La “prueba nueva”: el camino de la fiscalía para incorporar las declaraciones de José Miguel Castro en juicio a Susana Villarán

“No, no se cae, eso lo tengo que negar. El juicio se inicia el 23 de setiembre, esperemos que se permita la instalación del juicio oral y que las defensas [de los acusados] no realicen medidas que frustren esto. Esperamos que las sesiones sean diarias”, afirmó Pérez a El Comercio.

A Villarán de la Puente se le imputan los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita, colusión, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Esto por supuestamente haber encabezado una red criminal que lavó más de US$11 millones de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, y la peruana Graña y Montero, mediante sus campañas del No a la Revocatoria (2013) y de su fallida reelección (2014).

Castro- de acuerdo con el auto de enjuiciamiento, de 1953 páginas- formó parte de la cúpula de la organización criminal, junto con Villarán. Y desde junio de 2020, se acogió a un proceso como colaborador eficaz, que quedó inconcluso con su deceso.

A raíz de esta situación, diferentes abogados penalistas advirtieron que la información que aportó en esta condición no podrá ser utilizada en el juicio oral en contra de la exalcaldesa de Lima.

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Al respecto, Pérez Gómez dijo que, tras el fallecimiento del exgerente general de la comuna limeña, no solo se extingue su solicitud de colaboración eficaz, sino también las investigaciones que se le seguían, entre ellas por asociación ilícita, colusión y lavado de activos por el Caso Lava Jato.

No obstante, el fiscal remarcó que las pruebas documentales que Castro aportó y “que corroboran” sus palabras se encuentran en el auto de enjuiciamiento y que la información que brindó como aspirante a colaborador eficaz no la reservó solo para este proceso. “Él declaró en la investigación”, complementó.

Por ello, adelantó que una vez que inicie el juicio oral a Villarán y a los otros imputados, él solicitará al Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada admitir como prueba nueva, las declaraciones que brindó como imputado.

“Al haberse producido su deceso, se debe solicitar a los jueces para que se puedan leer las declaraciones que Castro brindó, en la etapa del juicio que corresponda. El juicio se instala el 23 de setiembre, luego vienen los alegatos de apertura y después la prueba nueva. En ese momento, es una oportunidad para solicitar que todas las declaraciones que brindó en la investigación se incorporen y sean objeto de lectura [...] No son declaraciones que solo estén reservadas para el proceso de colaboración eficaz, sino que están dentro de la investigación”, manifestó Pérez.

El representante del Ministerio Público remarcó que las declaraciones de la exautoridad edilicia también sirvieron para iniciar investigación por el Caso Línea Amarilla y para que su oficina solicite la suspensión del cobro de los peajes en esta vía.

Pérez explicó que el 12 de julio “era la fecha límite” para definir si Castro accedía o no a una sentencia como colaborador eficaz. Agregó que el último martes, el ex gerente general de la comuna capitalina acudió a su oficina, donde se entrevistó con una fiscal adjunta y que no reportó que su vida estaba en peligro.

“Se están tomando acciones [a raíz de este deceso]. El fiscal Rafael Vela, como coordinador del equipo especial, está tomando las acciones debidas sobre cómo abordar el nivel de seguridad y protección que deben tener los testigos más importantes de este juicio y de otros. Lo que ha ocurrido ayer [domingo con Castro] nos ha tomado por sorpresa”, acotó.

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Derivado a la Dirincri

Fuentes de El Comercio indicaron que la investigación sobre la muerte de Castro ha sido trasladada de la comisaría de Miraflores a la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, al interior de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Agregaron que aún no se ha determinado la causa del deceso y que no se puede descartar, por el momento, ninguna hipótesis.

Otras fuentes refirieron que se espera que los resultados de la necropsia al ex gerente municipal estén listos en las próximas horas.

En el parte que levantó la comisaría de Miraflores, la Policía Nacional detalló que llegó a la casa de Castro a las 11:50 a.m., luego de recibir una llamada de su padre de 81 años.

