PNP considera a Patricia Benavides como “fiscal de la Nación”: ¿Tomó posición en la disputa del Ministerio Público?

La Policía Nacional del Perú (PNP) considera a Patricia Benavides como “fiscal de la Nación” y ordenó asignarle seguridad personal desde el 14 de junio, según un oficio al que accedió El Comercio.

Esa disposición se adoptó cuatro días antes de que el primer ministro Eduardo Arana asegurara —el 18 de junio— que el Ejecutivo no asumiría posición en la disputa entre Benavides y Delia Espinoza por la jefatura del Ministerio Público.

“En el Ejecutivo no vamos a tomar partido por uno o por otro. No vamos a decir que a este le corresponde. No vamos a opinar, no vamos a atizar este enfrentamiento para generar más discusión”, había asegurado Arana en conferencia de prensa desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

ESTE ES EL OFICIO DE LA PNP

Con urgencia

El oficio revela que la Comandancia General de la PNP dispuso que se brinde seguridad a la “Dra. Liz Patricia Benavides Vargas - Fiscal de la Nación”, con el carácter de “muy urgente”. Esto “en atención a la normatividad legal vigente y ante los riesgos a que se enfrenta, como consecuencia de las denuncias y otras actuaciones propias de su cargo como Fiscal de la Nación”.

Según demuestra el documento, el jefe del Comando de Operaciones Policiales, el teniente general Carlos Céspedes Muñoz, ordenó que la Dirección Nacional de Orden y Seguridad (Dirnos) adopte “las acciones pertinentes” para cumplir con el mandato.

La comunicación ordena a diversas direcciones y unidades de la PNP tomar conocimiento de la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y adoptar las acciones correspondientes.

La resolución de la JNJ que restituyó a Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público se adoptó el 12 de junio y se conoció al día siguiente. No obstante, el Ministerio Público fue notificado el lunes 16 de junio.

Ese mismo lunes, Benavides ingresó a la sede central del Ministerio Público acompañada de efectivos de la PNP y otras personas de su entorno para tomar posesión del cargo. Sin embargo, no logró ese objetivo.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha denunciado penalmente a Benavides por presunta usurpación de la función pública, ostentación de distintivos de función o cargos que no ejercen, desobediencia y resistencia a la autoridad, grave perturbación de la tranquilidad pública y usurpación agravada.

Espinoza también presentó un habeas corpus contra la PNP para evitar una posible detención en su contra por permanecer en el cargo pese a la resolución de la JNJ. No obstante, ese recurso fue desestimado por el Poder Judicial.

Descargos

La PNP aseguró mediante un comunicado que asignó el resguardo a Benavides porque así le fue requerido. Añadió que la solicitud fue sustentada con la resolución emitida por la JNJ.

“La Policía Nacional del Perú no ha reconocido a persona alguna como Fiscal de la Nación, ya que ello no se encuentra dentro del marco de su competencia ni funciones”, señaló.

La PNP agregó que “actualmente, ante la disputa por la titularidad del Ministerio Público”, brinda protección a Benavides y Espinoza.

Poco después, en entrevista con “Punto Final”, Carlos Malaver, ministro del Interior, comentó que la decisión se trató de “una respuesta a una comunicación y solicitud” de Benavides, remitiendo la resolución de la JNJ. Añadió que “debería de respertarse lo que emite la JNJ”. Pero manifestó que su cartera “no va a dirimir nada al respecto”.

Justifica el resguardo

El abogado y excongresista Jorge del Castillo, defensor legal de Patricia Benavides, rechazó que la decisión de la PNP sea irregular.

“¿Qué pasaba si la doctora sufría un atentado el día 15? ¿Quién asumía la responsabilidad? ¿Cree que la policía no puede tomar una medida ante un hecho público? Porque es un hecho público. La resolución estaba emitida. Aunque no haya sido notificada formalmente al Ministerio Público, eso no enerva una realidad”, sostuvo en diálogo con El Comercio.

Del Castillo consideró que el resguardo a Benavides estuvo plenamente justificado. “Me parece muy bien el hecho de que la Policía Nacional haya tomado esa decisión porque es lógica. Estamos cuidando vidas de personas”, señaló.

Consultado sobre si hubo una coordinación directa entre Benavides, su defensa y altos mandos policiales para gestionar el resguardo, respondió: “Me parece que hubo algún pedido, pero no estoy seguro. Creo que es lógico que haya un pedido porque, en este momento de tensión, es muy riesgoso descuidar la seguridad de las personas. Siempre hay gente desquiciada que puede hacer cualquier barbaridad”.

Nuevo pronunciamiento

El primer ministro aseguró el domingo 22 que la resolución de la JNJ a favor de Benavides debe ser acatada por la Fiscalía de la Nación.

 “Debemos acostumbrarnos a que en democracia existe lo que se llama la institucionalidad. Esta implica saber reconocer, respetar y obedecer lo que dicen las normas. Si hay una resolución, que esta se cumpla”, dijo en diálogo con la prensa durante una actividad oficial en Lurigancho-Chosica.

Posturas

Para el exdirector general de la PNP Eduardo Pérez Rocha, sería irregular que el comandante general de la institución disponga brindar seguridad a Patricia Benavides y a Delia Espinoza de forma simultánea, como si ambas ostentaran el cargo de fiscal de la Nación.

“No puedes tener dos tipos de seguridad integral para dos fiscales de la Nación. Eso no existe. Ahí el comandante general puede ser sometido a una denuncia. Si le da seguridad a Benavides, ¿quiere decir que se la quitará a Espinoza?”, cuestionó.

Pérez Rocha explicó que el esquema de resguardo asignado a la fiscal de la Nación comprende tanto seguridad personal como domiciliaria.

De acuerdo con la directiva general del Ministerio del Interior sobre la protección a altas autoridades, dicho resguardo está conformado por un oficial de Armas en el grado de mayor o capitán, responsable de la escolta; dos oficiales subalternos o suboficiales más antiguos en el grado, como jefes de grupo; cuatro suboficiales de Armas para protección personal y cuatro para la protección domiciliaria; además de dos suboficiales conductores de vehículo seguidor y dos suboficiales motociclistas.

En opinión del ex primer ministro Juan Jiménez Mayor, la decisión de la PNP puede interpretarse como “un adelanto de decisión por parte del gobierno”.

“Mientras esta resolución no esté notificada y esto no esté regularizado en el Ministerio Público, estamos hablando de una decisión administrativa que no tiene ejecución. [...] Debería, el Poder Ejecutivo, buscar un mecanismo de diálogo, pero no tomar posición previamente, porque eso deslegitima al gobierno”, dijo en diálogo con Canal N.

El ex presidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma señaló, por el contrario, que la decisión de la PNP tiene sustento legal.

“Hay una resolución que repone en el cargo a la doctora Benavides. Además, hay un padrón que señala a los operadores jurisdiccionales en sus respectivas ubicaciones, y en este, la doctora Espinoza ha sido retirada. El resguardo policial se guía en función de ese registro”, afirmó a El Comercio.