JNJ: ¿Qué irregularidades en la designación del jefe de ANC de la fiscalía advirtió la Contraloría?

El nombre de Juan Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) de la fiscalía, es mencionado en varias oportunidades por Jaime Villanueva, otrora asesor de Patricia Benavides, en su declaración ante el Ministerio Público. Afirmó, por ejemplo, que el exministro Hernan Garrido Lecca y el abogado José Luis Hauyón coordinaron con el jefe de la ANC para sancionar administrativamente al coordinador de equipo especial Lava Jato, Rafael Vela.

Además, según la tesis del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), Garrido Lecca y Hauyón habrían influido en nombramientos de Patricia Benavides y Fernández Jerí.

El 4 de octubre, El Comercio reveló los detalles del informe de la Contraloría que advertía irregularidades en la designación de Jerí a cargo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que republicamos a continuación:

La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público se encarga de investigar faltas disciplinarias de fiscales de todos los niveles. Solo escapan de su competencia los fiscales supremos, cuyos casos son vistos por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Es una institución joven (reemplazó a la antigua Fiscalía Suprema de Control de Interno) y se concibió como autónoma de la Fiscalía de la Nación.

Su primer y, por ahora, único jefe es el abogado Juan Fernández Jerí, quien asumió el cargo en septiembre del 2022 para un periodo de cinco años. Su gestión se ha visto marcada, al menos a nivel mediático, por sucesivas indagaciones y luego procesos disciplinarios abiertos a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez por dar declaraciones a la prensa.

Fernández Jerí llegó al puesto tras ganar, en abril del 2022, un concurso llevado a cabo por la JNJ. Obtuvo 89.22 puntos frente a los 88.62 de el otro finalista, Pedro Angulo Arana, quien meses después sería presidente del Consejo de Ministros por 11 días, en el inicio del gobierno de Dina Boluarte.

Poco más de un año después del inicio de su gestión, sin embargo, la legalidad de su designación al frente de la ANC del Ministerio Público está en duda. Esto a raíz de un informe de la Contraloría que detecta presuntas irregularidades en el proceso para nombrarlo.

Se trata de un informe de control posterior hecho por el órgano de control de la JNJ. Fue firmado el pasado 29 de septiembre y remitido a la presidenta de junta, la magistrada Imelda Tumialán, para que se adopten “las acciones que correspondan” al haberse encontrado un “hecho con indicio de irregularidad”.

El hecho presuntamente irregular gira en torno a que, durante el concurso, se otorgó puntos por tener diplomados en los que “algunos docentes niegan el dictado de módulos”. Además, porque se le dio puntos por su experiencia profesional tomando en cuenta dos trabajos que habría realizado al mismo tiempo.

En el mencionado concurso ante la JNJ, Angulo Arana superó a Fernández Jerí en los rubros de evaluación de conocimientos (92 puntos contra 85.5) y entrevista personal (92.14 contra 87.71).

Sin embargo, el actual jefe de la ANC del Ministerio Público se impuso a su competidor gracias al valor que le dieron a su plan de trabajo (82.14 contra 81.14) y, en particular, a su evaluación curricular (100 contra 87.00). Fue en este último aspecto del concurso en el que, precisamente, se hallaron las irregularidades.

La primera se refiere a dos diplomados que consignó Fernández Jerí para acreditar su formación académica. Uno es el ‘Diplomado en Administración y Gestión Pública, llevado entre mayo y junio del 2021 bajo la organización del Centro de Formación y Capacitación CFOCAP.

El segundo es el Diplomado Especializado en Derecho Parlamentario, Municipal, Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo Sancionador, llevado entre julio y agosto del mismo año y organizado por la misma entidad. Ambos constan en el CV entregado por el candidato a la JNJ, al que accedió El Comercio.

Para el informe, la Contraloría consultó a los docentes consignados como los que dictaron cada una de esas clases si, efectivamente, dictaron esas clases y si Fernández Jerí asistió a ellas. En total, fueron cuatro docentes para los seis módulos o temas del primer diplomado y cuatro docentes para los siete módulos del segundo.

Percy Muñoz, quien figuraba como responsable de tres de los módulos del primer diplomado, respondió que solo dio clases para uno de ellos. “Los demás módulos no los dicté”, afirmó. Jorge Luis Mayor, supuesto responsable de uno de los módulos del segundo diplomado, también negó haber dado esas clases.

La Contraloría también consulto a la empresa CFOCAP sobre la veracidad de los diplomados otorgados a Fernández Jerí. A través de su gerenta general, respondieron que “son auténticos y veraces”, pero no pudieron acreditar un comprobante de pago a su nombre por diplomado porque estos eran de acceso y certificación gratuita.