Este indicó que vio por última vez a su hijo a las 10 p.m. del sábado 28 de junio y que, al día siguiente, el domingo 29 de junio, a las 10:15 a.m. se percató que al interior del baño estaba el ex gerente municipal tendido en el piso.

El documento, al que tuvo acceso este Diario, señala que un paramédico constató la muerte de Castro por un “corte en el cuello de 14 centímetros”.

Asimismo, la policía constató que al interior de los servicios higiénicos había dos cuchillos y un celular. También remarcaron que la chapa de la puerta “habría sido manipulada”.

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El caso “está debilitado”

El ex viceministro de Justicia Gilmar Andía consideró que el juicio oral en contra de Villarán de la Puente “definitivamente, pierde fuerza”, tras la muerte de Castro. Añadió que se debe ver qué tan cierto es que el exgerente general de la Municipalidad de Lima dijo como aspirante a colaborador eficaz lo señaló también como imputado.

“Sí, la fiscalía puede solicitar que todas las declaraciones que dio Castro como testigo e imputado se incorporen en el juicio, y que se den lectura de estas, es válido. Pero el único que sabrá si dijo lo mismo como aspirante a colaborador eficaz será el fiscal Pérez. El caso está debilitado”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Andía también criticó que la exautoridad edilicia, a poco más de cinco años de haber iniciado su acogimiento a la colaboración eficaz, no haya contado con una sentencia que homologue esta condición o que la rechace.

“El proceso de colaboración eficaz está a cargo estrictamente del fiscal, los actos de corroboración le corresponden al fiscal y al colaborador. Este último debe aportar elementos para corroborar sus declaraciones. Que no se haya llegado a una sentencia que homologaba el acuerdo o lo rechazaba es de responsabilidad absoluta del Ministerio Público”, expresó.

Dijo que “hace tiempo”, la fiscalía debió cerrar el acuerdo de colaboración. “Las consecuencias son las que ahora vemos, que todo el proceso de delación de Castro va a tener que archivarse”, sostuvo.

El ex viceministro de Justicia, además, subrayó que las circunstancias de la muerte de Castro y de personajes clave en otras investigaciones- como Andrea Vidal, ex trabajadora del Congreso; o el empresario Nilo Burga, implicado en la red de corrupción en Qali Warma- debe llevar a reflexionar al sistema de justicia y “tener más cuidado con los colaboradores eficaces y los testigos protegidos”.

“La protección de identidad debe ser reforzada, porque todo el mundo termina sabiendo quién es colaborador eficaz, o un testigo protegido, se ha perdido la esencia de la reserva de la identidad”, acotó.

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Sin contrainterrogatorio

El abogado Enrique Ghersi refirió que el deceso de Castro deja el proceso penal en contra de Villarán y otros en “una fragilidad muy grande”, porque si bien el fiscal Pérez puede solicitar que se incorporen sus declaraciones como imputa, ya estas no serán objeto de un contrainterrogatorio por parte de las defensas de los investigados.

“El señor Castro era un testigo de cargo de la fiscalía, para que su testimonio sea válido debe ser objeto de debate en el proceso, de un contrainterrogatorio de la defensa y de la procuraduría. Por eso, existe la garantía del debido proceso. Todas esas declaraciones unilaterales que él pudo haber dado en presencia de un fiscal tienen una relevancia menor”, expresó.

En diálogo con este Diario, el letrado precisó que el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima no se va a caer por la muerte de su ex brazo derecho, porque hay más de 500 testigos convocados y otros colaboradores eficaces. Pero subrayó que el Ministerio Público “ha perdido a un delator muy importante y eso puede afectar el resultado del proceso”, remarcó.

Ghersi sostuvo que la responsabilidad por la no homologación de la colaboración eficaz de Castro es compartida entre la fiscalía y la defensa del exgerente municipal.

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La postura de Villarán

Merly Edquen Olivera, abogada de Villarán de la Puente, dijo que la exalcaldesa de Lima está “bastante conmocionada” y que no creía la noticia sobre la muerte de Castro. Agregó que su clienta ofrece su más sentido pésame a la familia de su otrora brazo derecho.

