Lesa humanidad: Estos son los casos que se archivarían si se aprueba dictamen del Congreso, según advierte la fiscalía

La junta señaló que la aplicación de la propuesta parlamentaria resultará “inviable jurídicamente”, ya que “la acción penal y sanción por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles”.

“Se generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares”, aseguró mediante un comunicado. Precisó que se afectará a más de 550 víctimas.

Además, aseveró que se trata de una propuesta “evidentemente inconstitucional”, por ser incompatible con la legislación supranacional en materia de derechos humanos. Esa legislación - precisó la junta - establece que los estados no pueden emitir disposiciones de amnistía o prescripción, ya que están en la obligación de investigar las graves violaciones a los derechos humanos.

El dictamen aún está pendiente de ser sometido a segunda y definitiva votación. En la primera se aprobó por mayoría luego de un accidentado debate. Fue respaldado principalmente por las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Podemos Perú.

La propuesta fue presentada ante el pleno del Congreso por la Comisión de Constitución, que preside Martha Moyano (Fuerza Popular). Se basa en un proyecto de ley promovido por los congresistas José Cueto (Honor y Democracia) y Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular).

La iniciativa parlamentaria señala que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor en el ordenamiento jurídico peruano recién el 1 de julio 2002; y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, el 9 de noviembre de 2003.

Así, dispone establecer que los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de ambos tratados internacionales “prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional”. Y que cualquier sanción impuesta, ya sea a nivel administrativo o judicial, que contravenga ello es “nula e inexigible”.

Rospigliosi dijo a El Comercio que el pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos “es una intromisión absolutamente inaceptable en las labores legislativas”.

“Ellos no están ni para interpretar las leyes ni para decir qué leyes se aprueban y cuáles no. Ellos tienen que aplicar las leyes. [...] Es increíble el atrevimiento de esta gente. Están tratando de ser no solo fiscales, sino convertirse en legisladores”, señaló.

El congresista de Fuerza Popular defendió su propuesta legislativa y dijo esperar que el pleno del Congreso la someta a segunda votación este viernes 14.

“No se puede aplicar retroactivamente [el Estatuto de Roma y la convención]. Además, la lesa humanidad no está tipificada en el Código Penal. Este no dice cuáles son las características para que un delito se considere lesa humanidad y no hay una pena por lesa humanidad. Lo que es inviable es lo que ya han hecho jueces y fiscales”, agregó.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió el jueves último requerir al Estado peruano que suspenda inmediatamente el trámite legislativo del proyecto.

La corte precisó que la suspensión se daría hasta que cuente con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre una solicitud de medidas provisionales presentada por las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta un día después de la aprobación del proyecto en primera votación.

Además, convocó al Estado peruano, a los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una audiencia virtual para este lunes.

En tanto, la fiscalía aseguró que, de aplicarse dicha norma, se archivarán aproximadamente 600 casos. Entre ellos, casos emblemáticos como:

El 16 de julio de 1984, miembros de Sendero Luminoso interceptaron un bus de la empresa de transporte Cabanino en su ruta hacia Soras (Ayacucho). Y en cada parada del trayecto, en Sontohocha, Paclla- Chalapuquio, Badopampa, Sayropampa, Doce Corral, Yanama, Sayhua y Chaupihuasi, asesinaron con picos, piedras y armas de fuego a decenas de personas.

Esa matanza fue una represalia a la decisión de los comuneros de aliarse para luchar contra el grupo terrorista.

El caso está en manos de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos, que ya presentó acusación. Hay ocho procesados por desaparición forzada y homicidio calificado en contexto de lesa humanidad. En tanto, se determinó que hubo 81 víctimas.

Consultado por las consecuencias del dictamen en el Caso Soras, Rospigliosi respondió: “El principio de no retroactividad de la ley tiene más de dos mil años en occidente, desde el derecho romano. Esta gente quiere interpretar la ley a su antojo. Si han sido tan incompetentes que no han podido llevar adelante procesos por sucesos ocurridos hace 30 o 40 años, bueno pues, habrá que pedirle cuentas a ellos”.

Este caso podría involucrar al expresidente Ollanta Humala, quien fue capitán del Ejército y jefe de la base militar de Madre Mía en 1992.