“Los diplomados otorgados al señor Juan Antonio Fernández Jeri, fueron emitidos a título gratuito [...] No se emitieron comprobantes de pago que sustenten lo manifestado”, concluyeron. Además, advirtieron que en un link proporcionado por la misma CFOCAP “no existen grabaciones respecto a los diplomados en mención”.

La otra presunta irregularidad está relacionada a la experiencia profesional de Fernández Jerí. Dentro del concurso, la JNJ le dio 42 puntos por su experiencia en el sector público y 13 por su experiencia en el sector privado.

De los 42 puntos en el sector público, 30 fueron por su pasado como juez superior (2005-2006) y fiscal superior (2011-2014) y 12 por su experiencia como asesor en el Congreso. Los periodos que registró como trabajador parlamentario fueron cuatro: 1 de octubre de 2000 al 26 de julio de 2001; 1 de agosto de 2001 al 30 de marzo de 2003; 10 de abril de 2003 al 30 de junio de 2003; y 22 de setiembre de 2003 al 26 de abril de 2004.

En tanto, su experiencia en el sector privado consideró sus cargos en la Fundación Internacional para la Sostenibilidad Ambiental y Territorial (FISAT) entre el 2018 y el 2022, y como director ejecutivo en el Instituto Latino de Desarrollo e Investigación Social (ILDIS) entre el 7 de diciembre del 2002 y el 28 de diciembre del 2004.

De estos datos se desprende que Fernández Jerí, entre el 7 de diciembre de 2002 y el 26 de abril de 2004, trabajó en simultáneo en el Congreso y en el ILDIS. Así, se le “consideró como parte de la calificación, la experiencia y trayectoria profesional desarrollada en periodos simultáneos”, lo cual no estaba permitido.

En un oficio enviado como parte de este proceso de control, la propia Dirección de Selección y Nombramiento de la JNJ admite que si bien le dieron cuatro puntos por su experiencia en el ILDIS, “se evidencia, un periodo simultáneo con algunos otros periodos” de su trabajo en el Congreso, por lo que “no correspondía la asignación del citado puntaje”. “No es materia de calificación la experiencia desarrollada en periodos simultáneos”, precisaron.

Por último, el informe también advierte que dos de los diplomados consignados por Fernández Jerí en días y horas simultáneas tuvieron clases al mismo tiempo. El examen en línea de de esos diplomados, además, coincidó con las clases de un tercer diplomado, desarrollado el mismo día y a la misma hora. [VER CUADRO]

Como conclusión, el informe afirma que “los hechos expuestos, vulneran la legalidad y afectan el principio de verdad material que regula el procedimiento de selección y nombramiento de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público”.

En consecuencia, recomiendan a la presidenta de la JNJ “adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad [...] y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan”.

La JNJ manifestó en un comunicado difundido este martes que, precisamente, el informe no ”establece ni irregularidades ni responsabilidades”, sino que recomienda “adoptar las acciones que correspondan”. Además, recordaron que la Contraloría participó en el concurso en cuestión haciendo control concurrente.

No obstante, también adelantaron que en atención a las recomendaciones, está solicitando los informes correspondientes para “tomar las acciones pertinentes”. Además, recordaron que los documentos presentados por los postulantes en sus concursos, en este caso Fernández Jerí, “tienen carácter de declaración jurada, se presume su veracidad y son pasibles de control posterior”.

En octubre, cuando se elaboró el informe, El Comercio consultó a la ANC del Ministerio Público, a través de su personal de comunicaciones, la respuesta de Fernández Jerí ante el informe. La respuesta fue que recién podría manifestarse a partir de este miércoles.

Sin embargo, este Diario sí pudo acceder a un documento de la ANC, con fecha del 27 de septiembre, donde se dispone abrir nuevos procedimientos disciplinarios a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato. A ambos ya se les había iniciado meses atrás un proceso similar por declarar a la prensa sobre el caso de Keiko Fujimori.

Esta vez, motivo es haber dado declaraciones a medios de comunicación sobre el proceso judicial al expresidente Alejandro Toledo, el cual tienen a su cargo, en los días cercanos a su extradición al Perú en abril. Se les atribuyen faltas graves y muy graves que podrían llevar a suspensiones de hasta seis meses e incluso a que se recomienden sus destituciones.

Al fiscal Rafael Vela, en particular, se le acusa de que “faltó el respeto” a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esto por haber respondido a una pregunta en una entrevista, en la que explicó que la titular del Ministerio Público no interviene en el proceso judicial seguido al exmandatario por el caso Odebrecht.