Pedro Castillo: ¿Por qué no es viable propuesta de Guido Bellido para amnistiar a expresidente?

El siguiente informe fue publicado el 20 de junio tras el anuncio del congresista Guido Bellido y actualizado el 23 de junio luego de la presentación del proyecto de ley de aministía.

El 19 de junio, el congresista y ex primer ministro Guido Bellido anunció un proyecto de ley para amnistiar al expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022.

Ese día Bellido precisó que la amnistía “iría sobre los delitos de rebelión y sedición, mas no sobre otros temas que se estén tratando en el fuero judicial”, en referencia a otras investigaciones que enfrenta Castillo por presunta organización criminal, tráfico de influencias y otros delitos.

El congresista formalizó su proyecto el 23 de junio y lo anunció mediante sus redes sociales:

Desde diciembre pasado, el exmandatario cumple 18 meses de prisión preventiva por el golpe de Estado, por presunta rebelión y conspiración. Hasta el momento, todos los recursos judiciales presentados por sus abogados para que recupere la libertad han sido infructuosos.

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Además, enfrenta otra prisión preventiva por 36 meses, por presunto tráfico de influencias y otros delitos.

La amnistía consiste “en olvidar un hecho, no en liberar a fulano o mengano”, explicó el abogado penalista Vladimir Padilla en diálogo con El Comercio.

Se trata de un olvido legal que se aplica para “delitos políticos sociales”, añadió el penalista Luis Vargas Valdivia.

En este caso, la propuesta de Bellido buscará que se olvide lo que ocurrió el pasado 7 de diciembre, cuando Castillo anunció la disolución del Congreso, declaró en reorganización el sistema de justicia y estableció un gobierno de excepción.

Por el golpe de Estado, el Ministerio Público no solo investiga a Castillo. El caso también involucra a la exprimera ministra Betssy Chávez y los exministros Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y Willy Huerta (Interior), investigados por presunto delito de rebelión.

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Aunque ejercer el derecho de amnistía es una atribución del Congreso, como toda ley, tiene una justificación, alcance general y racionalidad, explicaron los abogados penalistas.

Como otros proyectos de ley, los que proponen una amnistía son evaluados por una comisión ordinaria del Congreso, que en este caso sería la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el congresista Américo Gonza, de Perú Libre.

Luego, en última instancia parlamentaria, pasan al pleno, donde solo requieren mayoría simple para su aprobación; es decir, 66 votos, explicó el abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en asuntos parlamentarios.

No obstante, Padilla precisó que “no toda ley de amnistía será aplicada por el Poder Judicial a rajatabla, porque este puede hacer un control de constitucionalidad; es decir, hay otro filtro”.

"Si se saca la ley, un juez la puede inaplicar por inconstitucional"

Vladimir Padilla, abogado penalista

El penalista añadió que “con nombre propio” se puede dar un indulto o un derecho de gracia, pero éstos tampoco aplican en el caso de Castillo en estos momentos.

El indulto aplica solo para condenados, y Castillo aún no lo está. Sus casos siguen en investigación fiscal.

En tanto, el derecho de gracia se sustenta en un exceso de carcelería, y no es necesaria la existencia de una condena.

Ambas figuras son facultades del presidente de la República.

Padilla y Vargas Valdivia resaltaron que no se puede legislar en favor de una sola persona. Las leyes tienen alcance general.

Para Padilla, la propuesta de Bellido “es totalmente improcedente, pues no hay ley con nombre propio”.

En tanto, en opinión de Vargas Valdivia, se trata de “una propuesta inviable, que busca generar controversia para que el congresista Bellido se mantenga presente en los medios de comunicación”.

Los abogados precisaron que la amnistía alcanzaría a todos los que participaron del golpe de Estado.

“La amnistía se da en delitos políticos sociales. ¿El golpe de Estado lo fue? Sí, pero el expresidente también está procesado por delitos de corrupción, y ahí no cabe la amnistía. La única explicación que veo a ese proyecto es el afán de protagonismo del congresista Bellido”

Luis Vargas Valdivia, ex procurador

En diciembre del 2000, el Congreso amnistió al entonces teniente coronel del Ejército Ollanta Humala, su hermano Antauro Humala y al “personal militar y civil” que se rebeló contra el régimen de Alberto Fujimori el 29 de octubre de ese año en Locumba, Tacna.

Humala se sublevó contra un gobierno que iniciaba su tercer mandato consecutivo, y protestó por el apoyo dado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial. Aquella vez, tomó como rehén al general Carlos Bardales, jefe del cuartel Locumba.

Por ese hecho, Humala estuvo preso en la fortaleza del Real Felipe, en el Callao, pero el pleno del Congreso lo amnistió con 44 votos a favor, 27 en contra y 17 abstenciones.

El sector del Congreso que se opuso a la amnistía argumentó que no se debía interferir con la acción de la justicia castrense. Además, señaló que la amnistía sentaría un «mal precedente» en las Fuerzas Armadas.

No obstante, el abogado y ex primer ministro Javier Valle Riestra, quien asumió la defensa de Humala, señaló que este fue procesado por ejercer “el derecho de insurgencia contra un gobierno totalitario”.

Años antes, el 14 de junio de 1995, el Congreso aprobó una ley de amnistía que ordenó la liberación de los militares y policías presos o acusados de crímenes contra civiles y militares en el proceso de lucha contra el terrorismo.

La ley fue derogada en el 2000. Aquella vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que la amnistía no tenía efectos jurídicos al ser incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.