El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra varios artículos del Decreto Legislativo 1373 que establece el procedimiento de extinción de dominio vigente desde el 2018.
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra varios artículos del Decreto Legislativo 1373 que establece el procedimiento de extinción de dominio vigente desde el 2018.
Según Gutiérrez, quien fue abogado de Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia desde octubre del 2023, diversos artículos de la norma sobre extinción de dominio vulneran el derecho de propiedad y los principios de presunción de inocencia y de seguridad jurídica, entre otros.
“Interponemos demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 3.10 del artículo II del Título Preliminar, así como los artículos 7.1.b, 7.1.f, 31.2, 32, 34 y 44 del Decreto Legislativo 1373, Decreto Legislativo sobre extinción de dominio, por vulnerar el derecho de propiedad (artículos 2.16 y 70 de la Constitución), el principio de tipicidad (artículo 2.24.d de la Constitución), principio de presunción de inocencia (artículo 2.24.e de la Constitución), el principio de irretroactividad de la ley (artículo 103 de la Constitución) y el principio de seguridad jurídica (artículos 2.24.a) y 2.24.d) y el artículo 139.3 de la Constitución)”, señala la demanda.
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, pide al TC declarar inconstitucional la ley de extinción de dominio.
Josué Gutiérrez pide formalmente al TC que admita a trámite su demanda y que sea declarada fundada.
El recurso presentado el 2 de agosto, publicado por La República y al cual también tuvo acceso El Comercio, cuestiona diversos numerales del artículo II del Título Preliminar y otros artículos del Decreto Legislativo 1373.
El recurso constitucional precisa que considera como parte demandada a la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén y el procurador público de la PCM, Carlos Cosavalente.
También contra el ministro del Interior, Juan José Santiváez; el de Justicia, Eduardo Arana; y los dos procuradores públicos de sus respectivos ministerios.
La demanda de inconstitucionalidad advierte que hay partes del decreto legislativo 1373 que establecen precisiones sobre nulidad y autonomía de actos sobre bienes ilícitos, así como en sus alusiones sobre el dominio de los bienes, la aplicación en el tiempo y la carga de la prueba.
“El presente Decreto Legislativo contiene disposiciones que claramente contravienen el principio de presunción de inocencia, razón por la cual, la revisión de la inconstitucionalidad de este instrumento jurídico exige, además de los artículos previamente revisados, una importante consideración sobre la vulneración a este precepto”, señala el documento.
El decreto legislativo 1373, sobre extinción de dominio, fue publicado el mes de agosto del 2018 durante el gobierno de Martín Vizcarra, con César Villanueva como primer ministro y con Vicente Zeballos y Mauro Medina como ministros del Interior y Justicia respectivamente.
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