La misión de alto nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que el Perú no está cumpliendo con garantizar la lucha contra la corrupción, ya que se registran actos de acoso e investigaciones sin sustento contra fiscales a cargo de estos procesos, especialmente los del equipo especial Lava Jato.
La presidenta de la misión, y titular del Grupo de Trabajo sobre Anticohecho de la OCDE, Kathleen Roussel, envió una carta a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresando su preocupación por la interferencia detectada en la labor de fiscales a cargo de casos sensibles de corrupción en el Perú.
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El documento, enviado el 1 de julio, también fue remitido a Ana Rosa María Valdivieso Santa María, Alta Representante del Perú para el proceso de adhesión a la OCDE, y Ana Reátegui Napuri, jefa de la delegación el Perú ante el Grupo de Trabajo sobre Cohecho.
Rousel advierte que, pese a la visita de la misión de alto nivel, sigue recibiendo reportes de que fiscales anticorrupción siguen sufriendo acoso a través de investigaciones cuestionables.
La OCDE destaca que el artículo 5 de su convención exige que el Perú investigue seriamente y persiga casos de corrupción, lo que requiere garantías para que fiscales y procuradores puedan actuar con independencia y sin interferencias políticas.
“Perú no cumple con este requisito. Particularmente, los fiscales titulares del equipo especial Lava Jato han sufrido varios procedimientos penales y disciplinarios desde el 2019 hasta la fecha. El gran número de procesos o su potencial riesgo crean un efecto intimidatorio en la labor de los fiscales y amenaza su independencia”, destaca la representante de la OCDE.
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De seguir así, advierte que su grupo de trabajo evaluará “medidas excepcionales” como pronunciamientos públicos, un subgrupo de monitoreo y alertas de faltas al debido proceso.
En la carta, piden a la fiscal de la Nación que tome medidas que garanticen que el Ministerio Público pueda conducir casos de corrupción de forma independiente, incluyendo pero no limitados solamente a los fiscales y procuradores del caso Lava Jato.
“Medidas específicas deben ser adoptadas para proteger a estos fiscales de remociones injustificadas, suspensiones y otras formas de acoso interno y externo”, manifestó Kathleen Russel.
Finalmente, señala que el Perú deberá informar sobre los avances implementados en respuesta a estas advertencias en diciembre del 2025.
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