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FarándulaPor Óscar Libón
Una auditoría realizada por la Contraloría corroboró que hubo actos irregulares –que incluso configurarían delitos– en el proceso de licitación pública para la “construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga”, cuyo contrato por S/232,5 millones fue adjudicado por Provías Descentralizado en octubre último al consorcio Puente Tarata III, integrado por una empresa a la que asesoraba la lobbista Karelim López. La buena pro fue otorgada días después de que López visitó Palacio de Gobierno, tal como lo reveló una investigación de El Comercio en noviembre pasado.
Una auditoría realizada por la Contraloría corroboró que hubo actos irregulares –que incluso configurarían delitos– en el proceso de licitación pública para la “construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga”, cuyo contrato por S/232,5 millones fue adjudicado por Provías Descentralizado en octubre último al consorcio Puente Tarata III, integrado por una empresa a la que asesoraba la lobbista Karelim López. La buena pro fue otorgada días después de que López visitó Palacio de Gobierno, tal como lo reveló una investigación de El Comercio en noviembre pasado.
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Entre agosto y octubre, la gestora de intereses registra siete ingresos a la sede de gobierno para reunirse con el entonces secretario general Bruno Pacheco y el presidente Pedro Castillo.
Según el informe del órgano de control, el comité de selección del proceso de licitación pública benefició al postor ganador de la buena pro, al postergar irregularmente la etapa de presentación de ofertas. El acta suscrita el 6 de octubre del 2021 no fundamenta la decisión de postergación. Tampoco existe un sustento válido en los documentos del expediente de contratación, se indica.
Beneficio selectivo
El postor ganador no contaba con el certificado de poder de uno de sus consorciados, requisito obligatorio para la presentación de ofertas, se añadió en el documento difundido por la entidad.
“La comisión de control ha evidenciado que a la fecha de postergación de presentación de ofertas, la empresa Termirex S.A.C., conformante de consorcio Puente Tarata III, no contaba con el certificado de vigencia, requisito de presentación obligatoria en la propuesta”, se menciona en el informe.
El certificado fue obtenido por Termirex S.A.C. una semana después, el 11 de octubre.
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Auditoría se realizó tras la publicación de investigación de El Comercio.
Para la Contraloría, este hecho evidencia que el referido consorcio fue beneficiado, pues sin ese documento “no habría podido presentar una oferta válida, más aún tratándose de un requisito no subsanable en el procedimiento de selección”.
Como publicó este Diario, Karelim López asesoraba a Termirex S.A.C., que –junto a la española Tableros y Puentes S.A. y a la colombiana H.B. Estructuras Metálicas S.A.S.– integraba el consorcio que obtuvo la buena pro.
A fines de enero de este año, Provías Descentralizado anuló el contrato que firmó con el consorcio Puente Tarata III, debido a que se estableció que se habían infringido disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado.
Compañías vinculadas
En su informe, el órgano de control añade que los miembros del comité de selección de la licitación no advirtieron que las empresas que conformaban los consorcios que ocuparon el primer y segundo lugar tenían un impedimento legal por pertenecer al mismo grupo económico.
Se señala que los representantes legales y gerentes generales de las empresas tienen un vínculo de consanguinidad (hermanos) y un accionista en común, además de tener similar giro de negocio. No obstante, se permitió su participación en la presentación de ofertas y uno de ellos obtuvo la buena pro. Este hecho también fue evidenciado por El Comercio en diciembre pasado.
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Actos ilícitos
En la acción de control se hallaron indicios de delitos que habrían cometido dos miembros del comité de selección de la licitación: Víctor Valdivia Malpartida y Édgar Vargas Mas, funcionarios de Provías Descentralizado que habían calificado de manera favorable al consorcio ganador y a otros postores, a pesar de que el presidente del grupo de trabajo, Miguel Espinoza Torres, consideraba que ninguno de los proveedores cumplía la experiencia requerida y debían ser descalificados.
En tal sentido, la Contraloría notificó a la Procuraduría Anticorrupción con el fin de que se iniciaran las acciones legales contra los mencionados miembros titulares del comité de selección.
Estos habían sido promovidos a cargos en la Dirección Ejecutiva y Gerencia de Obras en la dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) unos días después de haber otorgado la adjudicación.
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Parte del informe de la Contraloría sobre las irregularidades en el proceso de licitación, que también está bajo investigación del Ministerio Público.
En el caso del presidente del comité, Miguel Espinoza, se determinó que tiene responsabilidad administrativa.
Los hechos referidos a esta licitación también se encuentran bajo investigación en el Ministerio Público, donde la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro tiene a su cargo las pesquisas.
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Versión de parte
Sobre este tema, el abogado de Termirex S.A.C., José Luis Francia, sostuvo que las conclusiones del informe de la Contraloría son errados.
“Es lo mismo que dice la fiscalía. No hay nada nuevo y son puntos equívocos”, respondió a este Diario.
Agregó: “Se ha probado que sí teníamos poder vigente y la postergación se debió a pedido de otro postor. Y sobre el vínculo familiar, no hay norma que lo impida, no es el mismo concepto de grupo económico que ha desarrollado el organismo de contrataciones”.
Pesquisa suspendida
En enero, la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar al presidente Castillo por esta licitación, pero la suspendió hasta que finalice su gobierno.
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