“El dinero fue entregado por Barata a Heredia”: Fiscalía ratifica pedido de 20 años de prisión para Ollanta Humala

Luego de casi tres años de juicio, esta fue la última actuación de la fiscalía de cara a convencer a los jueces del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de que ambos son culpables de ese delito. Frente a ellos, se ratificó en que el expresidente debe ser condenado a 20 años de prisión; y su esposa, a 26 años y 6 meses.

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Germán Juárez también insistió en su pedido para que el juzgado declare la liquidación y disolución del Partido Nacionalista, que llevó a Ollanta Humala a su presidencia (2011-2016). A pesar de una ley dada el año pasado por el Congreso que ya no permite esa sanción para un partido, solicitó que esa norma no se aplique y sí le imponga esa medida.

Las penas solicitadas en el alegato final de la fiscalía

Los alegatos finales del fiscal comenzaron en la audiencia previa, realizada el martes pasado. Su exposición abordó ese día los presuntos aportes del Gobierno de Venezuela a la campaña nacionalista del 2006 y el supuesto uso de ese dinero para los gastos electorales y la compra de otros bienes. Las defensas de Humala y Heredia niegan esos cargos.

En la sesión de este lunes, la exposición del representante del Ministerio Público abordó la campaña del 2011 y el presunto aporte de US$ 3 millones hecho por la constructora brasileña Odebrecht, a pedido del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil. Los abogados del exmandatario y la ex primera dama también rechazan esa imputación.

Los alegatos finales sirven a las partes para resumir ante los jueces todo lo evaluado durante el juicio y remarcar qué pruebas han servido para acreditar su acusación. Luego, el fiscal ratifica o precisa las penas que requiere contra cada uno de los acusados.

En este caso, Germán Juárez sostuvo que, a partir de lo actuado en el juicio, “está acreditado que el Partido de los Trabajadores, a través del exministro brasileño Antonio Palocci, apoyó económicamente la candidatura presidencial de Ollanta Humala con 4 millones 800 mil reales, que al tipo de cambio eran aproximadamente 3 millones de dólares”.

Para el fiscal, esto se acreditó con pruebas como los testimonios de los exejecutivos de Odebrecht: Marcelo Odebrecht (ex CEO), Jorge Barata (exjefe de la constructora en Perú) y Luiz Antonio Mameri (exjefe para Latinoamérica). Si bien fueron impedidos de presentarse en el juicio por la justicia de su país, se leyeron sus declaraciones previas, tal como ocurrió en el juicio de Alejandro Toledo, expresidente ya condenado por recibir coimas de la misma empresa.

Juárez destacó que Marcelo Odebrecht contó que se le pidió ese apoyo por la “proximidad ideológica” entre Ollanta Humala y el presidente brasileño Lula de Silva, y que se debía descontar de un monto que ya tenía la constructora a favor del PT. El fiscal se refirió a esta como una “planilla corrupta” que tenía ese partido en Odebrecht.

En tanto, remarcó que Barata se oponía a dar ese aporte al candidato nacionalista, pero que acató la orden de su superior; mientras que Mameri corroboró que Marcelo Odebrecht le solicitó autorizar al pago porque “necesario” hacer el pago a favor de la campaña de Ollanta Humala.

Agregó que otros tres testigos brasileños indicaron, en sus declaraciones previas, que un directivo del PT los contactó para dirigir la campaña del futuro mandatario peruano. Sin embargo, ese rol finalmente recaería en el publicista Valdemir Garreta, de acuerdo con la tesis fiscal.

“Esta acreditado en juicio que fue a través de la División de Operaciones Estructuradas, contabilidad paralela de la empresa Odebrecht, que se canalizaron los 3 millones de dólares financiar la candidatura de Ollanta Humala”, afirmó el integrante del Equipo Especial Lava Jato.

El fiscal también remarcó que, por las múltiples pruebas vistas durante el juicio, “queda acreditado que la División de Operaciones Estructuradas, la contabilidad paralela que manejaba Odebrecht, era una división que manejaba dinero ilícito”. Según la acusación, de allí provendría el “dinero maculado” que sería objeto de actos de lavado.

La primera parte de los US$ 3 millones habría sido pagado directamente al publicista Valdemir Garreta, mientras que otra habría sido entregada directamente a la acusada Nadine Heredia por parte de Jorge Barata, en reuniones en un departamento del entonces candidato nacionalista en el distrito limeño de Miraflores.