La fiscalía abrió investigación hace siete años “contra quienes resulten responsables” por presuntas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones (crímenes de lesa humanidad) ocurridos en la mencionada base militar contrasubversiva, en el Alto Huallaga, en las décadas de 1980 y 1990.

En diciembre último, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra nueve implicados en el caso, por delito de desaparición forzada de personas en agravio de Jorge Ávila, Natividad Ávila y Benigno Sullca.

En enero de 1992, agentes del Grupo Colina asesinaron a seis personas en las comunidades de Caraqueño y San José, en Pativilca (Barranca). En julio de ese mismo año asesinaron a nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta. Por estos casos hay 26 procesados y 16 víctimas.

Por Pativilca, el expresidente Alberto Fujimori enfrenta un juicio oral. La fiscalía le imputa el delito de homicidio calificado, en la modalidad de asesinato con alevosía, en un contexto de lesa humanidad. Requiere en su contra 25 años de cárcel.

En tanto, el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos fue condenado a 19 años y 8 meses de prisión en febrero pasado.

No obstante, el abogado Elio Riera, defensor legal de Fujimori, adelantó a El Comercio que, de aprobarse el dictamen en segunda votación, se acogerán a la ley para que el caso quede prescrito.

Riera mencionó que con la norma se garantizaría el principio de imputación necesaria; es decir, que una persona no puede ser investigada o procesada por hechos que no eran regulados como delitos.

En noviembre de 1983, integrantes del Ejército Peruano (EP) detuvieron a ciudadanos de Pichari (Cusco) y Sivia (Ayacucho) y los trasladaron a la base militar de Pichari. Luego los ejecutaron y sepultaron en sitios de entierro clandestino como represalia a la emboscada a una patrulla militar, en la que falleció el capitán EP Juan Davelouis Salazar.

Hay cuatro procesados por este caso, que está en manos de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en derechos humanos. Se consideran los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y desaparición forzada.

En diciembre de 1984, hombres y mujeres de las localidades de Cayramayo, Vizcatampata, Orccohuasi y Putis, en Huanta (Ayacucho) fueron ejecutados por efectivos del Ejército en la comunidad de Putis. Fueron reunidos por militares con engaños, cavaron una fosa y luego los acribillaron.

Los asesinaron porque tenían sospecha de que estaban vinculados a la subversión, de acuerdo con las investigaciones.

El caso se encuentra en juicio oral, con tres procesados por homicidio calificado.

En junio de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, los reos del penal de la Isla “El Frontón”, entre ellos acusados o sentenciados por terrorismo, iniciaron un motín con armas de fuego y proyectiles de fabricación artesanal.

Las acciones militares para restablecer el orden incluyeron, según testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la ejecución extrajudicial de reos que ya se habían rendido.

Por este caso, considerado complejo, hay 35 procesados por homicidio calificado, entre oficiales y suboficiales de la Marina en retiro. Ya se encuentra en fase de juicio oral.

En la década de 1980, Sendero Luminoso asesinó a por lo menos 43 personas en su intento por controlar la Universidad Nacional del Centro, en Huancayo, que fue escenario de una lucha entre ese grupo terrorista, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y las fuerzas del orden.

De acuerdo a la investigación de la CVR, miembros de las fuerzas del orden realizaron detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones que comenzaron a intensificarse en 1990 y alcanzaron su punto más alto en 1992, como respuesta a los ataques de Sendero.

El caso se encuentra en juicio oral. Hay 8 procesados por homicidio calificado y desaparición forzada.

Otros casos emblemáticos en riesgo son Chuschi, Huanta 84, Barrios Altos y el Santa - Aldo Velásquez, Huancapi, Cedruyo, Humaya Chambara, Paccha, Hilario Trucios, Mamérita Mestanza, Sobres Bomba, Castro Castro, Accomarca y Galván Borja.

La Junta de Fiscales Supremos señaló que la aprobación definitiva del dictamen incluso “impactaría de manera directa en los casos ya sentenciados”.

El detalle de los casos y la postura del Ministerio Público en el siguiente informe que se encuentra en manos del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.