Fiscalía registra más de 2.500 denuncias vinculadas a la minería ilegal: ¿cuáles son las zonas con mayores casos?

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Según datos de la Oficina de Racionalización y Estadística del Ministerio Público, a los que accedió El Comercio, son 2.570 los delitos denunciados vinculados a minería ilegal y sus conexos, entre el 1 de enero al 30 de noviembre de este año, a cargo de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA).

Son denuncias tanto por el tipo penal base como por su forma agravada —por ejemplo, extracción en zonas naturales protegidas—; así como por sus vinculados establecidos en el código como el financiamiento del delito de minería ilegal, tráfico de insumos químicos y maquinarias para esta minería o contaminación. Haciendo un análisis, ello bien puede significar más de siete denuncias por día en promedio.

Por distritos fiscales, encabeza lista ampliamente Madre de Dios, con cerca de 600 casos a noviembre pasado, siendo el principal foco de la minería ilegal, donde se ubica el sector conocido como La Pampa (Tambopata) en la zona de amortiguamiento. A ella le sigue La Libertad, con 370 denuncias, y donde se ubica otro foco clave en su sierra: Pataz. Ambas, convertidas de un tiempo acá en tierra de nadie, producto de la constante disputa y donde el oro se mezcla con sangre.

“Se ha dejado que estos últimos años algo que podía ser todavía controlable, ya se salga de control. Mientras el Estado no dice nada frente a la minería ilegal, esta actividad ha ido creciendo terriblemente en los últimos años. Y ya sobrepasamos los límites. Es alarmante la situación del Perú en minería ilegal”, dijo a El Comercio Karina Garay, exfiscal especializada en delitos medioambientales.

Garay fue una de las cabezas de la Operación Mercurio del 2019, con la que como Estado se golpeó a esta actividad ilícita en esta parte del país. Incidió en que no solo se requiere una estrategia de interdicción, sino que esta tiene que estar acompañada con otras clave como la reforestación para recuperar las áreas afectadas, así como el brindar otras alternativas económicas. Es decir, una visión de Estado.

En el caso de Madre de Dios, Garay explicó que la carretera Interoceánica terminó facilitando al crecimiento de la minería ilegal, pues hizo llegar la maquinaria, el combustible, por ejemplo, con mayor facilidad a las zonas de operación. Y, con el tiempo, se ha generado toda una cadena económica, a raíz de esta actividad ilegal, que involucra directa a indirectamente a más personas y comercios. Estimaciones apuntan a que, solo en Madre de Dios, la minería ilegal envuelve a unas 50 mil personas.

“El tratamiento de la minería ilegal no lo va a solucionar la fiscalía. Tiene que implementarse un trabajo en conjunto, que tiene que venir desde la cabeza, estar involucrado el gobierno nacional. Tiene que ser un trabajo de todos”, apuntó Garay, actual coordinadora de Amenazas de FZS Perú (Frankfurt Zoological Society).

Pero contrario a ello, recientemente el Congreso se abocó a una extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), sin mayor observación por parte del Ejecutivo, prolongando así la exención de responsabilidad penal a quienes se amparen en este registro, dificultando —en la práctica— la labor de los operadores de justicia.

Es evidente que las cifras de denuncias no recogen el avance real de esta economía ilícita tan compleja en el último tiempo, en escalada por el incremento del precio del oro y la cual movió, según reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), más de US$10.400 millones, entre 2012 y octubre pasado. La realidad es que son pocos los ciudadanos que se atreven a denunciar, por lo que la mayoría de estas denuncias serían las generadas de oficio, tras las interdicciones, o por otras instituciones. Sin embargo, sí permiten una aproximación.

En el ranking de denuncias, se ubica Ucayali en tercer lugar, con 328 casos denunciados por minería ilegal y sus conexos, por encima incluso de Puno y Amazonas. Apenas en noviembre, una comitiva multisectorial en la que participó la fiscalía evidenció el incremento de la minería ilegal y otros ilícitos en el río Abujao (Coronel Portillo, Ucayali), tras un sobrevuelo impulsado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú).

Martin Arana, especialista técnico de la FCDS Perú, explicó a El Comercio que, si bien Ucayali aún no llega a los niveles de otras zonas, precisamente como Madre de Dios o la sierra de La Libertad, debe tomarse acción para evitar que ello termine por escalar. Es necesario tomar el control.

“Lo que hemos podido ver es que hay actividad de minería, minería ilegal. Hay dragas que están en el río y que están incrementando. Ahora, la otra cosa preocupante que está asociada es que hemos podido ver también que hay una alta incidencia y expansión de cultivos ilícitos. Y, de acuerdo a la información que hemos podido recoger, es que prácticamente el acceso hacia el río Abujao es completamente restringido por, justamente, grupos de crimen organizado vinculados al Comando Vermelho probablemente”, subrayó Arana a este Diario.

Es importante destacar que, si bien hay una concentración en ciertas regiones, la minería ilegal es un problema que afecta prácticamente a todo el país, tal como lo evidencian los datos de la fiscalía. Por ello, se requiere una atención urgente, sin aplazamientos y prórrogas. Ya en “Las Economías Criminales y su impacto en el Perú” (2022), sus autores —Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vera— apuntaban:

“Las economías criminales, entre ellas la minería ilegal, representan la principal amenaza para la seguridad nacional del país, por el riesgo de la fragmentación del territorio nacional en manos de poderes locales mafiosos y organizaciones criminales que se extienden a toda América del Sur. Solo un acuerdo político nacional podría parar y transformar esta peligrosa situación”.