“Está probado que parte del dinero maculado que recibía Jorge Barata, proveniente de la División de Operaciones Estructuradas, fue entregado por este a la acusada Nadine Heredia, en diversas entregas clandestinas que se realizaron en el inmueble de calle Armendáriz, de propiedad de Ollanta Humala”.

El fiscal puso énfasis en el testimonio brindado por Jorge Barata durante la etapa de investigación de este caso, remarcando que “el ha manifestado que entregó personalmente a Nadine Heredia la suma de US$ 2 millones, aproximadamente, repartidas en diversas armadas.

En ese testimonio, Barata declaró que Heredia le dijo que ya no le pague a Valdemir Garreta en Brasil, porque ella “necesitaba dinero para enviar gente a las provincias peruanas”.

“Barata era informado de quién sería la persona que llegue a su oficina con la maleta conteniendo el dinero enviado de Caja 2 de Odebrecht”, indicó el fiscal. “El punto de entrega (a Nadine Heredia) era un departamento ubicado en la avenida Armendáriz, el que describió de esta manera: tenía un timbrecito en la puerta, timbraban y te contestaban dentro del departamento, porque no había vigilante”.

“Te abrían la puerta, que era eléctrica, y entrabas. Creo que tenía dos habitaciones, una sala chiquita, y que había sido adaptado como oficina. Tenías dos sillones simples allí y pasabas después a una salita, que era un cuarto. Pusieron allí un escritorio, una cosa así, allí te sentaba y conversabas con Nadine Heredia”, añadió.

En cuanto a los presuntos actos de lavado de ese dinero, el fiscal apuntó que un informe pericial reveló que la campaña nacionalista del 2011 reportó ingresos de 19 millones de soles y gastos de 24 millones: “Se determinó un desbalance patrimonial de S/ 4 millones 957 mil 590. Se revela una notoria inconsistencia entre ingresos y gastos”.

También recordó que decenas de personas que figuran como aportantes de esa campaña negaron haber dado dinero o precisaron que dieron un monto menor a lo que les consignaron ante la ONPE.

“Todos ascienden a un total de 4 millones 738 mil 375 nuevos soles: tanto los aportes negados como aportes en los que los testigos declararon que habían aportado menos. Ese es el monto que se le dio apariencia de legalidad para evitar la identificación de ese dinero maculado”.

Por otro lado, sostuvo que el dinero de origen ilícito fue usado para gastos propios de campaña y para la compra de bienes: “Estamos hablando de dinero en efectivo que ingresó a las campañas 2006 y 2011, y que también se hicieron actos de conversión a través de bienes inmuebles y bienes inmuebles (...) Vino dinero que manejaba el PT a través de una cuenta corrupta que tenía con la empresa Odebrecht”.

Finalmente, remarcó que se buscó “evitar la identificación” de ese dinero, que le “dieron apariencia de legalidad con aportantes falsos”, y que se buscó acreditar supuestos gastos de campañas con “meras declaraciones juradas, no con documentos sustentatorios, justamente porque no podían acreditar lo que había venido de manera clandestina

“Se ha acreditado el delito de lavado de activos, al haberse dado todos los presupuestos que configuran el elemento objetivo y subjetivo del tipo penal”, concluyó.

El fiscal luego indicó las penas que pide para cada uno de los doce acusados (ver recuadro), que incluye a diez personas naturales y dos personas jurídicas: la empresa Todo Graph y el Partido Nacionalista Peruano. Para los primeros se piden penas que van desde los ocho hasta los 26 años y medio de prisión.

En tanto, para las personas jurídicas se solicita la disolución y liquidación, con lo que todos sus bienes pasarían a mano del Estado. Fue en ese punto que el fiscal hizo referencia a la Ley 32054, promulgada el año pasado por el Congreso, la cual establece que los partidos políticos no pueden recibir sanciones de tipo penal, como sería la disolución y liquidación, sino solo multas.

Cuando el fiscal presentó su acusación por este caso, en el 2019, la ley sí permitía pedir la disolución y liquidación de un partido político como persona jurídica. Pero con la ley promulgada, esta puede aplicarse retroactivamente por ser favorable al procesado.

Ante ese escenario, Germán Juárez solicitó al juzgado hacer un “control difuso” y no aplicar esa nueva norma, por considerarla “inconstitucional”. “El artículo 35 de Constitución señala que el financiamiento ilegal (de partidos) genera ‘sanción administrativa, civil y penal respectiva’. Una norma de menor jerarquía no puede estar por encima”, dijo.

