El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, hizo un llamado para que el Gobierno y el Congreso logren un consenso para atender las necesidades de los pensionistas de la ONP, tras estimar que cuando la ley que permite el retiro de fondos de los aportantes de este sistema previsional sea declarada inconstitucional, ya habrá causado una crisis política y económica.
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“Va a haber una norma que viola la Constitución. Eso va a generar inestabilidad, una suerte de crisis o disputa entre poderes, una crisis política. Meses después, esa norma va a ser declarada inexorablemente inconstitucional porque está salpicada, preñada de inconstitucionalidades”, advirtió en declaraciones a RPP.
“Luego de ser declarada la norma inconstitucional, vamos a llegar a una situación igual o peor de donde iniciamos. Esa es la ruta que vamos a transitar en una situación tan demandante como la que estamos ahora. A la crisis sanitaria, económica, alimentaria, sumamos una crisis política”, añadió.
Gutiérrez se pronunció así luego que la Defensoría del Pueblo emitiera un comunicado advirtiendo que la ley aprobada por el pleno del Congreso la madrugada del martes que permite que los aportantes de la ONP puedan hacer un retiro de fondos de hasta S/4.300 es inconstitucional y que generará daños a los pensionistas y al equilibrio fiscal.
El defensor del Pueblo recordó que hay un problema que resolver ante los adultos mayores que han aportado menos de 20 años a la ONP y que, actualmente, no pueden acceder a ninguna pensión durante la emergencia declarada para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19). Por eso, invocó a que haya un acuerdo político para lograr una solución en el corto plazo.
“Ahí tenemos un problema que resolver y buscar una solución lo más rápido posible. Al mismo tiempo, tenemos que entender que hay un problema estructural. El sistema está dañado, es inviable financieramente, no puede continuar y por lo tanto se debe buscar una solución que se compagine con nuestros recursos económicos”, manifestó.
Walter Gutiérrez advirtió que la ley de retiro de fondos de la ONP va a perturbar el ambiente económico, reducirá el presupuesto, afectará el pago de impuestos y no permitirá llegar a una solución estructural. “Ambos poderes tienen que encontrar espacios (para lograr acuerdos) porque, sin eso, vamos a estar en el camino más ruinoso y lo vamos a pagar todos”, aseguró.
“Todavía creo que estamos a tiempo de solucionar este impasse porque me parece que de todos modos va a ser observado por el Ejecutivo y ahí se abriría un espacio para que el Congreso reevalúe esta posición y haga política en el sentido noble del término y se ponga de acuerdo con el Gobierno”, concluyó.