Los nexos de los asesores en la sombra de Patricia Benavides con casos claves que la fiscalía investiga

Dentro del Ministerio Público, Patricia Benavides tenía un grupo de extrema confianza, que incluía a fiscales y asesores como Jaime Villanueva, implicado en la investigación del Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) sobre la presunta organización criminal que encabezaría la suspendida fiscal de la Nación.

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Pero además de ese círculo que estaba en el Ministerio Público, Benavides tenía dos asesores en la sombra, según la indagación fiscal: el abogado José Luis Hauyón y el exministro del segundo gobierno aprista Hernán Garrido Lecca. Ambos personajes no solo están conectados con casos emblemáticos que el Ministerio Público investiga; de acuerdo con las fuentes de El Comercio, Hauyón también ayudó a Benavides en su carrera fiscal.

Benavides conoció a Hauyón en la década de los noventa y, por intermedio de este, llegó a Garrido Lecca. El vínculo de Benavides y Hauyón fue a través del actual ministro de Justicia, Eduardo Arana, de quien la fiscal suspendida fue muy cercana, según las fuentes de este Diario. Desde entonces, entre ella y el abogado hubo una relación estrecha, que se mantiene hasta la actualidad.

El nexo entre Garrido Lecca y Hauyón también se remonta a los noventa, pero se fortaleció cuando el primero fue titular de Salud del segundo gobierno de Alan García (2007-2008). En esa etapa, indicaron las fuentes, Hauyón fue consultor del entonces ministro.

Además, el estudio jurídico Hauyón & Hauyón Abogados Economistas, fundado en el 2002 por Hauyón, ha ejercido la defensa legal de Garrido Lecca en escándalos como el de los ‘petroaudios’, que se remonta a su etapa como ministro del segundo gobierno aprista.

El estudio también defiende a la jueza Enma Benavides, hermana de la suspendida fiscal de la Nación, en la investigación que se le sigue por el presunto cobro de sobornos a narcotraficantes para liberarlos de la cárcel.

Como es conocido, Patricia Benavides, cuando era titular del Ministerio Público, retiró de su cargo a la fiscal suprema adjunta Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana Enma Benavides por el caso mencionado antes.

Hay hechos que conectan a José Luis Hauyón con el impulso de la carrera de Benavides como fiscal.

Según indicaron las fuentes, Hauyón contactó a Benavides con la Universidad Alas Peruanas, donde obtuvo sus cuestionados títulos de maestría y doctorado, los cuales luego la ayudaron en sus ascensos hasta fiscal suprema, a mediados del año pasado, a través de un proceso realizado por la Junta Nacional de Justicia.

Hauyón, dijeron las fuentes, fue abogado de la polémica universidad y de su rector y fundador, el fallecido Fidel Ramírez, tío del exsecretario general de Fuerza Popular y actual alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez. Además, Hauyón obtuvo su doctorado en Derecho en Alas Peruanas, como se describe en su perfil de la página web de su estudio jurídico.

Actualmente, el fiscal de lavado de activos Wilson Salazar investiga el Caso Alas Peruanas. Semanas después de que su despacho realizara un megaoperativo por la indagación, en abril pasado, la defensa legal de la universidad interpuso un recurso contra el fiscal ante la Autoridad Nacional de Control (ANC), la cual también ha abierto procesos disciplinarios contra fiscales que investigan casos emblemáticos, como Lava Jato y Perú Libre.

De acuerdo con lo que han dicho las fuentes de El Comercio, había una subordinación de Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control, hacia Benavides cuando esta era fiscal de la Nación, pese a que la ANC es autónoma en sus acciones y decisiones.

Hauyón, además, fue abogado de Patricia Benavides en el proceso que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) convocó en junio del 2008 para fiscales adjuntos supremos. En ese concurso, que culminó en el 2009, Benavides no logró una plaza. Sin embargo, presentó un recurso para quedar como candidata en reserva. Se basó en la Ley de la Carrera Judicial, pese a que esta era posterior a la fecha de su postulación. La ley entró en vigencia en noviembre del 2009, cuatro meses después del término de la convocatoria.

El nombramiento de Benavides como fiscal adjunta suprema recién se concretó en febrero del 2011. Fue firmado por el entonces presidente del CNM Edmundo Peláez Bardales.

