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Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) arribará al país la próxima semana con el propósito de analizar y registrar los persistentes y graves atentados contra la libertad de prensa y expresión que se atribuyen al Estado. La decisión de enviar a sus representantes responde a una invitación extendida por el Consejo de la Prensa Peruana.
Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) arribará al país la próxima semana con el propósito de analizar y registrar los persistentes y graves atentados contra la libertad de prensa y expresión que se atribuyen al Estado. La decisión de enviar a sus representantes responde a una invitación extendida por el Consejo de la Prensa Peruana.
Según los informes semestrales elaborados por esta entidad continental, el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en el Perú se encuentra bajo fuerte presión por parte de los tres poderes del Estado, además del Ministerio Público, gobiernos regionales y otras instancias gubernamentales. Un reflejo de esta situación es que Perú ha experimentado el mayor descenso en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa en los últimos dos años, un estudio independiente desarrollado para la SIP. Actualmente, el país está catalogado dentro de la categoría de alta restricción.
Los países con alta restricción son Honduras, Perú, Guatemala, Bolivia y El Salvador, de acuerdo con el Índice Chapultepec del 2024. Perú tuvo un descenso de cuatro posiciones con relación al período previo, mientras que Honduras repitió como cabeza del grupo.
Clima hostil
La visita de la SIP se enmarca en un contexto político convulso. Se producirá pocos días después de que la presidenta Dina Boluarte intensificara sus ataques contra la prensa y el Ministerio Público, acusándolos de confabular para desestabilizar su gobierno. Las declaraciones de la mandataria fueron hechas tras el allanamiento de la vivienda del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, investigado por presunto abuso de autoridad. Durante un acto oficial, Boluarte minimizó las pesquisas y calificó la diligencia fiscal como parte de un “golpe de Estado blando”, al que supuestamente contribuirían algunos medios de comunicación.
Estos señalamientos han sido interpretados por expertos y asociaciones de prensa como un intento de desacreditar la labor periodística y fiscalizadora en el país. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) advirtió que se trata del ataque más grave de Boluarte contra el periodismo hasta la fecha, mientras que el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) exigió a la presidenta que respete la independencia de ambas instituciones. En tanto, el Consejo de la Prensa Peruana alertó que este tipo de discursos hostiles puede alentar nuevas restricciones contra la libertad de prensa.
El grupo de representantes que visitará el país estará conformado por José Roberto Dutriz, quien preside la organización y dirige el periódico “La Prensa Gráfica” de El Salvador; Roberto Rock, ex titular de la SIP y director del medio mexicano “La Silla Rota”; Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la SIP, titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director del diario argentino “La Voz del Interior”; y Carlos Lauría, director ejecutivo de la organización, quien viajará desde Estados Unidos. Durante su estadía, prevista entre el lunes 10 y el miércoles 12, contarán con el respaldo del Consejo de la Prensa Peruana.
La agenda de la SIP incluye reuniones con periodistas que han sido objeto de acoso, ejecutivos de medios de comunicación, representantes de asociaciones periodísticas y miembros del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. También sostendrán encuentros con académicos, intelectuales y analistas políticos destacados.
El Consejo de la Prensa Peruana informó que se solicitó audiencias con las principales autoridades del país –entre ellas, la presidenta Dina Boluarte; la fiscal de la Nación, Delia Espinoza; el titular del Congreso, Eduardo Salhuana; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; y el ministro de Cultura, Fabricio Valencia–, pero hasta el momento ninguno de ellos ha confirmado su disponibilidad. Únicamente el primer ministro Gustavo Adrianzén ha aceptado reunirse con la delegación.
La Oficina de Comunicaciones del Congreso respondió que, hasta el momento, el despacho de Salhuana no ha recibido ningún documento formal para pactar la reunión.
Expectativa
El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar Zimmermann, explicó que el objetivo principal de la visita es documentar e investigar la situación de la libertad de expresión y de prensa en el Perú, así como analizar el contexto político que propicia la censura, el hostigamiento a periodistas y las restricciones al ejercicio periodístico.
“Desde el Consejo de la Prensa Peruana, lo que buscamos es profundizar en el ámbito internacional la dramática situación que vive la prensa en el Perú. Digo profundizar porque nosotros ya presentamos cada semestre informes a la CIP, participamos en directorios y comités con instituciones de prensa de varios países y están al tanto de lo que pasa en el Perú, pero muy distinto es que ellos vengan a sentirlo. [...] Buscamos que delegaciones internacionales vengan al Perú y vean que el Perú no es realmente una democracia al 100%, porque en una democracia no se vulnera de esa manera la libertad de expresión”, agregó en diálogo con El Comercio.
Consultado sobre los factores que llevaron al Perú a descender en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, destacó cuatro aspectos claves: la impunidad en casos de periodistas asesinados debido a un sistema de justicia ineficaz, la persecución judicial contra comunicadores, el discurso agresivo y estigmatizante desde los poderes del Estado y la manipulación de medios públicos, como en el caso de TV Perú.
El pasado 20 de enero, el periodista Gastón Medina Sotomayor, propietario y director de Cadena Sur TV, fue asesinado a tiros frente a su vivienda en Ica. Medina se destacaba por su actitud cuestionadora frente a las autoridades locales.
Escalada de ataques
El abogado Roberto Pereira, especializado en libertad de expresión, destacó que la problemática de ataques a la prensa llegó a un pico importante en el gobierno de Pedro Castillo y se agudizó en la gestión de Boluarte, tras las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales. Luego se complicó aún más con las denuncias periodísticas contra la presidenta por el Caso Rolex y otros hechos que arrojan indicios de corrupción en el gobierno.
“Desde mi punto de vista, eso hizo que desde el Ejecutivo, no solo la presidenta, sino también algunos ministros, ataquen a la prensa, deslegitimen la función de la prensa en una clara desesperación. [...] Es una torpeza del gobierno porque la prensa está cumpliendo su función, como en cualquier democracia. Si el Ejecutivo no entiende esto, entonces no está entendiendo una parte importante de gobernar democráticamente”, resaltó.
Pereira alertó que los ataques verbales contra la prensa pueden desencadenar en situaciones de violencia física, como ya se ha visto en la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y en Ecuador durante la gestión de Rafael Correa.
“Los funcionarios públicos deben ser conscientes de que están sometidos a un máximo escrutinio por parte de la opinión pública mediante la prensa. [...] No pueden responder con insultos o asociando a la prensa con fines ilícitos como dar un golpe de Estado. [...] Pero no solamente eso está ocurriendo a nivel del Poder Ejecutivo, sino también de la alcaldía de Lima. El alcalde de Lima [Rafael López Aliaga] claramente evidencia un patrón de ataque permanente a la prensa”, destacó.
El informe que la SIP elabore tras su visita servirá como un termómetro de la situación en Perú ante la comunidad internacional.
El Ministerio Público archivó la denuncia del abogado Juan Peña Flores, defensor legal del exministro Julio Demartini, contra los periodistas Christopher Acosta y Pedro Tenorio, de Latina Televisión, por presunta revelación de la identidad de un colaborador eficaz en el Caso Qali Warma.
Latina Noticias informó el último martes que la fiscalía resolvió que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria y dispuso el archivamiento definitivo de todos los actuados.
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