Pedro Castillo: Contraloría recomienda denunciar a exfuncionarios tras contratos irregulares por S/108.800

La Contraloría General de la República recomendó denunciar a cuatro exfuncionarios del gobierno de Pedro Castillo, por la contratación y pago irregular de servicios no solicitados y, en un caso, con documentación falsa.

Se trata de Ysmael Rafael Mayuri Quispe (ex subsecretario general), Beder Ramón Camacho Gadea (ex subsecretario general), Herbert Henry Rodríguez Ariza (director del Área de Abastecimiento) y Carlos Hugo Muga Melgarejo (técnico administrativo en contrataciones) para quienes se requirió al Despacho Presidencial iniciar las acciones penales correspondiente.

Los hechos se registraron entre el 2021 y el 2022 y representaron un desembolso de S/108.800 del erario del Estado. Los contratos eran para brindar servicios fotográficos, asistencia en redacción y revisión de contenidos de redes sociales, así como registro y edición de material gráfico y otras labores de comunicación de las actividades de Pedro Castillo.

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Según el Informe de Control Específico 006-2022-2-0276-SCE -emitido el 23 de enero- el caso se vincula a la contratación de Franco Alexander Pomalaya Neyra para que realice los servicios de redacción y revisión de contenidos de redes sociales y comunicaciones y de José Luis Cristóbal Quispe para el registro y edición de material fotográfico.

Según la Contraloría, Mayuri Quispe y Camacho Gadea requirieron los servicios fotográficos, asistencia técnica para actividades presidenciales, revisión de redes sociales y redacción, porque “no contaban” con dicho personal y eran de carácter “urgente” para cubrir las actividades del entonces presidente e informar a la ciudadanía.

Por el pedido de Mayuri se crearon dos órdenes de servicio que cubrieron los meses de agosto a diciembre del 2021. Mientras que con Camacho se expidieron otras dos órdenes de servicios para los meses de enero a marzo del 2022.

Lo anterior demostraría que durante el gobierno de Castillo, las notas de prensa o información que se daba como entidad pública no estaba a cargo de la oficina destinada y creada para ello (en este caso el área de prensa); sino por los que eran asesores directos o mano derecha de Castillo.

Y así lo entendió la Contraloría pues determinó que los requerimientos de ambos exfuncionarios no estaban orientados a cubrir las necesidades propias de la Subsecretaría General de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial.

“De conformidad con los artículo 18 y 19 del ROF del Despacho Presidencial, la Subsecretaría General es el órgano responsable de la conducción, coordinación y supervisión de la gestión de los sistemas administrativos, así como de los órganos de administración interna del Despacho Presidencial”, recordó el entre fiscalizador.

Además, precisó que las actividades de comunicación estratégico, imagen institucional y prensa del ámbito interno y externo del Despacho Presidencial, correspondían a la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa.

“Durante los periodos 2021 y 20222, la Subsecretaría General requirió la contratación de los servicios de asistencia para redacción y revisión de contenidos de redes y aistencia técnica en comunicaciones, procediéndose a la contratación del proveedor Franco Alexander Pomalaya Neyra, pese a no tener necesidades relacionadas con la funciones de Comunicación Estratégica y Prensa, lo cual estaba a cargo de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa”, se indica.

Lee aquí el informe de la Contraloría:

Documentación irregular

La Contraloría también dio cuenta en su informe de control que, de la revisión de la documentación de la Subsecretaría General para el perido agosto del 2021 a marzo del 2022, se advirtió que los servicios por los que se contrató a José Luis Cristóbal Quispe también fueron requeridos por el área de Prensa contratándose a otras dos personas para las mismas labores en el mismo periodo de tiempo que Cristóbal Quispe.

Además, según la Contraloría, Cristóbal habría presentado certificados de trabajo carentes de veracidad para sustentar su experiencia mínima de cuatro años.

Ello fue ratificado por el dueño de una empresa que precisó que el fotógrafo había laborado solo seis meses para su oficina y no los dos años y 11 meses que había consignado en documentación. Además, aseguró que la firma en los certificados de trabajo después del 2017, no era suya.

La Contraloría advirtió también que una vez recibidos los requerimientos de Mayuri y Camacho, la Oficina de Abastecimiento no realizó el estudio de mercado o cotizaciones con proveedores, sino que, “solicitó únicamente a los señores José Cristóbal y Franco Pomalaya”.

Se determinó que ambos fueron recomendados por los exfuncionarios requirientes quienes enviaron sus CVs a la Oficina de Abastecimiento.

Luego de ello, se procedió con las órdenes de servicio que constituyeron S/50.400 para cada uno de los dos exbenefiados contratados. Es decir que entre Pomalaya y Cristóbal cobraron S/108.800 entre 2021 y 2022.

Los implicados han negado cualquier irregularidad, sin embargo la Contraloría ha determinado que sus descargos “no han desvirtuado” las imputaciones en su contra.

De esta manera, se advirtió que la Oficina de Abastecimiento, a cargo de Herbert Rodríguez, incumplió con sus funciones pues le correspondía supervisar la elaboración de los estudios de mercado necesarios.

“Los funcionarios de la Subsecretaría General requirieron servicios de registro fotográfico y asistencia en redes sociales pese a que dicha unidad orgánica no tenía funciones de comunicación y prensa; asímismo, la Oficina de Abastecimiento no realizó respectivo estudio de mercado, hechos que permitieron la contratación de proveedores al margen de la normativa, uno de los cuales presentó documentos carentes de veracidad para sustentar la experiencia requerida, afectando la correcta gestión de las contrataciones del Estado”, se identificó como actos irregulares.

Por ello, la Contraloría dispuso, entre otras acciones que la Procuraduría en Delitos de Corrupción de Funcionarios inicie las acciones penales contra los exfuncionarios y exservidores comprendidos en los hechos irregulares a fin de que se determina las responsabilidades que correspondan. A través de diversos oficios se dio cuenta de las conclusiones al Despacho Presidencial.