El Tribunal Disciplinario de la Procuraduría General del Estado (PGE) inició diligencias preliminares contra la abogada María Caruajulca Quispe, procuradora general del Estado, por presuntamente haber participado en la designación de procuradores en la institución.
Según la resolución firmada por el presidente del tribunal, Mario Alberto Gave Zárate, la medida responde a una denuncia que le atribuye haber actuado como líder de una red de funcionarios para designar de manera irregular a procuradores públicos afines a sus intereses.
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De acuerdo con el documento procesal al cual tuvo acceso El Comercio, Caruajulca habría cometido graves faltas y presuntos delitos contra la administración pública, tales como colusión, tráfico de influencias, nombramiento ilegal y abuso de autoridad. El denunciante sostiene que la titular de la PGE habría instrumentalizado la estructura institucional para constituir una organización orientada a consolidar el control político y funcional de las procuradurías a nivel nacional.
La resolución detalla que los hechos irregulares se habrían producido durante la Convocatoria N° 001-2025-PGE/CD, un proceso de selección para la designación de procuradores públicos, donde se habrían manipulado etapas y omitido requisitos legales para beneficiar a abogados específicos en puestos claves de municipalidades y ministerios, otorgándoles una apariencia de legalidad mediante la firma de la máxima autoridad.
El Tribunal Disciplinario señala la participación de otros funcionarios en este esquema, entre ellos José Edgardo Céspedes Camacho, director de la Dirección de Información y Registro. Según los considerandos, estos subordinados habrían actuado como un brazo operativo para la conducción del proceso de selección viciado, abdicando deliberadamente de sus funciones de control y supervisión.
Finalmente, el tribunal disciplinario ha dispuesto recabar toda la documentación e información pertinente para establecer si existen circunstancias que justifiquen el inicio de un procedimiento administrativo por falta grave. La resolución ya ha sido notificada tanto a la procuradora general investigada como a la parte denunciante para que se proceda conforme a ley.
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