Quiso tanto ser acusadora en grande, que su camino a la fiscalía de la nación se empedró con un litigio. Delia Espinoza peleó en el Poder Judicial para que la saquen del Jurado Nacional de Elecciones.
La junta de fiscales supremos la había arrimado allí. Apenas se hizo suprema, sus colegas aplicaron el ‘alguien tiene que ir al JNE, que sea la nueva’. Pero ella clavó un proceso argumentando que la ley permitía que ese puesto sea cubierto por algún supremo en retiro -que los había- y la exigua junta de supremos en actividad la acogiera en su senos. No llegamos a saber la respuesta del juez porque antes cayó Patricia Benavides y ahí sí que se necesitaron sus manos, su voz de alegosa, sus lentes de chancona y su voto para sumar, a las justas, 4 fiscales supremos.
"Apenas se hizo suprema, sus colegas aplicaron el ‘alguien tiene que ir al JNE, que sea la nueva’. Pero ella clavó un proceso argumentando que la ley permitía que ese puesto sea cubierto por algún supremo en retiro y que la exigua junta la acogiera en su seno"
Valga este antecedente de ‘justicia judicializada’, pleonasmo de la judicialización, para entender que si doña Delia es peleona y acuseta con los suyos, con mayor razón lo es con los ajenos. Esta semana lo ha demostrado a sus anchas: el miércoles presentó una denuncia constitucional contra 11 congresistas, de derecha, izquierda y centro, que en la Comisión de Defensa aprobaron un dictamen para permitir que militares y policías en retiro sigan recibiendo su pensión integra, además de su sueldo de parlamentarios.
El documento destaca a 5 (los almirantes Jorge Montoya y José Cueto de Honor y Democracia; el ex presidente del Congreso José Williams, de Avanza País; el general Roberto Chiabra, renunciante de APP; y el oficial de policía Alfredo Azurín de Somos Perú) pero también denuncia por igual a los otros 6 que evacuaron el dictamen luego convertido en ley. Todos, según la tesis fiscal, serían culpables de negociación incompatible. De ahí que la fujimorista Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso, haya amenazado con replicar el palo de Delia con otro palo.
La norma para una fiscal de aforados (gente con prerrogativas, es decir, que la fiscalía tiene que pedir al Congreso que les levante la inmunidad para poder procesarlos) es que estos salgan a gritar que son perseguidos políticos y se les acusa por patrañas sin pruebas.
Pero he aquí que quienes le replican, aceptan los hechos pero no lo consideran delito. Y varias voces de constitucionalistas y penalistas les dan la razón. Sucede que el TC ya había sentenciado que si bien no se puede percibir dos remuneraciones del Estado, las pensiones son cosa distinta y no se deben constreñir. Si los congresistas policías y militares necesitaban esa ley es porque el MEF había puesto vallas y topes para que los funcionarios asalariados reciban pensiones. Pesadilla de fiscal: no solo se le oponen los denunciados, que es natural, sino expertos que le dicen ‘oye, no patines’.
Antes de conocerse la denuncia a los 11, Delia alzó la voz. Tenía que hacerlo y, si era posible, gritar. El lunes amanecimos con un atentado dinamitero a la sede del Ministerio Público en Trujillo. La fiscal de la nación tenía que exigir inmediata seguridad para su gente.
La sospecha es que en esa sede se investiga a mafias ligadas a la minería ilegal además de otras mafias asentadas en Trujillo y ellas mandaron la moto. El reclamo vino sin unidad institucional para enfrentar la desgracia. La fiscal no se ahorró pullas al Mininter y Juan José Santiváñez replicó con otras. La guerra entre el MP y la alianza de Ejecutivo y Congreso tiene su frente más animado allí donde este ‘Juanjo’: días atrás este ya había dicho que no entregaría su celular con su clave a la nube. Si quieren una gráfica de la guerra de poderes, visualicen de un lado a ‘Juanjo’ empuñando su celular y del otro a Delia jalándoselo con uñas y dientes.
La denuncia a los 11 desborda a la trémula fiscalía de la nación y la criminalidad monda y lironda nos desborda a todos. Pero esta última, azote de la nación, no es competencia exclusiva de Delia. Lo son, precisamente, esos aforados presidenta, ministros y congresistas, que manejan las llaves para que su misión en el Ministerio Público tenga el presupuesto y el marco jurídico indispensable. Pero, como FN los investiga, pues. Entonces, los aforados se defienden con todas sus armas. Y ella tiene que hacer su trabajo caiga quien caiga porque ese es su mandato. Esta semana se discute si está haciendo lo que tiene que hacer o se le pasó la mano y se abrió un innecesario frente transversal en una guerra en la que todos pierden. Para acusar y ganar no solo se necesita un brazo duro de torcer sino una fina muñeca política. Delia tiene el primero, no se le ve la segunda.
