La procuraduría anticorrupción ha solicitado al Ministerio Público que se tramite el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz y César Prado, en un atentado contra la libertad de prensa y de expresión, todo como parte de una investigación contra la fiscal Marita Barreto.
En la providencia, que fue incorporada en la investigación a cargo de la Primera Fiscalía Superior Especializada Anticorrupción de Lima Centro, se detalla la solicitud de la procuraduría fue formulada el 21 de agosto de este año.
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Ahí se detalla que el planteamiento es para que el Ministerio Público solicite el levantamiento del secreto de las comunicaciones, tanto de Barreto, como de los periodistas César Prado de IDL-Reporteros y Rodrigo Cruz de Latina.
La procuraduría justifica este pedido en una declaración testimonial brindada por Miguel Girao, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y quien permaneció más de dos meses cumpliendo prisión preventiva por la investigación en su contra por presunta organización criminal.
Originalmente, el pedido era para acceder a las comunicaciones de los periodistas y la fiscal en los periodos de mayo del 2022 y junio y julio del 2024, cuando se emitió un reportaje sobre Eficcop en Latina.
Sin embargo, la fiscalía solo admitió el pedido correspondiente a mayo del 2022 por considerar que es “impertinente” querer acceder a comunicaciones en el 2024, lejos del periodo cuando supuestamente ocurrieron los hechos investigados.
Latina denuncia atentado contra la libertad de expresión
Tras conocer esta información, Latina se pronunció para denunciar esta actuación como un nuevo intento del Gobierno de querer atentar contra la libertad de expresión por querer acceder a comunicaciones de un periodista como Rodrigo Cruz.
“El reportero de Punto Final investiga al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y dio a conocer el caso ‘Cofre’. Esto resulta inconstitucional y viola los estándares internacionales. Además, pone en riesgo el periodismo de investigación en el país dejando un peligroso precedente“, destacó el medio de comunicación.
En diálogo con El Comercio, Roberto Pereira, abogado de Latina, calificó de “torpeza” y de “muy grave” la decisión y advirtió que pone en riesgo de las fuentes periodísticas y a toda la prensa.
“Es muy grave y preocupante que la fiscalía haya aceptado”, añadió.
Anunció que presentaran un escrito oponiéndose a la decisión de la fiscalía con la finalidad de que retroceda en la incorporación del planteamiento en la carpeta fiscal..
Afirmó que no se ha revelado nada irregular en el comportamiento de Rodrigo Cruz y subrayó que es grave que quieran criminalizar la labor periodística afectando gravemente el secreto de la fuente.
Finalmente, advirtió que se trata de un mal precedente para futuros casos en los que a funcionarios no les guste un reportaje.
