Josué Gutiérrez: “El Congreso debe legislar sobre políticas contra el odio”

Tengo que felicitar al Tribunal Constitucional porque no se trata de cualquier sentencia, es una sentencia muy sistematizada, muy prolija. No solamente en la redacción, sino que aborda la trascendencia del orden constitucional

— Voces críticas advierten que se podría beneficiar a los delincuentes, porque podrían seguir usando sus propiedades para las fechorías.

Esa es una posición política. No tiene ningún asidero jurídico, ningún razonamiento dentro de lo que podría ser la lucha contra la delincuencia. La estructura del Estado se sustenta sobre la Constitución y una de las ramas de ese desarrollo constitucional es el derecho penal, que en el Perú tiene dientes y músculos, pero lamentablemente los operadores han fracasado. Los procesos demoran años y tenemos que empezar a pensar en serio para que ese sistema sea ágil, objetivo y pueda sancionar a quien tengan que sancionar.

— Cuando se habla de la Convención de Viena, de la Comisión de Palermo, de las recomendaciones que se dan en Mérida…

Se habla sobre la base de que los Estados deben privilegiar la lucha contra el crimen organizado. Se utilizan mecanismos adicionales, pero no hay una formulación de una ley en específico. La desesperación, sobre todo en México y Colombia, porque el narcotráfico había penetrado la cúpula del poder llevó a luchar desde una estructura jurídica y llegó a incorporarse, inclusive dentro de la misma Constitución mexicana, el tema de la extinción. Hay que aclarar la narrativa absolutamente falsa que nosotros tenemos compromisos internacionales y tratados para hacer extinciones. Eso no es verdad.

— ¿Cree que nuestro sistema judicial es desgraciado?

Es malo y urge una reforma. Los narradores de cuentos dicen que con esto no se va a luchar contra los delincuentes. ¿No pueden decomisar, no pueden incautar? El TC ha dicho: está bien, puedes imputar si tienes certeza que es parte de la organización; incáutalo y extingue su dominio. Han dicho: haz tu chamba y da la fuerza probatoria. Es el colmo que de 100 denuncias que hace el Ministerio Público en 5 años solamente el 50% lleguen a tener sentencia.

— ¿Urge una reforma en el sistema judicial, en el Ministerio público?

¿Por qué se importa este mecanismo de extinción de dominio? Porque se reconoce implícitamente que el sistema ha fracasado. Los países han aplicado esto porque el crimen llegó hasta la más alta esfera del sistema de justicia.

— ¿Y qué ocurre con las carpetas de lavado de activos? Usted dijo que investigaría.

Son pesadillas que estamos sacando ahora, no se imagina. Es una historia de extorsión; una historia feísima que degrada la administración de justicia.

— ¿Se han abierto carpetas para extorsionar desde la fiscalía?

No quiero adelantarme, pero el informe es muy serio y tiene el rigor de la probanza.

— ¿Muchas personas han denunciado que se usa la figura del lavado para tener contra las cuerdas a muchos empresarios?

Podría decirle preliminarmente que sí. Muchos han tratado, por todos los medios, de recurrir inclusive al sistema anticorrupción para descubrir a toda esa mafia, pero también están contaminados porque todo se filtra. Ese es el grado sistémico. No hablo sobre imaginación, sino sobre hechos concretos. Si te llega una sola denuncia por lavado de activos ya fuiste, quiebras porque el sistema te quita toda la plata.

—¿Qué pasaría si Delia Espinoza no acata la sentencia de la Corte Suprema que repone a Patricia Benavides como fiscal suprema?

Las órdenes judiciales se acatan.

— ¿Qué ocurrirá en la fiscalía?

No sé qué pasará. Lo único que te digo es que esta es una crisis prolongada y que alguien tiene que poner coto. Nadie debe utilizar una institución para fines personales. La función pública no se puede utilizar para ‘vendettas’.

— ¿Delia Espinoza se vengó de usted cuando allanaron la Defensoría?

No allanaron, vinieron a sacar información. A recopilar información. Hubieran requerido y la hubiéramos enviado sin ningún inconveniente, como lo estamos haciendo hoy.

— ¿No fue una venganza?

¿Cómo interpretar eso? Me preocupa que se instrumentalice el poder. Me llaman algunos amigos y me dicen: no es a ti nomás, también lo están haciendo al contralor, también al del JNE.

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— Los periodistas podríamos decirle que a nosotros también nos criminalizan.

Ese es otro tema.

— Y usted no nos defiende, dicho sea de paso.

Públicamente no, pero…

— Muy mal porque un defensor debería defender públicamente la libertad de expresión.

Hemos sido muy contundentes con varios casos emblemáticos. No estoy hablando de tus colegas de trabajo ahora, sino de antes.

— Pero yo estoy hablando de esta situación, en la que han intentado ponernos como miembros de una banda criminal y siguen denunciándonos por acoso cuando lo único que hacemos es informar.

La información de un periodista sobre un funcionario no se llama acoso, pero la acción de un funcionario con poder ante la prensa sí se llama acoso. Están instrumentalizando el poder en contra de los derechos fundamentales como es el derecho de opinar, como es el derecho de informar, como es el derecho de investigar, que son fundamentales para la convivencia en democracia. Estamos preparando un informe del caso para presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que esté advertida de que en el Perú hay un uso indebido de la prerrogativa de las autoridades en contra de la función periodística.

— La presidenta Boluarte acaba de decirle a la Corte IDH “que no somos colonia de nadie” y que “no permitirá intervención” en la ejecución de la nueva ley de amnistía para militares y policías que derrotaron al terrorismo. ¿Está de acuerdo?

Salirnos de la Corte diría que no. Quien debió haberlo dicho con contundencia es el presidente del Congreso, porque es en esa instancia que se está discutiendo este tema.

