El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, defendió las observaciones que hizo el Gobierno a la ley que restituía la detención preliminar en casos de no flagrancia, al criticar a jueces y fiscales por usar esta herramienta para intervenir a personas sin pruebas.
“El Ejecutivo ha considerado que no puede haber Estado de derecho donde la presunción de inocencia no sea bien observada y donde el fiscal, en lugar de una investigación prolija o por lo menos tener elementos de juicio, haga lo más fácil que es ‘lo traigo aquí, lo meto preso, lo encierro, le aplico el terror de ausencia de libertad y esta persona es capaz de decir cualquier cosa’”, cuestionó este miércoles en conferencia de prensa.
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Según el ministro, esto es lo que la Defensoría del Pueblo advirtió en un informe que usaron como referencia y que calificó como “detener para investigar”.
“Es en contra de lo que la doctrina y la Corte Interamericana ha dicho que debe ser al revés: se debe investigar y luego detener”, resaltó.
Eduardo Arana hizo alusión en reiteradas ocasiones a la resolución de la sala de apelaciones que revocó la orden de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, investigado por el caso “Los Waykis en la sombra”.
“Lo que hemos visto el día de ayer es el reflejo de cómo funciona el sistema de justicia y basta que haya un ciudadano que se le haya afectado la libertad para que nosotros o cualquier persona reproche la actitud que tienen algunos jueces por usar este sistema en contra de cualquier ciudadano”, señaló para cuestionar el accionar del Ministerio Público y el Poder Judicial, aunque evitó decir específicamente el nombre del hermano de la mandataria.
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“Acabamos de ver el día de ayer y hace unos días cómo la sala penal de la Corte Nacional ha resuelto un caso, el nombre no voy a mencionar para evitar que se pretenda que se está usando esto con fines políticos. Solo traigo el ejemplo de que la sala ha dicho que esta presión preliminar está mal”, reiteró.
Según Arana, el juez que ordenó esa prisión preventiva actuó según su propia visión personal “en detrimento de la ley y la Constitución”.
“Ese es el riesgo. Desafortunadamente hay jueces, hay fiscales que sin tener la certeza, sin tener corroboración, sin identificar a las personas, lo que hacen es pedir al juez y el juez lo que hace inmediatamente, copiando la petición del fiscal, emite una resolución dictando prisión preliminar”, advirtió el ministro.
El ministro insistió en varias oportunidades que la detención preliminar es la herramienta con la cual los fiscales “no teniendo certeza sobre el delito, no teniendo medios probatorios sobre el delito y no conociendo a los autores del mismo”, piden detener a una persona.
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“Esto no puede seguir siendo así. El juez tiene que evaluar y ponderar la estricta necesidad que lo que el fiscal está solicitando va a servir para su investigación y lo que no puede hacer si esta persona se encuentra en libertad”, aseveró.
Por estas consideraciones, pidió al Parlamento que evalúe la posición de las observaciones. “Consideramos que el Congreso debería escuchar y entender la posición que, desde el Ejecutivo estamos expresando”, concluyó Arana.
