Presidenta del PJ: “La justicia penal solo persigue la verdad, jamás fines políticos que justifiquen un asilo internacional”

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, defendió las resoluciones emitidas por magistrados en materia penal, sobre las cuales dijo que se basan en la verdad de los hechos y no en persecuciones políticas que justifiquen asilos internacionales. Esto, el mismo día que Nadine Heredia llegó a Brasil tras ser condenada a 15 años de prisión por lavado de activos.

En su presentación de los logros de los 100 primeros días de su gestión, Tello Gilardi aseguró que la justicia “no es un instrumento de persecución política” y que no trabajan mirando rostros, apellidos ni intereses políticos o económicos.

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“Nuestro ámbito de razonamiento se ciñe a aplicar la ley independientemente de cualquier condición, pues nadie está por encima del derecho. La justicia, particularmente la justicia penal, solo persigue la verdad de los hechos. Jamás fines políticos que justifiquen un asilo internacional. Ello no hace más que perpetuar un mensaje de impunidad, el cual rechazamos de manera tajante”, mencionó.

Horas antes, Nadine Heredia había partido del Grupo Aéreo N°8 durante la madrugada del 16 de abril con rumbo a Brasil, luego que el gobierno peruano le facilitara el salvoconducto que permitió su asilo en Brasil.

La exprimera dama fue condenada a 15 años de prisión efectiva junto a Ollanta Humala por el delito de lavado de activos en el caso aportes de campaña del Partido Nacionalista.

En su discurso, Janet Tello también reiteró la necesidad de trabajar juntos contra la delincuencia y el crimen organizado, a través de la cooperación con el Congreso y el Ejecutivo.

Sin embargo, reiteró su pronunciamiento en contra de normas emitidas por el Poder Legislativo que afectaron la labor judicial, así como iniciativas que atentan contra la independencia de los jueces.

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Específicamente mencionó iniciativas que buscar restar funciones de los jueces con el control difuso, modificar la organización para elegir sus órganos de gobierno, aplicar sanciones contra jueces en procesos constitucionales y cambiar las reglas de permanencia y ceses de magistrados.

“No deben prosperar. Confiamos en que esto no suceda y que, por lo tanto, la colaboración entre el Poder Judicial y el Congreso y las demás instituciones democráticas nacionales conduzcan a un cambio que, en lugar de cancelar, produzca una mejora significativa en el servicio de justicia”, exhortó.