El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos suscribió un convenio marco de cooperación interinstitucional con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) para impulsar proyectos de infraestructura penitenciaria en el Perú. Esta alianza estratégica fijó las bases formales para desarrollar obras públicas con la participación del sector privado en favor de la seguridad.
La iniciativa gubernamental orientó sus esfuerzos centrales hacia la lucha directa contra el severo hacinamiento que afecta a los establecimientos penitenciarios del país. Asimismo, la medida procuró contener el avance de la criminalidad organizada a través de la mejora del sistema de justicia y de reclusión.
El acuerdo interinstitucional promovió el financiamiento privado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos para la edificación de nuevos penales. Del mismo modo, el esquema técnico contempló la inclusión de proyectos bajo las modalidades de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, destacó la importancia de este compromiso para el desarrollo de la infraestructura nacional. El titular del sector enfatizó que el país requiere presidios modernos que garanticen la efectiva reinserción social, familiar y laboral de las personas privadas de libertad.
Las autoridades del sector priorizaron el fortalecimiento de los programas de resocialización destinados a la población penal. La propuesta integral buscó otorgar un proyecto de vida digno a aquellos ciudadanos que cumplieron sus respectivas sanciones carcelarias conforme a la ley.
La ceremonia oficial contó con la presencia del ministro Álvarez Miranda y del presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio Castro. Durante el acto público, ambas autoridades firmaron un acta de compromiso para coordinar acciones conjuntas en el marco de sus atribuciones legales.
El pacto bilateral incluyó un programa especializado para la capacitación técnica del personal adscrito al ministerio. De este modo, los funcionarios de la entidad fortalecieron sus capacidades institucionales para evaluar y gestionar los nuevos proyectos de inversión.
Las dos instituciones del Estado articularon mesas de trabajo permanente para asegurar la ejecución fluida de los acuerdos. La jornada concluyó el 2 de octubre con el compromiso formal de optimizar los recursos públicos y privados.
