Ahora, en el 2025, una nueva denuncia por presunta falsificación de firmas, esta vez para la inscripción del partido “Primero la Gente”, vuelve a ponerlo en el ojo de la tormenta.

En diálogo con El Comercio, como veremos más adelante, el abogado ha rechazado ambas imputaciones y asegura que jamás ha sido parte de una “fábrica de firmas falsas” y que tampoco tuvo conocimiento sobre los presuntos aportes ilícitos que Odebrecht y OAS le hicieron a su antes amiga, Villarán de la Puente.

Zevallos ingresó a la política en el 2010, a través del partido Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, pero ese mismo año postuló y fue electo como regidor de la plancha municipal por Lima de Susana Villarán, a través del Partido Descentralizado Fuerza Social.

MIRA: Guillermo Bermejo: Trabajadores de su despacho en el Congreso son dirigentes de su plataforma política

Durante la campaña electoral de ese año y como funcionario municipal, era unos de los hombres de confianza de la cúpula que tenía la entonces alcaldesa de Lima, y también uno de sus férreos defensores.

Por ello, en el 2013, cuando se inició el proceso de revocatoria no dudó en sumarse a la campaña para asesor legal de “oficio” a fin de defender la permanencia de Villarán en el sillón municipal; y luego, como personero legal de “Diálogo vecinal” que buscaba la reelección municipal de la ahora exburgomaestre.

Es precisamente por su apoyo en ambas campañas electorales, que, en el 2019, fue incluido como investigado como parte de una organización criminal que se habría constituido para blanquear US$11.293 millones, en presuntos aportes ilícitos que las empresas brasileñas Odebecht y OAS -han reconocido ante la justicia peruana- entregaron a Susana Villarán para que pueda solventar ambos procesos.

La fiscalía ha solicitado 18 años y cinco meses de cárcel para Zevallos al acusarlo de los presuntos delitos de organización criminal (asociación ilícita para delinquir), lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en proceso administrativo.

La fiscalía sostiene que la presunta estructura criminal liderada por Villarán de la Puente se habría constituido en el 2010 y desde su génesis contó con un brazo legal que estuvo jefaturado por el imputado Marco Antonio Zevallos Bueno.

Por ello, agrega la fiscalía, en la campaña de la consulta popular para la revocatoria municipal del 2013, la probable líder de la organización criminal le solicitó al abogado que ejerza algún tipo de responsabilidad en materia legal ante las autoridades electorales.

Es así que, durante la rendición de cuentas sobre los gastos de campaña, Zevallos consignó ingresos por S/ 1′614.321,50 y reportó egresos por S/ 1′612.322.

No obstante, según informes contables presentados por la fiscalía, se dentificó egresos por un total de S/5′738.737,49.

Es decir, una diferencia de S/ 4 millones respecto de lo declarado por el entonces personero. Ello, sin contar que los US$3 millones de Odebrecht y US$3 millones de OAS no fueron reportados en la campaña.

Para la campaña electoral municipal del 2014, como personero legal de Diálogo Vecinal, con el que postulaba Villarán para la reelección, Zevallos Bueno reportó aportes y gastos de campaña ingresos por S/ 1′336.600 y egresos por S/ 1′335.577.

Empero, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) detectó un desbalance de lo reportado en dicha campaña, señalando que no se había consignado la suma de S/2′765.180,34 por gastos en publicidad electoral.

Ana Elena Townsend, cercana colaboradora de la entonces alcaldesa, señaló ante la fiscalía que Zevallos Bueno fue dispuesto por Susana Villarán como el encargado de presentar la documentación ante el Jurado Nacional de Elecciones donde se declaran los ingresos y egresos de la campaña Elecciones Regionales Municipales 2013.

Por su parte, la testigo Mariza Glave Remy ha precisado que Marco Antonio Zevallos Bueno fue la persona que suscribió el pacto ético y entregó las cuentas de la campaña al Jurado Nacional de Elecciones – JNE.