En declaraciones a RPP Noticias, Edquen Olivera rechazó que su patrocinada se beneficiara con el deceso del exgerente municipal. “Él era la persona que podía aclarar o desvirtuar todo sobre los aportes de campaña que se dieron [...] Al momento que fallece, él no había reconocido que se habían cometido actos de corrupción. Para nosotros, no poder realizar el contrainterrogatorio representa una desventaja”, complementó.

Consideró que la muerte de Castro “les quita fuerza a todos”, entre ellos al Ministerio Público y a las defensas de los imputados.

Además, señaló que, si las declaraciones que dio Castro no cumplen con los requisitos legales, ella se opondrá a que se incorporen al proceso.

“Si esas declaraciones cumplen con los requisitos y son viables legalmente hablando pues no habría ningún problema para que se oralice”, expresó.

La abogada de Villarán señaló que su patrocinada solamente ha reconocido haber recibido aportes de campaña de Odebrecht y OAS, pero no actos de corrupción en su administración en Lima. Añadió que la imputación de lavado de activos y “todo lo demás, el Ministerio Público lo debe probar en el juicio oral”.

Además…

Castro, el número 2 de la organización

En el auto de enjuiciamiento a Villarán y otros exfuncionarios edilicios, se recoge la hipótesis del Ministerio Público sobre el rol que cumplió Castro en la presunta red criminal que encabezó la exalcaldesa de Lima. Por ejemplo, el fiscal Pérez apunta a que esa organización, que operó al interior de la comuna capitalina, recibió activos ilícitos de las brasileñas Odebrecht y OAS y de la firma peruana Graña y Montero. Esto a cambio de que dichas constructoras “sean favorecidas con proyectos de concesiones”.

Castro, como gerente general de la Municipalidad de Lima, habría ejercido el cargo de “jefe del área de captación de activos ilícitos” en la organización criminal. Esta situación, agrega la fiscalía, “implicaba” que contará con un poder de mando sobre los demás integrantes de la red.

“En consecuencia, los imputados Susana Villarán de la Puente y José Miguel Castro Gutiérrez, formaban parte de la cúpula y/o núcleo duro de la organización criminal, quienes se relacionaban de manera horizontal entre ellos y de forma vertical para con los demás miembros de la organización”, se lee en el documento.

Por debajo de Villarán y Castro, existían otros dos niveles. Uno estaba conformado por las áreas de captación y recolección de activos ilícitos, de administración de estos y de la ley. Y en la subsiguiente se ubicaban el resto de los otros 12 integrantes.

En julio de 2020, El Comercio dio cuenta de las primeras declaraciones que brindó el exgerente municipal, como aspirante a colaborador eficaz. Este había renunciado a su código.

Entonces, Castro refirió que fue el intermediario para recibir los aportes de Odebrecht y OAS y reveló que la administración de Villarán también le solicitó una donación a Graña y Montero. Y, además, contó que la exalcaldesa utilizó S/400 que quedaron de la campaña de reelección en 2014 para crear la fundación Unidos para Transformar, que ella presidió.

En los registros internos de Odebrecht, figuraba bajo el codinome “Budián”.

En su delación, el exgerente municipal también implicó a otros exfuncionarios edilicios y políticos cercanos a la exburgomaestre.

La fiscalía también indagó sobre la participación de Castro en la creación de una cuenta bancaria en la Banca Privada de Andorra, a nombre de Gabriel Prado, exgerente de seguridad ciudadana. La cuenta tenía como fin recibir dinero de las constructoras.

En mayo del 2019, el Poder Judicial dictó 24 meses de prisión preventiva contra Castro, pero al año siguiente, debido a los riesgos por la pandemia del Covid-19, se le varió por 12 meses de detención domiciliaria.  

Más información

Odebrecht y OAS mantuvieron inversiones en infraestructura durante la gestión de Villarán. Odebrecht lideraba el proyecto de Rutas de Lima, mientras que OAS ejecutaba la obra Vía Parque Rímac (hoy Línea Amarilla). De acuerdo con la Fiscalía, los pagos ilegales habrían sido recompensados con condiciones favorables en las concesiones.