Según me ha contado el defensor de Pueblo (DP), el pasado 28 de mayo, como todos los miércoles en la noche, fue a jugar una pichanga en el Monumental y tuvo una caída que le ocasionó un severo raspón en la nariz y en la frente. Fue atendido en la Clínica Angloamericana y “no hubo rinoplastia”, según me aclara en tono risueño.
Sonriendo a diestra y siniestra, sin perder los papeles, Gutiérrez ha dribleado la cancha del Congreso y de otros poderes con la destreza que ya quisiéramos en nuestros seleccionados. La del Ministerio Público le va a resultar más pedregosa, eso sí. Es necesario hacer un recuento de estos antecedentes políticos últimos para entender porque, al contratar a la Sra. María de Carmen Olórtegui, en momentos en que esta era militante de APP, como jefa de la Oficina Defensorial II en La Libertad (el ‘sólido norte’ apepista); el defensor se puso en el blanco de las sospechas de la Contraloría, primero; y, ahora, en el de la Fiscal de la Nación.
Según nos enteramos el miércoles, desde el despacho de esta última -le corresponde ver el caso por ser el defensor un aforado- se le ha abierto investigación por supuesto nombramiento ilegal de una funcionaria.
“El defensor busca atajar la tácita sospecha de que estaría cediendo a pedidos o pagando favores al partido [APP] que ha adquirido el hábito de ingerir no solo en el Ejecutivo sino en otros entes autónomos y que es parte de la coalición de gobierno que lo eligió”.
Lo que observó la Contraloría y recoge la fiscalía, es que Olórtegui no cumpliría los requisitos del Manual Clasificador de Cargos de la entidad.
Gutiérrez, en la breve conversación que tuvimos, admite que él propuso a la señora, a quien conoció en una visita a La Libertad. No sabía -sigo con su relato- que era apepista, pero esta misma se lo contó tiempo después y le dijo, además, que había renunciado al partido.
Con estos argumentos, el defensor busca atajar la tácita sospecha de que estaría cediendo a pedidos o pagando favores al partido que ha adquirido el hábito de ingerir no solo en el Ejecutivo sino en otros entes autónomos y que es parte de la coalición de gobierno que lo eligió.
Sobre la presunta falta de idoneidad de la contratada, Gutiérrez discrepa con la tradición defensorial de exigir especializaciones precisas a cada uno de sus altos funcionarios.
Ahora sí, el recuento: Gutiérrez llegó a este Congreso como asesor de los hermanos Cerrón y de Perú Libre (PL). Fue abogado de Vladimir y también un consejero político que lo ayudó con una inducción a la política congresal (fue operador oficialista en el Congreso del 2011 al 2016) y -esto es fundamental- a ser menos cuadriculado y entenderse con la mayoría anticastillista.
Por ejemplo, Josué tuvo un rol fundamental para que PL no presentara candidatos propios al TC y votara por los de la coalición de derecha. De esa forma, no le fue difícil hacer su campaña entre todas las bancadas para que voten por él como defensor. Obtuvo con holgura más de los 87 votos necesarios.
No se puede entender la presencia de PL en la mesa directiva ‘fujiapepistaavancista’ sin la labor despolarizadora del hoy DP.
Le tocó otra tarea en la que mostró su eficiencia a la misma coalición que votó a su favor: organizar rápidamente los concursos para reemplazar, primero, a los suspendidos miembros de la JNJ y, luego, a aquellos que se les venció el plazo. En otros casos, no ha sido diligente como sus críticos hubieran querido que lo fuera frente a leyes polémicas como la restricción de la extinción de dominio u otras. Recientemente, opinó contra la amenaza de intervencionismo que implica la ley que pide que los medios pongan a disposición el 10% de su programación a los entes públicos que combaten la violencia contra la mujer. Cuando la Comisión de Justicia que elaboró el dictamen pidió la opinión de la defensoría, está se había manifestado a favor.
La Defensoría es pródiga. No hay un tema en el que pueda contentar a todos; pero son tantas sus líneas de acción que siempre habrá alguna en la que coincida con quien menos piensa. Un DP puede meter sus narices en casi todo y ganarse una sana polémica y un poroto. Si la fiscalía lo apretara mucho, se puede concentrar en las fallas en el nuevo aeropuerto o en el desfase carcelario o el déficit de atención en Salud o la ‘tramitomanía’ o cualquier asunto en el que los peruanos veamos vulnerados nuestros derechos por acción u omisión del Estado.
En su historia de casi tres décadas, la Defensoría ha abarcado bastante y apretado algunas veces. Gutiérrez, desde mayo del 2023, cuando tomó el mando, cambió o dejó ir a la gran mayoría de cabezas de áreas y las nuevas son de su confianza. Si quisiera, podría apretar al gobierno y a la coalición a la que probablemente sobrevivirá.