“Respecto a Marco Antonio Zevallos Bueno, y de acuerdo al rol y función que tuvo dentro de la organización criminal, era la persona encargada del área legal o de representación de la organización criminal, que tenía como finalidad el garantizar la permanencia y operatividad de la misma, para ello debía de dar apariencia de legalidad a las acciones desplegadas por la organización criminal y era quien daba apariencia de legalidad a los activos ilícitos al convertirse en aportes a campañas ante el JNE y ONPE.”

Acusación fiscal

Para el 2017, Marco Zevallos trató de volver a tentar la aventura política de obtener un cargo de elección popular. Ya no a nivel municipal, sino esta vez buscaba la elección congresal.

Por ello, renunció a su afiliación a Diálogo Vecinal, soltando la mano de Susana Villarán y se amparó en el velo del Partido Morado (cuya figura entonces era el excandiato presidencial Julio Guzmán) a donde no solo se afilió, sino que fue fundador, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y también personero legal titular.

Llegó el 2021, y el abogado vio la oportunidad de saltar a un escaño y se presentó como candidato al Congreso de la República. Pero no tuvo éxito. Debido a la crisis interna del Partido Morado sus resultados le fueron adversos, logrando solo 3 escaños.

En setiembre del 2021, el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) canceló la inscripción del Partido Morado por no haber superado la valla electoral y Zevallos también canceló su inscripción para saltar a su siguiente proyecto político.

Antes de ello, trató de regresar como funcionario del Estado, pero en el cargo de asesor de alta dirección en el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Su nombramiento se dio el 11 de noviembre del 2021; sin embargo, luego de diversas críticas por su designación, en menos de 24 horas presentó su renuncia, la cual fue aceptada ese mismo día y oficializada al día siguiente, 12 de noviembre.

Según el historial de afiliaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Marco Zevallos, fue incluido como “miembro del padrón de afiliados” en Primero La Gente - Comunidad, Ecología, Libertad Y Progreso, el 1 de enero del 2022, cuando buscaban su reconocimiento legal partidario.

La agrupación política no logró concluir el proceso de inscripción y el abogado tampoco alcanzó a ser reconocido como afiliado.

Meses después, en setiembre del 2022, volvió a iniciar el proceso de inscripción para su reconocimiento como partido político. Allí, según el acta de fundación, Zevallos Bueno fue inscrito como Secretario de Organización y Personero Legal Titular.

En julio del 2023, la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (DNROP) dio por cumplidos los requisitos necesarios y dispuso su inscripción que le otorgaba el reconocimiento oficial como partido político con 26,514 afiliados válidos.

Actualmente, según el registro del ROP, el partido Primero la Gente tiene un total de 29,153 afiliados válidos vigentes, en el Padrón Electoral informado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Sin embargo, un informe de Latina, dio cuenta que el partido fundado por Zevallos habría usado una “fábrica” para falser 4,039 firmas que habrían sido parte del lote presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para lograr su inscripción.

El informe periodístico presentó a un testigo, quien dijo que cobraban seis soles por el llenado de las fichas de afiliación que se hacía con información de la Reniec y el fraguado de las firmas.

Así también, dicho testigo señaló que en el caso de Primero la Gente, le habría entregado a Zevallos un paquete con fichas elaboradas de manera ilegal.

“Los directivos responsables de la inscripción del partido eran Miguel, y el personero legal, Marco Zevallos, quien estaba a cargo de la recepción de las fichas de afiliados, y toda la presentación del expediente al jurado. Los encargados de recoger o recepcionar las fichas que hacíamos eran los mencionados, y el encargado de los pagos era Miguel, ellos financiaron toda la inscripción del partido”, dijo el testigo.

Este Diario solicitó información al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto a las acciones adoptadas sobre esta denuncia; sin embargo hasta el cierre de este informe no precisaron si era un caso que ya habían identificado y denunciado, o recién estaban tomando conocimiento.

En diálogo con El Comercio, Marco Zevallos rechazó que su persona o el partido político Primero la Gente se encuentren implicados o hayan sido parte de una “fábrica de firmas falsas”.

“Como lo he manifestado, ahora temprano, y como está en el comunicado que hemos compartido; en principio rechazamos toda acusación referida a la existencia de una fábrica de firmas. No hay ningún elemento que pueda acreditar que, de parte nuestra, de parte de mi persona, yo soy el personero legal del partido, haya tenido vinculación con alguna persona que se dedique al tema de fábrica de firmas y este tipo de ilicitudes.”