“Pido que se haga ese control difuso. No es posible que desde el Congreso se estén dando este tipo de leyes para garantizar impunidad a estas organizaciones políticas que son financiadas con dinero espurio, a través de una ley que beneficia a todos los partidos políticos que están vinculadas a estos hechos de lavado de activos”.

En consecuencia, el fiscal requirió que sí se aplique la disolución y liquidación del Partido Nacionalista. Si bien la agrupación perdió en el 2021 su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), esta medida también implicaría que todos los bienes que pueda tener a su nombre sean “donados a una entidad pública o de beneficiencia” y que se prohíba su reinscripción o que se vuelvan a usarse sus símbolos.

“Ha quedado acreditado que esta agrupación fue utilizada para lavar dinero espurio en las campañas del 2006 y 2011. Por lo tanto, señora magistrada, lo que corresponde es su disolución por haberse cometido actos ilícitos a través del partido”, dijo ante la juez Nayko Coronado, directora de debates del juicio.

“El partido nació lícito, pero en el camino de los procesos electorales, fue distorsionándose y fue usado para recibir dinero. Ese fin lícito se tergiversó para ser usado y recibir dinero maculado del gobierno venezolano y del gobierno de Brasil, a través del PT. Y eso es delito. Y cuando hay delito, hay consecuencias accesorias: la disolución, que corresponde en este caso”.

También detalló una serie de bienes, entre ellos distintas cuentas bancarias e inmuebles, que deberían ser decomisados por el Estado en caso se dicte una sentencia condenatoria. Todas estas ya fueron incautadas durante el transcurso del proceso.

Por último, remarcó que una casación de la Corte Suprema ya estableció que la donación a un partido políticos sí pueden ser delictivos “si está camuflada o esconde dinero maculado proveniente de alguna actividad criminal previa, acaecida a nivel nacional o internacional”.

“En este último caso, es viable la formulación de cargos fiscales por lavado de activos y, a la postre, si los elementos de juicio lo sustentan, se justifica la condena penal”, establece esa decisión de la Corte Suprema, que también revisó El Comercio.

“La simple donación por sí sola no constituye delito; pero la casación dice que sí es disfrazada o se esconde dinero maculado de una actividad criminal previa, se justifica una sanción penal”, comentó al respeto el fiscal. “El Ministerio Público considera que están plenamente acreditados los delitos de lavado de activos en el 2006 y en el 2011″, terminó.

Culminado el alegato de la fiscalía, le tocó a la Procuraduría Contra el Lavado de Activos hacer lo propio.

La abogada Corina Trujillo, representante de esa procuraduría, reiteró en su alegatos que la imputación contra Ollanta Humala, Nadine Heredia y el resto de procesados fue probada durante el juicio. Sin embargo, la sesión fue suspendida antes de que pueda detallar la reparación civil que pide que paguen los acusados por este caso.

La última parte del alegato de la procuraduría será en la audiencia de este martes, programada para las 8:30 a.m. Luego, será el turno de la defensa de Ollanta Humala, a cargo del abogado Wilfredo Pedraza, para dar sus propios alegatos de cierre.

Consultado por El Comercio sobre lo alegado este lunes por el fiscal en su exposición de cierre, Wilfredo Pedraza respondió que “como en el caso anterior (la campaña del 2006), existen afirmaciones del Ministerio Público que no tienen corroboración razonable”.

“El aporte del PT ha sido negado a través de un documento por el PT; pero, especialmente, la hipótesis de entrega de dinero a la señora Nadine Heredia solo es sostenida por Jorge Barata. Nadie lo corrobora. Cuando el fiscal cita nombres y documentos en ese sentido, incurre en notables inexactitudes.

En cuanto al presunto origen ilícito del dinero, afirmó que “en este juicio oral no se ha actuado pruebas que lo acrediten”. “Las referencias citadas por el fiscal son generales, y esos procesos han sido anulados por la justicia brasileña por la compensación de la existencia fe prueba ilegal y pérdida de neutralidad de los jueces y fiscales”, aseguró.

El Comercio también envió una consulta al abogado de Nadine Heredia, Julio Espinoza, quien indicó que no podía adelantar la defensa que le corresponderá hacer en la audiencia del próximo lunes. El juzgado ha programado para ese día los alegatos finales de la defensa de la ex primera dama. A partir del miércoles 29, será el turno de las otras diez defensas.

Cuando terminen todos los abogados, el juzgado dará la última palabra a todos los acusados para sus “defensas materiales”. Con ello, luego de tres años de un complejo e histórico juicio, los jueces anunciarán la fecha en que darán conocer su sentencia, que pueda ser de condena o de absolución.