Una investigación fiscal, procesos por alimentos y una candidatura frustrada por APP: los cuestionamientos al nuevo ministro del Interior

La ceremonia se realizó este lunes por la tarde en Palacio de Gobierno, tres días después de que el Congreso censuró a Juan José Santiváñez por sus malos resultados en la lucha contra el desborde de la inseguridad ciudadana en el país. En el evento, al que no se convocó a la prensa, estuvo presente el censurado exministro.

Este lunes era el día límite para que la presidenta acepte la dimisión del censurado exministro, acto que se hizo oficial en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. En medio del desborde de la delincuencia, la presidenta esperó al tercer día para nombrar a la nueva cabeza del sector encargado de la seguridad ciudadana.

Julio Díaz Zulueta no es ajeno al sector ni a la gestión del ministro censurado. Y como Juan José Santiváñez, tampoco es ajeno a controversias, vínculos con la política y a las investigaciones fiscales.

Fue militante de Alianza para el Progreso (partido aliado del actual gobierno) en el 2021 y 2023, intentó ser candidato a regidor con la agrupación de César Acuña en las últimas elecciones municipales, ha estado involucrado en procesos por alimentos y se le abrió una investigación por presunta corrupción durante el año pasado.

El nuevo integrante del gabinete venía desempeñándose como viceministro de Seguridad Pública desde enero del 2024, cargo en el que fue nombrado por la presidenta y por el entonces titular del Ministerio del Interior (Mininter), Víctor Torres Falcón. En esa misma gestión, Juan José Santiváñez fue designado al mes siguiente como jefe del gabinete de asesores.

Entre abril y mayo del 2024, durante la breve gestión como ministro de Walter Ortiz, Díaz Zulueta y Santiváñez fueron viceministros en conjunto: el primero de Seguridad Pública y el segundo de Orden Interno. Luego, el abogado fue nombrado ministro por Dina Boluarte, desarrollando una polémica gestión de diez meses hasta su censura por parte del Poder Legislativo.

Mientras Juan José Santiváñez fue titular de la cartera, mantuvo a su eventual sucesor como viceministro. Durante ese tiempo, fueron frecuentes las reuniones de Díaz Zulueta como representante del sector con distintos alcaldes en Lima y en regiones. También hizo noticia por -según informó Canal N- ser uno de los personajes condecorados por la revista Vip Diplomático, ligado a Andrés Hurtado, presentador de televisión investigado por presuntos actos de corrupción de funcionarios y lavado de dinero.

El entonces viceministro también generó polémica en marzo del 2024, cuando dijo, en un encuentro con juntas vecinales en Huancayo, que “el pueblo peruano es de los mejores pueblos en seguridad ciudadana en América Latina”. “¿Tenemos los mejores alcaldes de América Latina o no? ¿Tenemos la mejor policía de América Latina?”, preguntó. Ante el “no” del auditorio, replicó que “en cuanto a seguridad ciudadana, somos los mejores”, aseguró. El video fue difundido por Panamericana TV.

Pero los problemas de Díaz Zuloeta también tienen que ver con las investigaciones del Ministerio Público. En junio del 2024, la Fiscalía Anticorrupción le inició una investigación preliminar por el plazo de 120 días junto al entonces ministro Juan José Santiváñez y al secretario general del Mininter, Anatoly Bedriñana Córdova. Así se informa en una resolución emitida meses después por el sector para aprobar que el Estado pague su defensa legal por ese caso.

El documento no precisa qué hechos se le imputan al hoy ministro. Solo indica que es por el delito de negociación incompatible (aprovechamiento indebido del cargo) y que la carpeta tiene que ver con “omisiones, acciones o decisiones adoptadas o ejecutadas” en su cargo de viceministro de Seguridad Pública. En diciembre pasado, la gestión de Juan José Santiváñez firmó un contrato por S/ 80 mil para costear la defensa de Díaz Zulueta por el plazo de un año.

El Comercio contactó a la oficina de imagen del sector para conocer sus descargos frente a esta investigación y cuál su estado. También se buscó la versión del exministro Juan José Santiváñez. Hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Para jurar como ministro, el general (r) debió presentar una declaración jurada para consignar -si las tuviese- sus investigaciones fiscales, sentencias y sanciones administrativas. Por ley, dicho documento debe ser publicado en los próximos días por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Sin embargo, cuando asumió como viceministro en enero pasado, Díaz Zulueta ya presentó una primera declaración jurada de ese tipo, a la que accedió El Comercio. Allí, el hoy titular del sector declaró que tiene investigaciones archivadas por usurpación agravada, abuso de autoridad, concusión y lesiones, así como un proceso disciplinario de la PNP archivado.

En el 2020, cuando era jefe de la Macroregión Policial Lambayeque, el general PNP fue separado del cargo por su institución tras verse involucrado en un caso de presuntas irregularidades en compras de equipos de bioseguridad frente al COVID-19. El tema fue investigado por el Ministerio Público y por el órgano disciplinario de la Policía, que le inició en mayo de ese año un proceso disciplinario y lo suspendió temporalmente. La sanción fue apelada por Diaz, pero nunca encontró respuesta.

