Unidad de Investigación
La noche del Viernes Santo, la fiscalía y la policía allanaron la vivienda de la presidenta Dina Boluarte ubicada en la calle Los Halcones, en el distrito de Surquillo. La diligencia, que duró unas cinco horas, fue parte de la investigación preliminar que se le sigue por el delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos.
La pesquisa, a cargo del área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, se inició el 18 de marzo último. Dos semanas después, y ante la inasistencia de Boluarte a dos diligencias programadas, el fiscal de la Nación encargado, Juan Carlos Villena, solicitó al Poder Judicial que autorizara el allanamiento de la casa de la mandataria y el Despacho Presidencial, en Palacio de Gobierno.
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El requerimiento fue aprobado por el juez supremo Juan Carlos Checkley el jueves pasado.
A las 10:55 p.m. del viernes, un equipo de 17 representantes del Ministerio Público, entre fiscales y asistentes, y personal de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, liderado por el coronel PNP Harvey Colchado, llegaron a la casa de la mandataria.
Ingresaron al inmueble tras golpear la puerta con un ariete. En la vivienda estaba uno de los hijos de Boluarte y tres personas más. La intervención acabó cerca de las 3:20 a.m.
Minutos después, el mismo equipo fiscal y policial llegó a Palacio de Gobierno para allanar el Despacho Presidencial.
Según manifestó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien estuvo en la sede del Ejecutivo desde la madrugada del sábado, Boluarte presenció la diligencia. En Palacio, la intervención terminó a las 9:20 a.m. aproximadamente.
Lo que se encontró
En una oficina ubicada en el segundo piso de la casa de Boluarte, que funciona como biblioteca, la fiscalía halló un tarjetero de la marca Rolex con un cuadernillo y un documento de garantía, que contenía el código 126284RBR. Este, según pudo conocer El Comercio, corresponde al modelo DateJust de Rolex. Esta información quedó consignada en el acta fiscal del allanamiento, que este Diario revisó.
En otro ambiente del tercer piso de la vivienda se encontró un estuche de la Casa Banchero, distribuidor de relojes y otras joyas de alta gama, además de “una pulsera dorada y un collar con dije de cruz”.
Este material fue incautado por la fiscalía. En el acta se remarca que no fue hallado ningún reloj de la marca Rolex.
En una entrevista a RPP realizada ayer en la mañana, Mateo Castañeda, abogado de Boluarte, informó que la fiscalía había encontrado alrededor de 10 relojes en la habitación de la presidenta. “Han constatado los relojes, han tomado fotografías y no ha sido incautado ninguno”, mencionó.
Evitó pronunciarse sobre las marcas de estos objetos.
Sin embargo, al cierre de esta edición, a través de su cuenta en X la Fiscalía de la Nación detalló que durante la diligencia “no se ubicó ni se produjo la entrega de los relojes Rolex por la presidenta de la República, pese a que se le requirió”. Además, descartó que esta intervención “haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva”.
Evasivas
El 19 de marzo, se emitió una disposición fiscal con la cual se aprobaron dos diligencias claves en la investigación a la jefa del Estado. La primera era la exhibición de los relojes de Boluarte; la otra era la toma de su declaración. Ambas actividades estaban programadas para el 26 y 27 de marzo.
Según la fiscalía, “a pesar de encontrarse debidamente notificada”, la mandataria no asistió ni colaboró con ninguna de las acciones previstas.
Su abogado Mateo Castañeda presentó un documento ante la fiscalía para solicitar la reprogramación de las diligencias. El oficio tenía como fecha el 25 de marzo. Sin embargo, de acuerdo con la resolución judicial, fue recibido por la fiscalía el mismo 26, fecha en la que debía darse la exhibición de los relojes.
El argumento de la defensa fue que Boluarte tendría una “recargada agenda” durante dos semanas consecutivas.
Ese día, la fiscalía consignó en un acta la inasistencia de Boluarte y de su defensa a la actividad programada.
El 27 de marzo, a las 8 a.m., la fiscalía acudió a la casa de la jefa del Estado para recoger su declaración. En este punto, el personal policial encargado del resguardo de la vivienda informó a la fiscalía que Boluarte se encontraba en el inmueble. Sin embargo, luego negaron esa afirmación.
Posteriormente, la capitán PNP Edith Alvarado le indicó a la fiscalía que, “por información del jefe encargado de la División de Seguridad Presidencial, el comandante PNP Morales Alva [quien previamente se había comunicado con la investigada], el personal fiscal podía constituirse a Palacio de Gobierno para notificarle a la investigada”.