Respecto de Garrido Lecca, el equipo especial Lava Jato lo investiga por el presunto aporte de US$200.000 de Odebrecht para la campaña de Alan García del 2006, por la que el Partido Aprista llegó por segunda vez al gobierno. En esta pesquisa, su abogado es Bryan Kabsther, parte del staff de abogados del estudio de Hauyón.

La ANC también abrió procesos disciplinarios a fiscales del equipo Lava Jato. A fines de noviembre, el fiscal superior Rafael Vela fue suspendido por ocho meses y medio. Por esta razón fue removido como coordinador del equipo Lava Jato y de las fiscalías de lavado de activos.

Asimismo, Garrido Lecca está ligado a los beneficiarios de Lima Bonita, proyecto inmobiliario de Marka Group, empresa que fue dirigida por Sada Goray, investigada por el Eficcop por hechos de corrupción vinculados con el gobierno de Pedro Castillo. Goray está bajo prisión preventiva.

Durante el segundo gobierno aprista, Garrido Lecca también fue ministro de Vivienda (2006-2007).

Este Diario buscó la versión de Hauyón, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

En el caso de Garrido Lecca, dejó el país el 29 de noviembre. Según su reporte migratorio, ese día ingresó a España. Su salida se dio dos días después de que se realizara el operativo Valkiria V, por el que el Eficcop detuvo a Jaime Villanueva, hasta entonces el principal asesor de Benavides en la Fiscalía de la Nación.

En comunicación con El Comercio, Garrido Lecca sostuvo que no se encuentra en España y que está retornando a Lima “por tramos”, debido a un tema familiar. Agregó lo siguiente: “no soy ni he sido “asesor” de la fiscal (Benavides)”.

La firma jurídica de José Luis Hauyón estuvo involucrada en irregularidades con un magistrado de Cañete, en el contexto de una investigación por falsificación de documentos y de tráfico de terrenos.

Miguel Málaga, denunciante y representante de la hoy fallecida María Navarro Caycho, propietaria de un terreno de 83 hectáreas ubicado en Chilca (Cañete), afirmó a El Comercio que detrás de estas tierras hay “grupos empresariales que tienen muy buenas conexiones en los entes administradores de justicia”.

El predio está en una disputa legal desde, por lo menos, el 2014.

Uno de esos grupos, según Málaga, es el del empresario Frank Tuss López de Romaña, cuyo abogado fue Carlos Injante, del estudio jurídico Hauyón & Hauyón. Tuss fue investigado por falsificación de documentos.

“[Tuss] se presentó con un grupo de personas que habían participado en estos actos irregulares y, ¿quién era el abogado del señor [Tuss]? El estudio Hauyón”, recordó Málaga.

El Comercio se comunicó con Tuss, pero prefirió no pronunciarse.

El caso originó una investigación fiscal, otra en la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y, posteriormente, una en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), debido a que el entonces juez de la Corte Superior de Cañete Enrique Sanz Quiroz, ponente del caso, fue señalado de establecer relaciones extraprocesales.

Tras una intervención de la OCMA a las oficinas del juez Sanz se encontraron correos en la computadora de su asistente dirigidos al estudio Hauyón. “Intercambiaban comunicaciones y resoluciones”, dijo Málaga.

Los correos, a los que este Diario accedió, fueron registrados en el 2015.

“Estimado Dr. Sanz. Buenas tardes, por encargo del Dr. Injante sírvase encontrar como archivo adjunto las dos resoluciones de la referencia”, se lee en un mensaje enviado desde hh_abogadoseconomistas@hotmail.com, cuenta del estudio de Hauyón.

Injante defendía a Sanz en un proceso ante el Ministerio Público y también asumió la defensa de Frank Tuss en el caso penal.

Como parte del proceso administrativo que desarrolló la JNJ, José Luis Hauyón aseguró que el abogado Injante se unió a su estudio en el 2018. Sin embargo, no negó que este haya prestado sus servicios anteriormente. Por su parte, Injante rechazó haber conocido sobre algún favorecimiento para su patrocinado. En tanto, el magistrado Sanz rechazó los cargos imputados.

Pese a ello, en el 2021 la JNJ lo destituyó por establecer “relaciones extraprocesales” con el referido abogado. Según la resolución, se concluyó que, por intermedio del magistrado, la firma buscó “beneficiar a un cliente suyo”, en referencia a Tuss.

Este Diario buscó contactar a Injante a través del estudio Hauyón & Hauyón, pero no se obtuvo respuesta.