A fines del 2020, cuando seguía suspendido, Diaz Zulueta fue uno de los más de 19 generales pasados al retiro al inicio de la gestión presidencial de Francisco Sagasti, hecho por el cual el exmandatario hoy enfrenta una acusación constitucional. De acuerdo con un pronunciamiento del Instituto de Defensa Legal (IDL) en el que se cuestiona su pase al retiro, la fiscalía no halló elementos que lo vincularan al caso.

La hoja de vida de Julio Díaz Zulueta difundida por el gobierno luego de su juramentación resalta que tiene más de 40 años de trayectoria en el sector público y que es “licenciado en Educación con especialidad en Lengua y Literatura; bachiller en Administración y Ciencias Policiales; titulado con una Maestría en Defensa y Desarrollo Nacional (CAEN) y otra en Administración, Ciencias Policiales y Gestión Pública”.

El gobierno de Dina Boluarte remarca que el nuevo ministro “ha sido reconocido, a lo largo de su carrera, como ganador de la Comisaría del Año a nivel nacional en 2001” y que ha sido “finalista en varias ocasiones en los premios de Buenas Prácticas en Gestión Pública”. También destacan que es autor del libro ‘Relatos de éxito de un comisario’, publicado en el 2009 por el IDL. La obra da cuenta de su experiencia en comisarías en Huacho, Chiclayo y Tarapoto entre 2002 y 2005.

La breve biografía oficialista no da cuenta de los antecedentes políticos o judiciales del nuevo ministro. De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones, Díaz Zulueta militó en los últimos años en el Partido Morado, el Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN) y Alianza Para el Progreso (APP).

Según el ROP, el hoy ministro solicitó ser excluido del padrón de afiliados luego de haber sido presentado como tal por las primeras dos agrupaciones en el 2023 y 2024. En cuanto a APP, el registro indica que tuvo dos periodos como afiliado: entre septiembre y noviembre del 2021 y durante casi todo el 2023. Luego de ello, renunció.

Los registros del JNE también muestran que Díaz Zulueta fue presentado como candidato de APP a regidor por Lima para los comicios del 2022. De hecho, era el candidato número dos en esa lista. Sin embargo, su candidatura terminó siendo declarada como improcedente por las autoridades electorales a raíz de errores formales en el llenado de su hoja de vida.

Adicionalmente, en una cuenta de X a su nombre se puede ver un video suyo de diciembre del 2021 en el que declara su intención de ser candidato a alcalde de Surco por el Partido Morado. Al respecto, la agrupación dijo mediante la misma red social que “es verdad que el señor Díaz quiso sorprendernos e infiltrarse en el partido con intenciones de postular a una alcaldía. Apropiadamente, no pasó nuestros filtros y se retiró a un partido que aceptara sus condiciones”.

El secretario general del partido liderado por César Acuña, Luis Valdez, dijo a El Comercio que el hoy ministro actualmente no está relacionado con su agrupación y que no conocía que se había presentado como candidato a regidor por Lima en el 2022. “No tenía conocimiento alguno. No mantiene ningún vínculo con APP. Sé que después estuvo en otro partido”, enfatizó.

Sobre cómo se dio su llegada al partido, Luis Valdez respondió: “No tengo idea, tal vez en su momento algún líder social (lo invitó), como llegan muchos. Pero en aquella fecha yo no era secretario general”.

Omar Chehade, quien fue el candidato de APP a la Municipalidad de Lima, recordó que el hoy ministro fue uno de los varios integrantes de su lista de regidores cuyas candidaturas fueron desestimadas. Sobre cómo llegó al partido y a la lista, dijo que “me parece que era conocido de uno de los fundadores del partido, Humberto Acuña”.

“Creo que él lo lleva. Humberto Acuña fue gobernador de Lambayeque y creo que trabajó de la mano con él en seguridad ciudadana allí. Y creo que le fue bien: en lo poco que lo conocí, era una persona que conocía bastante de inseguridad ciudadana. Era preparado en el tema, tanto así que en parte del plan de gobierno, en la seguridad ciudadana en Lima, él aportó bastante”, dijo.

Al momento de presentar su frustrada candidatura del 2022 ante el JNE, el nuevo ministro del Interior presentó una hoja de vida en la que debía declarar, entre otros aspectos, sus antecedentes judiciales. Allí, consignó tres procesos por demandas de alimentos. El más antiguo tiene como fecha de origen 1995, en la que un juzgado falló a favor de un “aumento de alimentos”.

Por este último proceso, según documentos judiciales a los que accedió El Comercio, una jueza de Lima ordenó en el 2024 a la Caja Militar Policial retener el 10% de su pensión mensual y otros beneficios que pueda recibir en favor de la madre de su hija, quien ya es mayor de edad.

Respecto a los otros dos procesos consignados por él mismo, de acuerdo con documentos judiciales, la mujer demandante (distinta a la del primer caso) y el hoy ministro llegaron a un acuerdo de conciliación en el 2019, respecto del cual un juzgado limeño tuvo que ordenar su ejecución.

De la revisión de los expedientes se desprende que ambos están ligados al mismo caso. El acuerdo, cuya ejecución más reciente fue ordenada por un juzgado en el 2022, fue para que el 20% de los ingresos como policía del general en retiro sean destinados a la demandante.

El Comercio también buscó la versión de Julio Díaz Zulueta respecto a estos procesos, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta nota. El lunes por la noche, el nuevo ministro y su antecesor, el censurado Juan José Santiváñez, participaron juntos en un evento por la seguridad ciudadana.