Pedro Castillo enfrenta cuarta denuncia constitucional de fiscalía: qué hechos le atribuyen y qué responde su defensa

Se trata de la cuarta denuncia constitucional que presenta la fiscalía contra el exmandatario, quien cumple prisión preventiva en el penal de la Diroes por el golpe de Estado que dio en diciembre del 2022. Las otras tres fueron por el caso de los ascensos irregulares en la Policía Nacional, Ejército y Fuerza Aérea; los casos Casos Puente Tarata (MTC), Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y el golpe de Estado.

La denuncia ya está en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que preside la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso).

En enero del 2022, Castillo nombró a Salaverry presidente de la empresa estatal encargada de negociar, firmar y supervisar las concesiones de los yacimientos de petróleo y gas, pese a que no tenía experiencia en temas energéticos.

La designación se oficializó mediante una resolución firmada por Castillo y el otrora ministro González, un día después de que Castillo se reuniera con Salaverry en Palacio de Gobierno.

De acuerdo con la denuncia, el proyecto de esa resolución fue remitido a Palacio de Gobierno por la secretaria general del Ministerio de Energía y Minas “sin contar con el oficio solicitando su publicación en el diario ‘El Peruano’ ni con la documentación que sustentaba la emisión de la norma”.

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El Ministerio Público cuenta con testimonios de exfuncionarios del Despacho Presidencial, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Energía y Minas que señalan que la designación se realizó sin el procedimiento establecido por normativa.

Por este caso, el cuarto despacho de la primera fiscalía anticorrupción de Lima investiga a Salaverry por presunto delito de aceptación ilegal del cargo. La investigación se encuentra en etapa preliminar.

El excandidato presidencial solo duró 17 días en el cargo, al que renunció tras las duras críticas contra él y la gestión de Castillo. Aquella vez, las reacciones políticas, entre ellas una moción de interpelación a González, se reforzaron con un informe técnico de la contraloría que confirmó irregularidades en la designación.

Según la denuncia constitucional, Castillo “se habría interesado indebidamente, en forma directa”, en la designación de Salaverry como presidente del directorio de Perú-Petro.

La Fiscalía de la Nación ha determinado que al momento de la designación, Castillo y González no contaban con un informe legal que debía expedir el Ministerio de Energía y Minas sobre la viabilidad del nombramiento de Salaverry.

Según consigna la denuncia, la solicitud para la elaboración del informe legal se realizó cuando Salaverry ya estaba designado.

El documento, a cargo de la oficina general de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas, estuvo listo tres días después del nombramiento.

Villena señaló en la denuncia que, según establece el decreto legislativo N° 1031, para ser director de una empresa del Estado se requiere estar familiarizado con el giro propio del negocio que realiza la empresa.

Agregó que la Ley de Organización y Funciones de Perú-Petro establece que los miembros del directorio deben ser personas con reconocida capacidad técnica y profesional en la materia a desempeñar. No obstante, Salaverry no cuenta con capacitaciones técnicas o experiencia laboral relacionadas con la exploración, explotación y comercio de hidrocarburos.

El excandidato presidencial y expresidente del Congreso tomó el cargo en reemplazo de Seferino Yesquén León, ingeniero de Petróleo de la UNI, con una maestría en Ingeniería de Petróleo y Gas y con casi 40 años de experiencia en el sector en el Perú y en Argentina.

La Fiscalía de la Nación precisó en la denuncia constitucional que el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo se sanciona con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.

Ese delito lo comete el funcionario que indebidamente se interesa por cualquier contrato u operación en el que interviene por razón de su cargo, en provecho propio o de un tercero.

En tanto, el delito de nombramiento ilegal es sancionado con sesenta a ciento veinte días - multa.

El abogado Wilfredo Robles, defensor legal de Castillo, aseguró que este no era responsable de verificar que la designación de Salaverry contaba con el respaldo documental correspondiente.

“No le corresponde al señor presidente de la República hacer las funciones de los ministros, sino admitir o ratificar las propuestas de estos en base al principio de confianza. Resultaría materialmente imposible que para cada decreto, de la gran cantidad de funcionarios que tiene que nombrar, el presidente realice labores administrativas de verificación”, dijo en diálogo con El Comercio.

En tanto, Gónzalez culpó a la Presidencia. “Si yo hubiese hecho mal el nombramiento, quien tenía que corregir era Palacio de Gobierno. Yo he hecho todo de acuerdo a ley. Acá no hay negociación incompatible, no hay nada. Pero si lo quieren interpretar así, qué vamos a hacer pues. La política es así. [...] ¿Cuál es mi delito? Yo propongo, y alguien me tenía que decir: ‘No, está mal’. De acuerdo con la norma, yo tenía que mandar la propuesta a la Presidencia”.

No obstante, cuando se concretó la designación, ya era conocido el vínculo entre Castillo y Salaverry, que detallamos con la siguiente cronología:

González deslizó un cálculo político en la presentación de la denuncia constitucional, pues esta se realiza un día después de que Castillo anunciara su afiliación a la agrupación “Todo con el Pueblo”.

“Se viene una campaña fuerte, en buena hora. Que de una vez digan que no lo quieren en la contienda electoral. Castillo cometió el error de firmar por un partido. Ya pues, esto trae como consecuencia que firmen esto. Así es la política. No sé si de parte del Ministerio Público. Bueno, coincidencia pues, que sea coincidencia”, afirmó en diálogo con El Comercio.

Salaverry defendió la legalidad de sus actos y se refirió a un presunto ensañamiento en su contra. “En mi caso no he cometido ningún ilícito penal. La norma es clara y no exige, al ser un cargo directivo (miembro del directorio) experiencia en hidrocarburos. Al punto que, recién este Congreso ha aprobado un dictamen en la Comisión de Energia y Minas para incluir nuevos requisitos, entre ellos, el que menciono. En caso de aprobarse en el pleno, esta no se puede aplicar de forma retroactiva”, dijo.

El excandidato presidencial agregó que en la última década hubo otros nombramientos para el directorio de Perú-Petro de profesionales que no tenían experiencia en el sector.

“¿Es o no es un ensañamiento contra Castillo y en mi contra? [...] Como expresidente del Congreso y exgerente de empresas privadas por años, por supuesto que estaba capacitado para asumir un cargo directivo en una empresa que no perfora ni administra pozos de petróleo, es mas una empresa de promoción de la inversión para que vengan a explorar nuestros lotes petroleros. [...] La fiscalía esta equivocada. Muchas de sus denuncias terminan en el archivo en el Poder Judicial”, agregó.

La subcomisión deberá dar cuenta de la denuncia constitucional y luego elaborará un informe sobre su procedencia o improcedencia, que será sometido a votación.

El informe será enviado a la Comisión Permanente para una nueva votación. Si también procede allí, volverá a la subcomisión y se designará a un congresista delegado para el caso. Este deberá recoger la evidencia y los testimonios requeridos, y luego se realizará una audiencia para ver la denuncia.

Por tratarse de una denuncia constitucional por presunta comisión de delitos, su objetivo es levantar el antejuicio del que gozan Castillo y González, para que puedan ser procesados a nivel judicialm por el caso en mención.