La Unión de Gremios del Perú manifestó que cualquier decisión sobre un indulto o gracia a favor de Pedro Castillo se tome siguiendo el marco jurídico vigente, ante el reciente pedido formulado por la defensa legal del expresidente para que José María Balcázar y la Comisión de Gracias Presidenciales evalúen la posibilidad de otorgarle una gracia que lo libere de la prisión que cumple por el golpe de Estado del 2022.
En su comunicado emitido este viernes 17 de julio, el gremio empresarial subraya que este derecho de gracia debe resolverse exclusivamente conforme a lo estipulado en la Constitución y las leyes peruanas. Asimismo, el bloque gremial enfatiza la importancia de que la resolución se mantenga alejada de presiones externas o cálculos políticos que puedan comprometer la imparcialidad del proceso judicial.
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Pedro Castillo cumple una sentencia de más de once años de prisión por su participación en el golpe de Estado en diciembre de 2022. Desde entonces, su defensa y diversos sectores han promovido pedidos de liberación, incluyendo indultos que han sido rechazados por el Ejecutivo, y un reciente planteamiento para una gracia presidencial.
La unión en su documento hace referencia específica a la precisión del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el reciente informe del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) destacando que este último pronunciamiento no tiene carácter vinculante ni constituye una sentencia internacional, por lo que no tiene la facultad de modificar las decisiones tomadas por la justicia en el Perú.
Marco legal para Pedro Castillo
El comunicado de la Unión de Gremios del Perú advierte que utilizar la gracia presidencial como una herramienta de negociación política afectaría gravemente la separación de poderes. Para los integrantes de la asociación, un escenario de este tipo dañaría la seguridad jurídica indispensable para recuperar la confianza ciudadana y fomentar la inversión económica necesaria para el desarrollo del país.
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“Utilizar esta decisión con fines políticos debilitaría la institucionalidad, afectaría la separación de poderes y dañaría la seguridad jurídica que el país necesita para recuperar la confianza ciudadana, promover la inversión y generar desarrollo”, precisaron textualmente.
La Unión de Gremios exhortó a las autoridades competentes a actuar con la máxima responsabilidad y estricto apego al Estado de derecho.
Esta posición es respaldada por las diversas cámaras de comercio y asociaciones de exportadores e industriales que conforman el colectivo empresarial a nivel nacional, incluyendo a ADEX y la Cámara de Comercio de Lima (CCL), así como la Sociedad Nacional de Industria (SNI) y Canatur.
