Karem Barboza Quiroz

El Congreso de la República presentó este martes ante el Tribunal Constitucional (TC) una ampliación de demanda en la que solicita la interpretación del artículo 117 de la Constitución. Ello, a propósito de la denuncia que presentó la Fiscalía de la Nación contra el presidente .

Según el documento al que accedió El Comercio, la ampliación de demanda se presentó en el marco del proceso competencial del Parlamento contra el Poder Judicial, por la elección del Defensor del Pueblo.

El escrito indica que, “dada la controversia surgida y su innegable trascendencia constitucional y pública para la consolidación de nuestro Estado de derecho” el Congreso solicita la “delimitación interpretativa y conceptual” del artículo 117 de la Carta Magna.

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El artículo 117 establece lo siguiente: “El presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

Los argumentos

El Parlamento demanda al TC que interprete el artículo 117 de la Constitución bajo los términos de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el pasado 11 de octubre por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros.

Según se explica, en el caso de la denuncia constitucional contra el presidente Castillo, se ha solicitado que el artículo 117 de la Constitución sea interpretado conforme a lo dispuesto en los artículos 30, numeral 30.2 y 30.3 de la

Dicho tratado, añade, fue aprobado por el Estado Peruano y resulta de cumplimiento obligatorio en virtud del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.


“No podría válidamente interpretarse el artículo 117 de la Constitución como un impedimento para hacer prevalecer la inmunidad del presidente de la República de tal modo que se fomente su total impunidad frente a graves hechos de corrupción. Y, en todo caso, de comprobarse la total incompatibilidad de las normas de derecho interno frente a los tratados internacionales determina la obligación del Estado en concreto, realizar la correspondiente adecuación normativa, tal como fue interpretado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso olmedo Bustos y otros vs Chile)”, indica.

Según el documento, la finalidad de la ampliación de la demanda se sustenta en que, la interpretación constitucional tiene por finalidad determinar o asignar un sentido a las disposiciones contenidas en el texto de la Constitución.

Ello, alega el Congreso, se busca teniendo en cuenta que se trata de la concepción de una Carta Magna, “viviente, dinámica y que, por tanto, exige la búsqueda de su sentido frente a la realidad y el tiempo histórico concreto en que se vive”.

También recuerda que el TC no ha sido ajeno a la emisión de criterio interpretativos ante la necesidad de garantizar la vigencia de los principios y valores constitucionales.

El petitorio además, contempla que se declare nula la acción de amparo que días atrás interpuso el presidente Pedro Castillo en contra del Congreso de la República.

Finalmente, solicita que se declare que el presidente, los exgobernante, los ministros y los titulares de entidades del Estado están impedidos de interponer por sí, o a través de terceros, procesos constitucionales que busquen restringir, delimitar, alterar, detener o afectar la competencia del Congreso para ejercer sus atribuciones constitucionales de fiscalización e investigación.

Parte de la ampliación de la demanda competencial presentada por el Congreso respecto al artículo 117 de la Constitución.
Parte de la ampliación de la demanda competencial presentada por el Congreso respecto al artículo 117 de la Constitución.