Dejaron la notificación en la casa de la presidenta para dirigirse luego a Palacio. El mismo personal fiscal llegó a la sede del Ejecutivo a las 9:10 a.m.
En ese lugar, el consultor de la subsecretaría general del Despacho Presidencial, Gerardo Zárate Alcántara, informó que la mandataria “no estaba disponible y que se podía dejar la cédula de notificación”.
La fiscalía lo hizo; sin embargo, remarcaron que llegaron a Palacio porque previamente en la casa de Boluarte los policías encargados del resguardo informaron que “la investigada se encontraba en Palacio de Gobierno y que en este lugar iba a atender al personal fiscal”, lo cual no ocurrió.
Detalles del pedido fiscal
Para la fiscalía y el Poder Judicial, las diligencias que no fueron atendidas por Boluarte eran de “especial relevancia” por tratarse de acciones que permitirían la corroboración de la existencia de los relojes de alta gama.
Calificaron de “indispensable” aplicar la medida que, además del allanamiento, implicaba el descerraje, registro domiciliario e incautación de bienes vinculados a la investigación. En la resolución judicial se remarca que existía el riesgo de que los bienes relacionados al caso puedan ser “destruidos, extraviados o modificados”.
El juez Checkley también aprobó el registro vehicular solicitado por el Ministerio Público.
Como sustento, la fiscalía presentó la declaración del gerente general de la Casa Banchero, Héctor Banchero Herrera, quien mencionó que para determinar la originalidad de este tipo de relojes era necesario “contar físicamente con ellos”.
La fiscalía también solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones, pero esto no fue aprobado por el Poder Judicial. Según la resolución, esa medida no estaba relacionada con el recojo de relojes Rolex.
Hipótesis fiscal
Según la resolución judicial, que recoge el sustento de la fiscalía, Dina Boluarte se habría aprovechado de los cargos que ocupó como ministra y ahora como presidenta de la República para incrementar “ilícitamente su patrimonio respecto a sus ingresos legítimos”.
De acuerdo con el documento, Boluarte sumó a su patrimonio tres relojes de alta gama de la marca Rolex que se encuentran valorizados en US$32.000 en total.
Además, se le imputa haber omitido información respecto de esos bienes en sus declaraciones juradas durante el período 2021-2023.
“Es una medida absolutamente innecesaria y lo es porque nosotros pedimos una sencilla reprogramación”.
En conferencia de prensa, su abogado Mateo Castañeda calificó de desproporcionada la medida que adoptó la fiscalía. Afirmó que Boluarte respondería primero al Ministerio Público antes que a la ciudadanía.
La declaración de Boluarte sería reprogramada para el próximo viernes, informó su abogado Mateo Castañeda.
El portal La Encerrona publica una investigación sobre los relojes de Dina Boluarte, entre los que identifica uno de la marca Rolex.
En declaraciones a medios de comunicación, especialistas en relojes identifican tres Rolex usados por Boluarte.
La Fiscalía de la Nación inicia diligencias preliminares contra la presidenta por el delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos.
Se emite la disposición fiscal con la que se aprueba la diligencia de exhibición de relojes de Boluarte.
Boluarte emite un pronunciamiento, en el que afirma que declarará con “la verdad” ante el Ministerio Público.
La fiscalía recibe un oficio (con fecha del 25 de marzo) de Mateo Castañeda, abogado de Boluarte, en el que solicita reprogramar la diligencia de exhibición de relojes y su declaración.
La fiscalía registra en un acta la “inasistencia” de Boluarte y de su abogado a la diligencia programada y previamente notificada.
8:00 a.m.: La fiscalía acude a la casa de Boluarte en Surquillo, pero personal de resguardo policial informa que podían presentarse en Palacio de Gobierno. Se retiran a las 8:20 a.m.
9:10 a.m.: La fiscalía se presenta en Palacio de Gobierno, pero les indican que Boluarte no estaba disponible.
Por la noche, personal fiscal y policial allana la casa de Boluarte en Surquillo.
En la madrugada del sábado, la fiscalía y policía allanan las oficinas de Palacio de Gobierno.
En un mensaje a la nación que dio por la tarde, Boluarte informa que, por recomendación de su abogado, solo declarará a la fiscalía sobre el Caso Rolex.