Pedro Castillo: Corte Suprema declara “bien concedida” apelación por Caso Puente Tarata

La Corte Suprema declaró por “bien concedido” el recurso de apelación que interpuso el presidente de la República Pedro Castillo, a través de su abogado Benji Espinoza, contra la resolución que declaró infundada la tutela de derechos que buscaba paralizar la investigación por el Caso Puente Tarata.

Según conoció El Comercio, la calificación de la apelación se realizó el pasado 22 de agosto y los magistrados decidieron que había elementos para analizar la solicitud de fondo.

Es decir, revisar la decisión del juez supremo Juan Checkley, quien resolvió que un presidente en funciones, como es el caso de Castillo Terrones, sí podía ser investigado preliminarmente por la Fiscalía de la Nación.

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“La fiscalía no podría formalizar una investigación preparatoria contra el presidente de la República durante su período –salvo los supuestos de excepción contemplados en el mencionado artículo 117–, al no poder emitirse previamente una acusación constitucional de contenido penal en su contra; pero [...] sí puede realizar una investigación preliminar, cuando las circunstancias e indicios lo justifiquen”, dijo Checkley en su resolución de primera instancia.

Concluida esta etapa, la Sala Suprema Penal Permanente deberá señalar fecha para la audiencia pública a fin de escuchar los alegatos de las partes.

La Fiscalía Suprema, cabe precisar, ya solicitó que de declare “infundado” el recurso de apelación presentado por la defensa de Castillo Terrones.

Por este caso, el jefe de Estado es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión en el marco del caso Puente Tarata III. Junto a Castillo Terrones es investigado el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, y seis congresista del partido político Acción Popular.

Todo ello, a consecuencia de información, documentos y la declaración de Karelim López, quien declaró en su proceso de colaboración eficaz, que Castillo Terrones lideraría una organización criminal que se dedicó a entregar de manera irregular las obras en el MTC y otros estamentos del Estado.