— ¿Está de acuerdo con la ley?

No puede ser una amnistía laxa, o sea, no puede ser una amnistía de todos los que están investigados del año 80 al año 2000. Técnicamente no tiene el rigor que corresponde. Punto aparte: ¿a usted le parece bien que el sistema de Justicia esté persiguiendo 40 años?

— No, ¿a usted?

Por supuesto que no. Hay mecanismos para reparar. Podría ser un indulto que podría ser la ley de amnistía. No se puede tener a personas que ya tienen 80 años y que se han pasado la mitad de su vida en procesos y hasta ahora siguen en su condición de perseguidos. Ni siquiera suben a juicio oral.

— ¿Se siente un defensor repudiado?

De ninguna manera. Los “narradores de cuentos” han viralizado un evento en Puno donde hubo un operativo bien montado en mi contra, pero los familiares de las víctimas saben que yo estoy con ellos. Yo me he reunido con las víctimas, pero estas asociaciones, entre comillas oenegés, lo politizan todo.

— ¿Qué pide sobre las muertes que ocurrieron durante el ascenso al poder de Boluarte?

Yo estuve en Putis hace 40 años y ni siquiera hay juicio oral. Me duele. Porque hoy los nietos piden justicia, ya no son los hijos. En el caso de las asonadas, debe llegarse a la verdad y las sentencias se tienen que acatar.

— La izquierda le echa la culpa a Dina, pero fue la izquierda de Castillo la que prometió ríos de sangre.

El Congreso debe legislar sobre políticas contra el odio. No se puede seguir alimentando esto. Me encantaría que en el Perú se instale la cultura de paz. El problema es que va a venir una campaña absolutamente rabiosa.

— ¿Como defensor del Pueblo le pide al ministro Sandoval que apoye a López Aliaga en el tema de los trenes?

López Aliaga tendría que ponerse a trabajar con el ministro. Yo tengo planificado reunirme ellos. Es una locura que esto sea un tema de personas; es un tema de país, por supuesto. Hay que decir con claridad que este proceso va a demandar un tiempo. Hacemos mal al discutir esto en público, por eso voy a reunirme con ambos.

— ¿Será el mediador de los trenes?

No es que me ofrezco, esa es mi función por mandato de la ley. Algunos piensan que nosotros nos hemos metido en la huelga de los mineros porque nos hemos querido meter. Antes solo teníamos un trabajo de monitoreo, pero por mandato de la ley desde el 2024, somos entre rector en mediación. Voy a mediar porque sería un despropósito no poner en marcha los trenes o demorar por exquisitez política.

— ¿Por qué cree que los exdefensores no lo quieren? Walter Albán se expresa con mucho desprecio sobre usted.

Alban es un accidente de la Defensoría, él nunca fue defensor. Él ha fungido, que es distinto. Albán no le ha ganado nadie. ¿Cuándo ha sido ministro? ¿Revisa qué tiempo ha estado? ¿Y por qué llegó?

— ¿Por qué llegó? Cuénteme. Él ha dicho que usted no tiene ni la calidad moral ni profesional para ser defensor.

¿De qué moral me habla ese sujeto si le preguntamos por su vida personal? ¿Qué hizo en la Defensoría del Pueblo? ¿Qué hizo? Pregúntale.

— O sea, tiene trapos sucios.

Muchos. Es un tipo con mucho rabo de paja.

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— ¿Cuál hoy su opinión de la JNJ? ¿La elección de Gino Ríos sigue trayendo cola? Hay quienes piensan incluso que debería de renunciar por cuestiones éticas.

Es una discusión que corresponde al ámbito estrictamente moral. En lo jurídico no hay nada qué hablar.

— ¿No se arrepiente de haberlo elegido? La exesposa en un proceso de divorcio lo acusó de violencia psicológica y él se allanó. ¿No le resta credibilidad a la presidencia y a la misma JNJ?

Debe haber una mirada desde lo ético. Pasa al ámbito de una evaluación personalísima. Está en la conciencia de cada uno, pero también hay que entender que el señor Ríos tiene familia, hoy tiene una esposa y un hijo menor y no tiene ninguna denuncia de violencia o de ese tipo.

— Esta denuncia sale después de un año. ¿Cree que fue la venganza porque la JNJ resolvió que se repusiera a Benavides?

Eso es entrar al lado especulativo y no quiero. Lo cierto y lo concreto es que ahora se pretende enlodar a todos. Al contralor, al defensor, a los jueces. A todos.

— ¿Y no tiene ningún mea culpa que hacer? Usted jugó con Cerrón. También es culpable de que Pedro Castillo y Dina Boluarte llegaran al poder.

Nunca fui directivo, no he sido jefe de campaña, no he tenido ninguna actividad con Perú Libre. Yo era abogado de Cerrón en el ámbito constitucional. Usted no puede culparme de una labor profesional. Yo nunca me avergonzaré de mi actividad laboral. Asumo defensas y trato de hacer lo mejor. Ya no soy su abogado hace muchos años.

— ¿Se arrepiente de tener como defensor adjunto a José Luis Quequejana?

No.

— Según la misma defensoría, él ha sido partícipe de marchas violentas de mineros informales.

He pedido un descargo.

— ¿Y qué le ha dicho?

Que no es verdad ninguna de esas cosas que se dicen. El señor ha trabajado en el Parlamento, yo lo llegué a conocer allí. Trabajaba cerca del doctor Javier Diez Canseco.

— Intentó tener tres concesiones mineras en zonas reservadas. ¿Cómo puede ser un defensor adjunto en medio ambiente?

Pedí todos los descargos y, en principio, me someto a la realidad. El señor no tiene ningún denuncio minero, nunca ha sido asesor de ningún gremio de minería informal.