene que investigar y esclarecer”, comentó en Canal N.

Ante la fiscalía, Burga ha reconocido haber realizado pagos a trabajadores de Qali Warma.

El 22 de julio del 2015, Emerson Fasabi, vigilante y trabajador de la residencia en Surco del entonces presidente Ollanta Humala apareció muerto en un cuarto de la calle Fernando Castrat, a pocos metros de la casa de la familia Humala-Heredia. Tenía solo 27 años.

En ese entonces, estaba en pleno apogeo el escándalo por la sustracción de las agendas atribuidas a la entonces primera dama, Nadine Heredia, quien hoy se encuentra asilada en Brasil luego de ser sentenciada a 15 años de cárcel.

Las extrañas circunstancias entorno a la muerte lanzaron sombras y fuertes suspicacias al caso. Las cuales se acrecentaron con las contradicciones del gobierno de turno. El abogado Sandro Balbín denunció el caso ante la fiscalía, acusando a Heredia Alarcón de ser la “autora mediata”.

Tras haber permanecido casi dos semanas en la Morgue de Lima, el cuerpo de Fasabi le fue entregado al chofer de Humala, Juan José Peñafiel, quien además fue quien encontró el cadáver. Y fue quien se encargó de efectuar todo el traslado hasta Atalaya (Ucayali) y entregó los restos a la familia. En una entrevista con Cuarto Poder, admitió que Humala “apoyó con una cantidad de dinero”; unos S/2 mil.

“Entiendo que este chico ha sido mandadero y que se recurseaba. Lo hemos utilizado y le hemos pagado, obviamente”, había indicado Humala entonces cuando fue consultado por la prensa.

La necropsia que se practicó a Fasabi mencionaba como causa de muerte una “hemorragia pulmonar y pancreática”, pero se cuestionó que no se precisara la causa de la misma. El caso fue archivado en el Ministerio Público; sin embargo, las dudas por la extraña muerte del excabo del Ejército continuaron.

En agosto del 2017, la Comisión de Fiscalización del Congreso pidió facultades para investigar su muerte. Como parte de las indagaciones, el grupo de trabajo visitó tanto a Humala como a Heredia, mientras cumplían prisión preventiva, pero se negaron a declarar. En su informe aprobado en el 2018, se concluyó que Fasabi no habría fallecido por causa natural, sino por envenenamiento.

“Por la pancreatitis hemorrágica con daño hepático se deduce que el caso no corresponde a una muerte súbita o natural, sino más bien de una muerte violenta por ingesta de sustancia tóxica”, se indicó. Y se apuntó a un presunto plan para encubrir pruebas y distorsionar el motivo real de su muerte.

No obstante, en abril del 2019, se archivó a nivel fiscal de manera definitiva la investigación que inició contra los Humala-Heredia. Se ratificó la conclusión a la que se había llegado años antes con la necropsia.

La noche del 14 de marzo del 2014, un crimen conmocionó a la región Áncash y a todo el país. El exconsejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco fue acribillado, a los 55 años, con varios disparos en la cabeza y el cuerpo en Huacho. Años antes, ya había sobrevivido a un atentado en su vivienda, donde falleció su hijo político Roberto Torres. Nolasco era objeto de constantes amenazas de muerte en su contra y de su familia.

Desde un inicio, se señaló que su muerte tenía como móvil intereses políticos. Nolasco era un férreo opositor del entonces presidente regional de Áncash, César Álvarez. Y estaba previo a anunciar su candidatura con el partido Unión por el Perú (UPP). Había viajado a Lima para conseguir materiales para su campaña.

Más de seis años después, la justicia logró determinar la responsabilidad de Álvarez a través de un fallo judicial. El Colegiado A de la Sala Penal Nacional de la Corte Superior de Justicia de Lima lo condenó a 35 años de cárcel, en calidad de autor de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir.

Según el Ministerio Público, Álvarez encabezaba una organización criminal que planeó y ordenó el asesinato del exconsejero, con la finalidad de ocultar crímenes y delitos de corrupción referidos al manejo y direccionamiento de las obras públicas del Gobierno Regional de Áncash.