Marco Zevallos,  abogado y personero de Primero la Gente

El personero legal del referido partido político aseguró que el informe de Reniec presentado en la denuncia, dando cuenta de la existencia de firmas flasas, es de mayo del 2022.

No obstante, aseguró, el partido inició su proceso de inscripción en setiembre del 2022, por lo que de allí para adelante presentaron 26,000 firmas y entre enero y febrero del 2023, otras 6,000 firmas más.

“Uno, no sé de dónde se llega a un número como el que ha sido señalado. Dos, la imputación que hace una persona que no es identificada, de que supuestamente mi persona habría recibido fichas en una oficina en Jesús María; yo nunca he tenido una oficina en Jesús María, no tengo una oficina abierta, y la foto que presentan es del edificio donde queda un departamento que es mi propiedad, en el cual yo he vivido hasta comienzos del 2022, y donde jamás he recibido una ficha de nadie, y a ninguna persona le he recibido un paquete de 5.000 o 6.000 fichas de militantes”, aseveró.

No obstante, aseguró que si, como efectivamente se ha visto en la denuncia periodística, que existen personas que refieren haber sido afiliadas sin haber prestado su consentimiento, su partido realizará todas las investigaciones que correspondan para llegar al fondo del asunto y dilucidar qué es lo que ha sucedido.

“Nunca he recibido de parte de ningún tramitador, ningún lote de firmas. Las fichas que hemos recibido en general provienen del trabajo que se ha desarrollado en la militancia. Sin perjuicio de ello, si en algún caso la militancia, porque hay un hecho objetivo, hay un conjunto de personas que refieren que está su firma en fichas que no corresponden con su voluntad”, reafirmó.

Sobre la acusación que pesa en su contra por los presuntos aportes ilícitos de Odebrecht y OAS y el eventual juicio oral que iniciará el Poder Judicial próximamente, Zevallos Bueno dijo espera que la justicia “actúe como corresponde”.

Aseguró que no tuvo ningún interés en el manejo económico o financiero de una u otra campaña (No a la revocatoria y reelección) y tampoco participó en la toma de decisiones sobre el manejo económico o financiero.

Ello, indicó porque lo “único” que hizo fue firmar una nota de atención a la cual se adjuntaba el informe que se presenta ante el Tribunal del Pacto Ético Electoral en el caso de la campaña de la revocatoria y luego, como personero legal de Diálogo Vecinal.

Dicha nota de atención adjuntaba un informe económico, que en el caso de campaña de la reelección en el 2014, tenía sus propios autores, que eran el tesorero y la contadora de dicho movimiento.

“Yo estoy injustamente involucrado en esta investigación desde el año 2019. No he presentado ningún recurso para dilatar este caso. Soy el primer interesado en que se llegue a dilucidar este tema. Mi condición de inocente respecto a esta investigación la he manifestado desde el día uno, incluso desde antes de estar involucrado en la investigación, cuando he sido citado como testigo por la Fiscalía.”

Marco Zevallos, abogado y personero de Primero la Gente

El abogado aseguró que, bajo el principio de confianza a nivel funcional, no podría haber contrastado lo que señalaban los informes de rendición de gastos, o respecto a los aportes, ya que su función era como un “responsable oficioso” en la campaña por el “No a la Revocatoria del 2013 y personero legal de Diálogo Vecinal en la campaña de reelección del 2014.

“Un personero legal o un responsable oficioso no tiene responsabilidad por el manejo económico, si me imagínese, yo tendría que verificar todos y cada uno de los puntos que están ahí planteados, sobre la base de qué yo podría contrastarlo, cómo podría, cuál es la diligencia debida que yo tendría que haber hecho, es lo que siempre le he dicho a la fiscalía, cuando ustedes me imputan esto, díganme, cuál es la actuación que yo debía hacer, debí ponerme a verificar cada uno de los montos y detalles que están ahí señalados, no resiste pues ninguna análisis lógico, una imputación en ese sentido”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO